El Consejo de Obras Públicas ya alertó de "discrepancias entre el pliego y otros documentos" en los proyectos de Transportes

Las contradicciones a las que se refiere son aquellas que se dan "entre el pliego de prescripciones técnicas particulares y otros documentos del proyecto".

Así lo expone en su última memoria anual, referida al ejercicio de 2024. En ella, el órgano asesor del Ministerio de Transportes pide "exigencia máxima" en la elaboración de los proyectos de obra para "evitar problemas de índole técnica, económica, de seguridad e incluso jurídica".

Se trata de unas advertencias que ahora cobran especial relevancia tras el accidente ferroviario en Adamuz, que ha dejado 46 fallecidos. El último, registrado este viernes.

Tal y como avanzó en exclusiva EL ESPAÑOL, había una clara discrepancia entre el pliego de condiciones y la normativa de Adif sobre la soldadura de la vía que causó el accidente de Adamuz.

Mientras el primero establece que el trabajo de soldadura entre carriles de diferente "rango de dureza" se llevará a cabo con el material más duro, la normativa general de Adif ordena que para "soldar carriles de diferente grado de acero", "se utilizará la carga del acero de menor grado".

Fuentes de Transportes aseguraron después que durante la obra se corrigió lo establecido en el contrato y que la soldadura clave en el accidente se ajustó a la norma. Hubo, por tanto, un error en el pliego.

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Entre otras advertencias de la memoria del Consejo de Obras Públicas destaca que el Ministerio tampoco realizó en muchos de los expedientes de contratación una investigación pormenorizada de la procedencia de los materiales para las infraestructuras ni un análisis geotécnico suficiente.

El órgano asesor asegura que ello constituye "frecuente causa de incidencias en la ejecución de contratos de obras".

En este sentido, detalla que "se observa que con frecuencia surgen incidencias como consecuencia de una falta de definición del anejo geotécnico", es decir, el documento técnico obligatorio en proyectos de ingeniería que analiza, a través de estudios de laboratorio, las características del terreno.

Esto, a su juicio, suele desembocar en la necesidad de adoptar medidas correctoras durante la ejecución de la obra pública.

El Consejo considera también que los pliegos relativos a los contratos de mantenimiento y conservación de infraestructuras, "deben expresar con la mayor precisión posible las obligaciones de vigilancia que competen al contratista, en función de las características funcionales y estructurales de tales infraestructuras establecidas en la normativa técnica y de seguridad".

En este sentido, la eficacia de la externalización de los servicios de vigilancia, mantenimiento u otros a terceros también ha sido un elemento que ha cuestionado la actuación del ministro Óscar Puente, a cargo de la cartera de Transportes.

La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) aseguró en su último informe que recurrir a contratos con terceros para el mantenimiento de las vías ponía en riesgo tanto la seguridad como la eficacia de su vigilancia.

El organismo indicó que, en muchas ocasiones, los acuerdos no recogen los aspectos de seguridad que deberían quedar regulados, lo que debilita el control de riesgos por parte de las empresas ferroviarias.

Al hilo con la conclusión de la AESF, el Consejo de Obras Públicas afirma que era frecuente observar cómo, en el marco del proyecto y ejecución de los contratos de obra pública, se recurre a contratar una dirección facultativa para el control y vigilancia de las obras.

Sin embargo, asegura que no se ha analizado la eficacia de recurrir a terceros en vez de realizar estas labores con los medios propios de la Administración."La Administración debería establecer las medidas de control necesarias para asegurar una total fiabilidad".

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Respecto al mantenimiento y la vigilancia de las labores de conservación, el Consejo hace también una valoración negativa en los expedientes de contratos de la red de carreteras. Sostiene que "no pocas veces se observan deficiencias, carencias, inexactitudes o, en algunos casos, incluso contradicciones" en este tipo de labores.

"Estas situaciones pueden calificarse como propias de un mantenimiento ordinario que, normalmente, debieran ser observadas en los recorridos de vigilancia y cuya inobservancia se puede entender como una acción contraria a la buena práctica que se debe tener para una adecuada conservación", expone.

Por otro lado, el Consejo ha observado también que en algunas ocasiones en los informes de los órganos que intervienen en el expediente "no se justifica con el rigor suficiente el cumplimiento de los requisitos que se establecen en la normativa".

No obstante, el Consejo advierte también a Transportes de que parte de las reclamaciones por responsabilidad patrimonial, es decir, en aquellos casos en que la Administración haya cometido una negligencia, "tienen su origen en proyectos de insuficiente calidad y no replanteados con suficiente rigor".

El 53% de los expedientes analizados son, de hecho, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, lo que evidencia, a juicio del Consejo, la necesidad de una adecuada actuación de conservación y mantenimiento.

Más allá de esto, el Consejo asegura que hay una "descoordinación" con otras administraciones o entidades, como la falta de informes o autorizaciones sobre afecciones, en particular en materia medioambiental, en plena defensa del Gobierno de la Agenda 2030.

Por último, reprocha a Transportes falta de transparencia en la información técnica clave sobre las infraestructuras, la cual "no es accesible para los ciudadanos" y esto supone un incumplimiento de sus obligaciones como departamento ministerial.