Moncloa cree que las cesiones sobre inmigración a Podemos, Junts y PNV le permiten rehacer sus pactos y seguir hasta 2027

Por un lado, el Pleno del Congreso tumbó el decreto del llamado "escudo social", que incluye la revalorización de las pensiones, con los votos de PP, Junts y Vox.

Por otro, el Consejo de Ministros aprobó el pacto con Podemos para regularizar a unos 500.000 migrantes en situación de ilegalidad.

Esto último es el primer pacto de Pedro Sánchez con el partido de Ione Belarra en un año y, al tiempo, retira un obstáculo para que el presidente del Gobierno pueda pagar una factura pendiente con Junts: la delegación de competencias de inmigración a Cataluña.

El proyecto de ley para esa delegación de competencias fracasó en el Congreso por el rechazo de Podemos, que votó junto a PP y Vox.

Para apoyarlo, Podemos exigía la regularización extraordinaria de migrantes y cambios en el proyecto de ley de delegación de competencias.

Por eso, Moncloa ha pactado con Podemos la regularización de inmigrantes, pese a que un decreto no debe pasar por el Congreso y, por tanto, no necesitaba el apoyo de los de Belarra.

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El Gobierno permitió incluso que el acuerdo que han negociado en secreto durante meses Félix Bolaños y Belarra fuera anunciado por Podemos, para que esta formación pueda "apuntarse un importante tanto político". Al tiempo, han acordado cambios en la delegación de competencias.

Según fuentes de Moncloa, el Gobierno prevé la presentación y aprobación del proyecto de ley de delegación de competencias en breve, para su nueva tramitación en el Congreso.

Podemos rechazaba parte del contenido de la norma porque el texto hablaba de "identidad en peligro" por la llegada de migrantes, así como de "seguridad", lo que entendía como racista.

Con su carambola, Sánchez podrá satisfacer la exigencia de los de Carles Puigdemont y acercarles para retomar las negociaciones.

Fuentes del Gobierno confirman que ya ha habido contactos con Junts sobre la base del cumplimiento de acuerdos previos.

Agotar la legislatura

Se trata de un plan global de Sánchez para poder prolongar hasta 2027 la legislatura y, si es posible, sacar adelante en los próximos meses los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

A Junts ya les concedió la tramitación de la ley que penaliza la multirreincidencia, medidas de apoyo a arrendatarios de viviendas y presencia de Cataluña en organismos internacionales como la Unesco y la Organización Mundial de Turismo.

Este último acuerdo lo formalizó este lunes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, con el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña.

Con el PNV pactó la cesión de cinco competencias pendientes, incluyendo algunas relativas a la Seguridad, y se aceleran otras diez. Este mismo martes Sánchez se ha reunido para impulsarlas con el lehendakari Imanol Pradales.

Pradales ha anunciado que antes de abril se celebrará la Comisión Bilateral, que lideran el presidente Pedro Sánchez y él, para traspasar a Euskadi nuevas materias, entre ellas, la transferencia de aeropuertos. 

Esta competencia tendrá que estar cerrada "definitivamente" para entonces, a lo que se ha comprometido Sánchez, y también se abordará en dos meses que Euskadi pueda contar con capacidades propias en materia migratoria, y ser declarada a corto plazo "frontera Norte’, informa Europa Press.

Con ERC firmó recientemente en la Moncloa el acuerdo sobre financiación autonómica. Y negocian con Oriol Junqueras la cesión de la gestión del cien por cien del IRPF.

A Bildu le entregó el acuerdo para sacar adelante el llamado "escudo social", pese a que era un decreto.

Fuentes de Moncloa entienden que es posible encajar de nuevo todas esas piezas para cerrar el puzle del bloque de investidura. A ese trabajo de hormiguita está dedicado el ministro Bolaños, con participación también del propio Sánchez.

Falta un escollo importante: el de la aplicación de la amnistía a Puigdemont. Eso depende del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y luego del Tribunal Supremo, pero el Gobierno espera que pueda precipitarse ese proceso en las próximas semanas, a tiempo de llegar a la tramitación de los Presupuestos en el Congreso.

Respecto al decreto rechazado este martes en el Congreso, Moncloa explica que se hizo una norma ómnibus con la seguridad de que sería rechazado como ya ocurrió el año pasado, pero con el interés político de poner al PP frente a los pensionistas. Es decir, "retratarlos".

Por eso, el argumentario del Gobierno consiste en machacar en la idea de que los de Alberto Núñez Feijóo no quieren revalorizar las pensiones.

En breve, otro Consejo de Ministros aprobará de nuevo el decreto sólo con la revalorización de pensiones, y así el Gobierno podrá sacar pecho de nuevo.

En todo este plan del Gobierno se ha cruzado el accidente de tren de Adamuz y la crisis ferroviaria de Cataluña, que ha obligado a Junts y a ERC a poner cierta "distancia estratégica" de Moncloa.

El Gobierno tuvo que sacrificar a dos mandos intermedios de Adif y hacerlos dimitir, para sacar a Salvador Illa de un difícil embrollo político y dar también triunfos a Junts y ERC.