La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el portavoz comunitario de Asuntos Internos, Markus Lammert.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el portavoz comunitario de Asuntos Internos, Markus Lammert. SER / Comisión Europea

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El Gobierno dice que "no pone techo" al número de invasores que acogerá Ceuta pero la UE avisa: "Deben devolver a todos"

La portavoz Elma Saiz admite que las carpas podrán dar cabida a 4.000 personas, casi el triple de lo anunciado el lunes.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, denuncia que la ciudad "no puede convertirse en un gran campamento".

Más información: Vivas ve "vergonzoso" que la UE apoye a Ceuta y el Gobierno de Sánchez no: "Tiene medios para expulsar a los migrantes".

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Las claves

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El Gobierno no fija límite para el número de migrantes acogidos temporalmente en Ceuta, pese a la exigencia de la UE de devolver a todos los que estén ilegalmente.

La ministra Elma Saiz anuncia que las plazas de acogida pueden triplicarse, mientras el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, rechaza ampliar campamentos y pide agilizar expulsiones.

Bruselas insiste en la devolución de todos los migrantes, incluidos menores, y recuerda que la legislación europea prioriza el retorno a Marruecos.

El Gobierno de Ceuta reclama más funcionarios para tramitar expedientes y advierte que la saturación podría hacer permanente la crisis si no se actúa con rapidez.

El Gobierno está dispuesto a seguir ampliando los puntos de acogida temporal en Ceuta sin fijar por ahora un límite, pese a que la Comisión Europea ha advertido de que todos los invasores que permanezcan ilegalmente en la ciudad, incluidos los menores, deben volver a Marruecos.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, anunció este martes que las 1.500 nuevas plazas anunciadas 24 horas antes no sólo no serán las últimas, sino que probablemente se triplicarán.

Preguntada expresamente por si podrían alcanzar las 4.000, dijo que sí, y declinó "poner techo" a la capacidad que finalmente desplegará el Estado.

La apuesta por seguir levantando recursos provisionales ha provocado el rechazo del presidente de Ceuta.

Juan Jesús Vivas considera que la prioridad debería ser destinar todos los esfuerzos a resolver la situación administrativa de los miles de personas que aún deambulan por una ciudad exhausta y crispada.

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, este martes en la ciudad autónoma.

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, este martes en la ciudad autónoma. Europa Press.

"Ese esfuerzo en poner carpas, ¿por qué no se hace en tramitar los expedientes de expulsión?", se preguntó ayer en una rueda de prensa celebrada junto a la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

Durante su comparecencia, Vivas confesó que su equipo de gobierno advirtió al Ministerio de Migraciones de que la instalación de sucesivos campamentos podía añadir un elemento de malestar.

"En la reunión con la ministra [Saiz] nos opusimos a que la implantación de estos recursos viniera a incorporar un elemento de tensión extra a una sociedad ya de por sí tensionada", añadió. "Los ceutíes han perdido su modo de vivir, están en gran parte confinados y ahora les va a someter a una nueva tensión convirtiendo Ceuta en un campamento. Eso no se debería hacer".

De aquella reunión, explicó Vivas, salió un compromiso por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez que no ha tardado en incumplirse.

"Nos iban a pedir consejo a la hora de pedir los emplazamientos. Nos negamos rotundamente a que se hiciera uno en la antigua fábrica de harinas. También en las cercanías de la estación de Ferrocarril. ¿Qué ha pasado con la última? Que se ha hecho sin el conocimiento de la ciudad".

El Ejecutivo ceutí no rechaza que estos espacios sean utilizados para atender la emergencia, pero insiste en que su función debe tener fecha de caducidad.

"Estos lugares se habilitarán para hacer las filiaciones y empezar los expedientes en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros, aunque luego estos puedan acabar en expulsión. Necesitan tener a la gente concentrada en un hospedaje", explicaban el lunes fuentes del Gobierno de Vivas a EL ESPAÑOL.

"Pero deben ser provisionales y temporales. Si se hace con interés y medios, estimamos que en un mes se podría acabar con la anormalidad". De lo contrario, advierten las fuentes, la crisis puede volverse "permanente".

El aviso de Bruselas

El choque entre el Ejecutivo ceutí y el Gobierno se produce el mismo día en que Bruselas reforzaba públicamente el mensaje de que el retorno de los invasores debe ser una prioridad para España.

"Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados", señaló ayer el portavoz comunitario de Asuntos Internos, Markus Lammert.

Sobre los menores extranjeros no acompañados, Lammert recordó que su retorno también está contemplado por el Derecho de la Unión Europea.

"La legislación europea debe aplicarse", dijo Cuca Gamarra durante la comparecencia junto a Vivas. "El asilo, siendo Marruecos un país seguro en el ámbito de la UE, no puede ser admitido y tramitado".

Y añadió: "Europa dice claramente lo que la legislación establece. El Gobierno sólo tiene una vía. Si tenían una duda sobre la posición europea, ya ha quedado claro: el retorno es el único camino".

"Todo es posible si hay voluntad política", remarcó la dirigente del PP, que acusó al Gobierno de no haber actuado con la suficiente previsión antes de la entrada masiva ni de estar ahora respondiendo con los recursos pertinentes.

Escasez de funcionarios

Es precisamente ahí donde Vivas sitúa su principal enfrentamiento con Moncloa.

El presidente de Ceuta reclama que, en lugar de multiplicar las carpas, el Estado debería enviar "funcionarios de Extranjería, intérpretes, jueces y fiscales" para tramitar con mayor rapidez los expedientes.

De lo contrario, señalan fuentes del Ejecutivo ceutí, la situación corre el riesgo de "eternizarse".

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, durante su entrevista en la Ser.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, durante su entrevista en la Ser. SER

"No parece que haya ni un plan ni una hoja de ruta establecida, sólo palabras", lamentan.

El cálculo que manejan en el Gobierno de Ceuta es que harían falta unos 50 funcionarios dedicados a tramitar expedientes para absorber con rapidez el volumen extraordinario acumulado tras la entrada masiva.

"En 72 horas se puede tramitar una devolución, pero para ello hace falta multiplicar a los funcionarios de Extranjería. Necesitamos a 50 haciendo expedientes, pero ni siquiera sabemos exactamente cuántos hay porque no nos dan el dato", explican.

Según sus estimaciones, medio centenar de profesionales permitiría resolver aproximadamente 15.000 casos en un mes incluso sin trabajar sábados y domingos.

Cambio de discurso

Por su parte, Elma Saiz defendió la actuación del Ejecutivo y elevó el tono contra Ceuta.

"En el PP estamos viendo en los últimos tiempos que ese discurso migratorio ha virado, porque están siendo presos de sus alianzas con la ultraderecha [...] Yo me pregunto si en el PP vienen a Ceuta a colaborar y a mejorar la situación o a hacerse fotos con agitadores".

La ministra aseguró además que el Gobierno "no ha ido a Ceuta, sino que está en Ceuta" y dijo que la respuesta del Estado ha sido inmediata, coordinada y eficaz.

Bruselas, sin embargo, también corrigió este martes otro anuncio realizado por Saiz.

La portavoz socialista afirmó que España había solicitado financiación comunitaria del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

La Comisión, no obstante, precisa que todavía no ha recibido ninguna petición formal y que únicamente existen contactos informales a la espera de que Madrid presente la solicitud.

El Ejecutivo comunitario mantiene además sobre la mesa el ofrecimiento de utilizar Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE para ayudar a España.

Los 30 días de Vivas

Mientras Ceuta se desgasta por momentos entre campamentos montados por vecinos, brotes de sarna y violencia callejera, ni Madrid ni Bruselas disponen todavía de una cifra definitiva de cuántas personas permanecen en Ceuta.

Fuentes del gobierno ceutí creen que el dato real se encuentra en una horquilla de entre 8.000 y 11.000 personas.

Tampoco hay datos de las devoluciones de migrantes. "Hemos pedido datos a la delegación del Gobierno y dicen que no los tienen. Creemos que no nos los quieren dar. Deben ser muy pocas. Hay salidas voluntarias, entre 70 y 100 al día, pero formales no lo sabemos", aseguran.

En respuesta, Vivas ha dado al Gobierno 30 días para recuperar la normalidad antes de acudir a otras instancias, como las Cortes Generales, el poder judicial, las comunidades autónomas o la propia Unión Europea.

Desde su equipo ya adelantaban a este diario que entre las posibilidades que estudian está acudir al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo o directamente a la Comisión Europea para reclamar modificaciones normativas que permitan reaccionar ante futuras entradas masivas.

"No puede ser que hace cinco años tuviéramos una entrada y, cinco después, otra súper masiva. Hay que ir a Europa, que se nos escuche, barajar todas las posibilidades y aplicar modificaciones normativas para hacer una devolución inmediata", señalan.

Vivas, por su parte, subió el tono este martes: "Vamos a utilizar los recursos a nuestro alcance, incluidas las medidas legislativas, si el Gobierno sigue de brazos cruzados. Existen mecanismos en un Estado de derecho para exigir que cumpla con sus obligaciones".