Caos en el primer reparto de menas de Canarias: CCAA que reciben expedientes erróneos o chicos que cumplen 18 en días

Estos movimientos se amparan en el real decreto convalidado en abril, que estableció un régimen de reubicación obligatoria bajo la declaración de "contingencia migratoria extraordinaria".

Sin embargo, el proceso transcurre con secretismo absoluto y nula información pública. Las Comunidades Autónomas receptoras denuncian "un caos administrativo sin precedentes" que va más allá de simples errores burocráticos.

El decreto fue aprobado con 179 votos a favor del PSOE y sus socios, frente a 170 en contra del PP y Vox.

El texto estableció una ratio obligatoria de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes. Y lo que comenzó como solución a la crisis migratoria se ha convertido en un proceso opaco, descoordinado y generador de nuevos conflictos entre Administraciones.

Madrid: Obongo y Monday

La Comunidad de Madrid ha recibido ya 120 expedientes de traslado, aunque sólo han sido reubicados 17 menores. Aproximadamente, el 30% de esos expedientes han sido recurridos por la Dirección General de Infancia madrileña por motivos graves.

Llegan los documentos incompletos, algunos menores tienen empleos estables en sus territorios de origen, o han sido ignoradas sus solicitudes explícitas de "arraigo familiar" en otras regiones.

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El caos es tal que expedientes destinados a la Comunidad Valenciana han llegado a Madrid, "y documentación madrileña ha aparecido en otras autonomías". Las comunicaciones efectivas de la Administración central con la de Isabel Díaz Ayuso brillan por su ausencia.

Un caso emblemático es el de Obongo, un joven subsahariano que alegó contra su envío fuera de las islas porque trabaja allí con contrato estable. Además, según el expediente recibido este mismo viernes, cumple 18 años en marzo.

La Delegación del Gobierno en Tenerife no consideró sus objeciones ni las de Madrid, que apoyaba su demanda. El menor se verá obligado a abandonar su empleo y su vida en Canarias por una decisión administrativa "que contraviene el interés superior del menor".

Otro expediente llegado este viernes es el de Monday, otro menor que cumple la mayoría de edad el 4 de enero.

Madrid rechaza sistemáticamente todos los expedientes de chicos próximos a cumplir los 18 años.

"No sólo llegan sin financiación del Estado, como todos los demás", alegan las fuentes consultadas, "sino que el tiempo es insuficiente para tramitar los papeles y que el menor entre en el sistema de tutela antes de convertirse en adulto".

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La cifra de menores atendidos por Madrid en lo que va de año ronda los 1.500. Además, en 2024 fueron 2.442. "Desde que Pedro Sánchez gobierna, en 2018, la región ha tenido que hacerse cargo de más de 11.000 menores".

El Gobierno madrileño ya ha presentado tres recursos, uno ante el Tribunal Constitucional y dos ante el Supremo, contra el decreto de reparto y sus decretos de desarrollo.

Valencia: los hermanos de Hassan en Melilla

En Valencia, el caos es igualmente evidente. La región ha recibido siete menores trasladados y expedientes de 54 chicos.

Los menores alegaron, en 13 de esos casos, tener "mayor arraigo familiar" en otras regiones de la Península. La Delegación del Gobierno los reubicó de todas formas en Valencia.

Hassan, un joven magrebí, presentó documentación de sus tres hermanos empadronados en Melilla, donde quería quedarse.

El Gobierno "ignoró completamente esta situación familiar" y mantuvo su reubicación en la Comunidad Valenciana.

Además, según el Gobierno regional de Carlos Mazón, los ayuntamientos no colaboran. Desde la aprobación del decreto, solo un alcalde del PSOE ofreció recursos: cinco plazas en Villarreal.

La Comunidad Valenciana ha atendido 968 menas este año, un aumento del 8% respecto a todo 2024.

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El Ejecutivo autonómico denuncia estar atrapado en una "pinza" entre la oposición de Vox a todo traslado y lo que considera una "postura maniquea del PSOE", que rechaza todo sin ofrecer alternativas.

Andalucía y los 'adultos menas'

Andalucía reconoce el caos, aunque rehúsa dar nuevos detalles. Desde finales de 2023, advierten fuentes de la Junta, "hasta 668 menores han llegado incorrectamente clasificados como adultos" en los contingentes que el Gobierno traslada periódicamente.

Es el conocido como "el caso de los adultos menas", explican las fuentes. "Y el Gobierno central no se ha hecho cargo financieramente de estos casos, ni acepta realizar pruebas de edad en origen".

Ahora "se le impone a Andalucía participar en el reparto extraordinario", sin nueva financiación ni apoyo complementario.

El Gobierno de Juanma Moreno denuncia que a País Vasco y Cataluña no se envían menores "por un supuesto mayor esfuerzo en años pasados... ¿y el nuestro?".

Además, el Ejecutivo regional reclama al Gobierno que declare Andalucía como "frontera sur" de España, "lo que aliviaría burocracia y financiación". Es más, el pasado miércoles, a esta demanda se unió el Foro Andaluz para la Integración de las Personas de Origen Migrante.

Esta entidad, que reúne a ONG, entidades colaboradoras, sindicatos y al propio Gobierno regional, solicitó ese reconocimiento "con el objetivo de equiparar el tratamiento al de otros territorios fronterizos como Canarias, Ceuta y Melilla".

Es decir, para "garantizar el acceso a los recursos necesarios para continuar trabajando en la plena acogida e integración de las personas migrantes".