La detención del expresidente de la SEPI estrecha el cerco político sobre Montero y el judicial sobre Santos Cerdán

Este miércoles, la marea ha alcanzado de lleno a María Jesús Montero. La Policía detenía ayer a quien fue uno de sus más estrechos colaboradores, Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI.

El asunto sacude directamente los pilares sobre los que Pedro Sánchez ha sostenido la estructura del partido y del Gobierno, con cimientos en Andalucía, y Navarra y País Vasco.

Y es que Vicente Fernández es el nexo entre la vicepresidenta primera y número dos del PSOE, y Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE recién salido de la cárcel.

Los socialistas estaban ayer enfrascados en tratar de dar respuesta a los casos de acoso sexual cuando la Guardia Civil detuvo por sorpresa a Leire Díez y a Vicente Fernández por un caso hasta ahora desconocido que investiga el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional.

Al haber sido declarada secreta la causa, se desconoce aún qué hechos motivan las detenciones y cuándo se produjeron estos, pero todo apunta a un nuevo caso de colaborador cercano que termina encausado.

Leire Díez, conocida como la "fontanera" del PSOE, ya está encausada por presuntas amenazas a fiscales en otro sumario.

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En el Gobierno y en el partido hay temor a lo que pueda declarar, pues ya ha acreditado cierta tendencia a alardear de sus actividades.

Vicente Fernández fue presidente de la Sociedad Española de Participaciones Empresariales entre junio de 2018 y octubre de 2019.

La importancia de esta detención es que Fernández fue mano derecha de María Jesús Montero. Era interventor general de la Junta de Andalucía cuando ella era consejera de Hacienda.

Por ello, su detención estrecha el cerco político sobre Montero, ya muy tocada por el escándalo mal resuelto de Paco Salazar.

En 2018, cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura a Mariano Rajoy, nombró a Montero ministra de Hacienda, de la que depende la SEPI, y ella puso al frente de esta entidad a Vicente Fernández, por ser de su estricta confianza.

El cargo de presidente de la SEPI es uno de los más sensibles de la Administración central, porque de ella dependen todas las empresas con participación del Estado, como Correos, Navantia, la Agencia EFE, Tragsa, Mercasa o Hunosa, entre otras. Más de cien empresas, incluyendo aquellas en las que tiene participación el Estado, aunque sea mínima.

En 2023, el grupo SEPI registró una cifra de negocio de 5.908 millones de euros y un valor contable de 15.700 millones de euros. Es decir, su presidente es necesariamente un cargo de la máxima confianza de la titular de Hacienda.

En el caso de Fernández, esa relación con la ahora vicepresidenta era reconocida y visible. Tanto que, cuando en octubre de 2019 fue imputado por el llamado caso Aznalcóllar, Montero decidió dejar el cargo vacante.

Consiguió que un vicepresidente se pusiera al frente de la SEPI, a la espera de que su colaborador fuera desimputado. Por eso no nombró sucesor hasta febrero de 2021, cuando Fernández fue finalmente procesado.

Ese caso Aznalcóllar llegó precisamente a su fin este lunes, cuando se hizo pública la sentencia y Fernández fue absuelto. Dos días después ha sido detenido por otro caso, esta vez investigado por la Audiencia Nacional.

Fernández en Servinabar

Es entonces cuando se pone de manifiesto el nexo entre María Jesús Montero, Santos Cerdán y Vicente Fernández.

El expresidente de la SEPI ficha por la empresa navarra Servinabar, de Cerdán y Antxon Alonso, la que presuntamente pagaba los gastos del exsecretario de Organización del PSOE y que supuestamente se benefició de adjudicaciones públicas.

Para ello, pidió autorización a la Oficina de Conflictos e Intereses, ya que aún estaba en el periodo de dos años de incompatibilidad tras dejar un cargo público.

Fernández estuvo en nómina de Servinabar entre mayo de 2021 y febrero de 2023. Es decir, fue contratado por la empresa de Cerdán poco después de que Montero cubriera su puesto al frente de las empresas públicas.

Cobró de Servinabar, como especialista en adjudicaciones públicas, más de 100.000 euros en los escasos dos años que estuvo en nómina, frente a los casi 300.000 que cobraba anualmente en la SEPI.

En este punto, su detención estrecha el cerco judicial sobre Santos Cerdán, que salió de la cárcel hace tres semanas tras pasar en ella casi cinco meses por el caso Koldo.

Por otra parte, Vicente Fernández estableció relación de amistad con Leire Díez cuando ésta era jefa de Comunicación en ENUSA, empresa pública vinculada al sector nuclear perteneciente a la SEPI.

La fontanera le ayudó, intentando que se publicaran en diferentes medios (incluido EL ESPAÑOL) informaciones que le favorecían en el procedimiento de Aznalcóllar. Era parte del plan de María Jesús Montero para que su colaborador fuera desimputado y poder reponerle al frente de la SEPI.

A su vez, Leire Díez, según diversos testimonios, colaboraba con Santos Cerdán cuando éste era el responsable de Organización del PSOE para recabar informaciones comprometidas.

Es decir, Leire Díez y Vicente Fernández trabajaban al tiempo para Cerdán, con distintos puestos y cometidos. Desde entonces, han sido amigos y han colaborado.

Este miércoles fueron detenidos a la vez por la UCO por posibles delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.