Leire Díez, a su salida de la Audiencia Nacional el pasado 13 de diciembre tras su detención por la UCO tres días antes./ EFE
Leire Díez se queja al juez Pedraz de que el bloqueo de sus cuentas le impide atender hasta los gastos de alimentación
La 'fontanera' del PSOE cree desproporcionada la medida porque, según afirma, se le imputa haber recibido 21.500 euros de una empresa vinculada a la trama, que corresponderían a la venta de un coche.
Más información: Leire, Antxon y Fernández buscaban "el máximo beneficio con el cobro de comisiones" por "influir" en expedientes públicos
La defensa de Leire Díez, calificada de 'fontanera' del PSOE por su protagonismo en maniobras para neutralizar investigaciones judiciales que afectan al partido, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que levante el secreto de las diligencias en las que se investiga si participó en una trama de cobro de comisiones a cambio de influir en expedientes públicos.
Pedraz prorrogó el pasado día 9 el secreto de esta investigación a cargo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que detuvo el 10 de diciembre a Díez y a otros dos presuntos implicados en la trama: el empresario Antxon Alonso, al que la UCO considera socio del exdirigente del PSOE Santos Cerdán, y Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Los tres formarían parte de un autodenominado grupo Hirurok (nosotros tres, en euskera), que entre 2021 y 2023 se habría dedicado a obtener "el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones" de empresas a favor de las cuales habrían intervenido ante distintas Administraciones Públicas.
Así lo afirmaba en una resolución dictada el 13 de diciembre el juez Antonio Piña, que estaba de guardia en la Audiencia Nacional cuando los detenidos pasaron a disposición judicial.
Piña les atribuyó presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de fondos, prevaricación y tráfico de influencias.
El juez de guardia decretó la libertad provisional de los tres con medidas cautelares leves (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el Juzgado) y remitió las diligencias a Pedraz, al que ha correspondido el caso por normas de reparto.
El instructor ha justificado la prórroga del secreto de las diligencias "en aras a facilitar la actuación de la policía judicial, dirigida al esclarecimiento de los hechos y averiguación de los presuntos responsables".
La defensa de Leire Díez considera insuficiente esa motivación por cuanto "no permite" conocer la "necesariedad y proporcionalidad" de la medida adoptada.
Según la defensa, el secreto no se justifica a la vista de la información hasta ahora facilitada sobre lo que se atribuye a Díez.
Además, se han practicado diligencias "que podrían afectar de modo esencial a los derechos e intereses legítimos" de la investigada, "especialmente en relación con la adopción de medidas cautelares personales, patrimoniales y probatorias".
Se queja, a este respecto, de que "se han adoptado medidas que alcanzan tanto a Leire Díez como a familiares y terceros ajenos a la misma y con los que carece de vinculación alguna, ordenándose en concreto el bloqueo total tanto de las cuentas de las que ella es titular, sino de todas aquellas que pudieran mantener abiertas sus familiares o esos otros terceros".
"El bloqueo ha sido tal", añade, "que no solo no se permite efectuar movimiento alguno con respecto a dichas cuentas, sino que ni siquiera se permite efectuar ingresos, cargar recibos, abonar los mismos o realizar pagos".
La defensa afirma que "se impide a Leire Díez, a sus familiares e incluso a la comunidad de propietarios en la que reside tanto atender sus gastos más elementales, como pudiera ser el de alimentación, como garantizar el pago de los consumos y suministros de la vivienda en la que residen, con todo lo que ello conlleva".
El recurso destaca que Díez "facilitó desde el primer momento a los agentes" que la detuvieron todas las claves y contraseñas de sus dispositivos, así como el acceso a documentación y correos.
También sostiene que "la cantidad económica que se le imputaba haber recibido serían los 21.500 euros provenientes de haber vendido un vehículo a la sociedad Martinez Medina S.L.en el año 2021".
Según los investigadores, la sociedad Martínez Medina es la que habría canalizado, a través de una "facturación mendaz", las comisiones cobradas a distintas empresas por la trama.
El escrito no hace alusión a que, según la investigación, "la mayor parte" de los fondos obtenidos mediante esas comisiones "fueron canalizados para efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca". El juez de guardia las consideró "inversiones comunes y, por lo tanto, ligadas a los tres investigados".
La defensa pide a Pedraz que levante el secreto de las diligencias. De forma subsidiaria, solicita acceder "a los elementos mínimos y esenciales de las actuaciones necesarios para ejercer el derecho de defensa y, en su caso, para impugnar las medidas que afecten a la situación personal", de Leire Díez.
