Una alcaldesa del PSOE rechaza la llegada de 18 menas al centro que el Gobierno de Cantabria quiere instalar en su pueblo

La tensión estalló este viernes en el Pleno municipal, en el que decenas de vecinos expresaron a gritos su rechazo a la llegada de inmigrantes.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (que es al mismo tiempo el secretario general del PSOE en la región), ha anunciado que la Guardia Civil activará su equipo REDO contra los delitos de odio y reforzará la seguridad en la zona, tras la respuesta airada de algunos vecinos.

En las últimas elecciones municipales, el PSOE obtuvo 11 concejales en Cartes, el PP uno y el PRC de Miguel Ángel Revilla, otro.

La alcaldesa socialista, Lorena Cueto, desveló el miércoles en sus redes sociales que el Ejecutivo regional ha comprado un inmueble en el Camino Real de este municipio "con la intención de convertirlo en una residencia para acoger a menores extranjeros no acompañados".

Cueto ha explicado que se enteró de la apertura de este centro, sin que existiera ninguna comunicación oficial previa, porque la Fundación CUIN que va a gestionarlo, se dirigió al ayuntamiento para conocer a qué recursos sociales podrán acceder los menores.

"Estamos en contra por las formas y por el fondo con el que el Gobierno de Buruaga está gestionando este asunto", señala la regidora socialista, "con oscurantismo, sin consultar, sin negociar ni acordar nada con el Ayuntamiento".

La alcaldesa ha asegurado que no es "racista ni insolidaria", pero que su obligación es defender los intereses de los vecinos, frente a "un Gobierno que ha actuado a sus espaldas".

"Solidaridad, toda. Castigos para Cartes, ninguno", ha rematado.

Luego ha denunciado que los menores van a estar "hacinados" en una casa de tres habitaciones (que también debe acoger a sus cuidadores) y ha advertido de que en Cartes no tendrán las condiciones adecuadas para "su plena inclusión y adaptación".

Por su parte, la presidenta de Cantabria, María José Sáez de Buruaga, ha pedido a la alcaldesa socialista que no "estigmatice" a los inmigrantes.

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Y le ha recordado que la apertura de este centro de acogida es "una consecuencia directa de la política migratoria del Gobierno de la nación y los repartos" impuestos por Pedro Sánchez, con criterios "arbitrarios" y sin garantizar la financiación necesaria.

Fuentes del Ejecutivo regional explican que no hay ninguna motivación política en la decisión de ubicar este centro de menores en Cartes.

A Cantabria le han correspondido 150 menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias, en el reparto decidido por el Gobierno central, que el Ejecutivo de Buruaga ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Los primeros 16 llegados a la región ya han sido alojados en distintos edificios disponibles en Santander. "Se trata de un ayuntamiento gobernado por el PP", recuerdan las mismas fuentes, "y no ha planteado ningún problema ni se ha generado ninguna polémica".

La Consejería de Inclusión Social, Juventud y Familia de Cantabria, que dirige Begoña Gómez del Río, ya ha contactado con varias inmobiliarias con el fin de comprar otras viviendas disponibles en las que ubicar a los próximos grupos de menores que llegarán.

La búsqueda se realiza en poblaciones que cuentan con servicios sanitarios, educativos y de transporte, con el fin de facilitar la inserción social de estos jóvenes.

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El centro de menores de Cartes estará gestionado por la Fundación Cuin para la Ayuda y Protección de la Infancia y Juventud de Cantabria.

Estará operativo a partir del próximo lunes, pero todavía no se sabe cuándo llegarán los menores. "El Gobierno nos los envía de uno en uno, y nos avisa el mismo día que van a llegar", aclaran desde el Ejecutivo regional.

La directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, ha considerado que la alcaldesa socialista de Cartes muestra "una profunda irresponsabilidad, al alentar a los vecinos a levantar la voz contra el acogimiento de estos menores, que nos envía el presidente Pedro Sánchez".

Arce ha recordado que el delegado del Gobierno y líder regional del PSOE, Pedro Casares, apeló a la "solidaridad" de los cántabros para acoger a estos inmigrantes.

Y ha lamentado que no muestre la misma "solidaridad" la alcaldesa Lorena Cueto, que pertenece al mismo partido que Casares.

"Buscamos los recursos necesarios para atender a estos menores", señala Arce, "ante la situación de emergencia que nos ha creado el Gobierno de Pedro Sánchez".

Pese a rechazar el reparto de menas impuesto de forma unilateral por el Ejecutivo central, añade, "somos un Gobierno responsable, cumplimos con nuestras obligaciones y atendemos a cualquier menor que se encuentre en una situación de desamparo, sea extranjero o nacional".

El Consejo de Ministros aprobó el martes el Real Decreto que permitirá regularizar a más de 500.000 inmigrantes ilegales, con el único requisito que lleven al menos cinco meses residiendo en España y no tengan antecedentes penales.

Se trata de una medida pactada con Podemos, como primer paso para que el partido de Ione Belarra apoye el traspaso de las competencias de inmigración y control de fronteras a la Generalitat de Cataluña.

El Gobierno de Pedro Sánchez intenta saldar así, al mismo tiempo, las exigencias de Junts y Podemos, con el fin de recuperar el apoyo de los partidos que formaban la "mayoría de investidura".

En un vídeo difundido este viernes, Sánchez ha defendido la regularización de inmigrantes ilegales porque, según ha señalado, España "es ante todo un país de acogida".

"Este es el camino que elegimos: dignidad, comunidad y justicia", recalca el presidente del Gobierno en su mensaje.