Última hora política, en directo | Sumar denuncia que el Supremo ha condenado al fiscal general sólo "con meros indicios"

Sumar y sus partidos aliados han cargado contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condena al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, al tildarla de "escándalo" y de "auto de fe" de "puro estilo inquisitorial".

"Se ha escrito una sentencia a demanda para condenar a un hombre justo. La Fiscalía General del Estado sólo ha tratado de defender la institución de los bulos promovidos por los grandes poderes políticos, económicos y financieros de Madrid. Ahora más que nunca, toca defender la democracia", ha exclamado Movimiento Sumar desde su cuenta oficial en la res social 'Bluesky'.

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha recriminado que la sentencia del alto tribunal está "hecha ad hoc" y que condena a una persona "sin poder probar si fue él quien cometió el delito, basándose únicamente en meros indicios". "Esta sentencia es una falacia construida incluso antes del inicio del propio juicio", ha denunciado.

Mediante un mensaje en'X, el dirigente de los Comunes y eurodiputado Jaume Asens ha criticado la sentencia del TS, que a su juicio consiste en que la filtración del caso que afecta al empresario, Alberto González Amador, parte del "fiscal o alguien de su entorno". "Pero un delito exige un autor, no entornos difusos. Si no saben quién fue, ¿cómo pueden condenar? O lo hizo él o lo hizo otro. Jurídicamente no hay término medio. Esto no es una sentencia: es un auto de fe, de puro estilo inquisitorial", ha censurado.

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha reprobado la sentencia del Supremo que, bajo su criterio, se basa en que "has sido tu o alguien de tu entorno". "O nos lo inventamos, pero vas 'pa'lante'. Escándalo. Sin Estado de Derecho", ha zanjado.

Mientras, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha asegurado que la publicación de la sentencia "demuestra" que "se le condena sin pruebas y sin ningún tipo de disimulo". "Es un choteo y una vergüenza para la democracia. Se saben impunes y actúan como tales", ha espetado también a través de las redes sociales.

Un juzgado de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) investigará el origen del brote de la peste porcina africana ante las sospechas de que pueda haber salido de un laboratorio, algo que también analiza el comité de expertos creado por el Gobierno catalán, mientras la cifra de positivos se mantiene en trece casos tras rastrear 11.000 hectáreas.

Según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los Mossos d'Esquadra, que investigan el origen del virus en un equipo conjunto con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, ha remitido ya un primer atestado a los juzgados de Cerdanyola en relación con el caso.

Tras recibir el informe policial, el Tribunal de Instancia de Cerdanyola -órgano judicial colegiado que sustituye a los antiguos juzgados de instrucción desde la entrada en vigor de la nueva ley- ha acordado remitir el caso a la plaza número dos para que abra diligencias por un delito contra el medio ambiente.

El Gobierno catalán ha declarado este martes la emergencia para agilizar la lucha contra la peste porcina africana detectada en Collserola (Barcelona), lo que permitirá acelerar la tramitación de contratos de servicios, suministros e incluso obras.

El Ejecutivo considera necesario realizar esta declaración ante la "rápida propagación del virus" y el riesgo de que algún animal pueda escapar de la zona de confinamiento y contagiar al resto del territorio e incluso a otras comunidades autónomas, tal y como prevé la ley de contratos del sector público.

De esta manera, se tramitarán de emergencia todos los contratos de servicios y suministros y obras que pueda ejecutar la Generalitat o su sector público con la finalidad de "contener, prevenir o paliar los efectos y contagios de la fiebre porcina africana y posibles mutaciones o variantes del virus".

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha criticado que la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a un delito de revelación de secretos es "igual de golpista, infame y vergonzosa" que el fallo adelantado.

En declaraciones a TVE, Montero ha afirmado que lo relevante es qué se va a hacer y ha avisado que no vale seguir "indignados", analizando cada párrafo de esta sentencia para, al final, "no hacer nada" y que el "golpismo de la derecha siga campando a sus anchas".

A su juicio, el momento de la indignación ya pasó y ha pedido enfrentar a los "golpistas" que ya van a "cara descubierta" y responderles democráticamente.

Finalmente ha lanzado que si el PSOE "no puede con esta derecha golpista", hay otra izquierda en España que sí tiene "ganas y energías" para hacerles frente.

El Ministerio de Igualdad ha solicitado al sistema de dispositivos Cometa de control de agresores machistas que actualice el mapa de cobertura disponible para mejorar su eficacia, de manera que los órganos judiciales y las fuerzas y cuerpos de seguridad conozcan los puntos donde no hay cobertura.

En un comunicado de este martes, Igualdad detalla que esta iniciativa persigue optimizar este recurso de geolocalización de agresores machistas con orden de alejamiento -funcionan con cobertura móvil- y que el mapa de cobertura tendrá que actualizarse de forma periódica con todos los operadores nacionales del sector.

De esta manera, los órganos judiciales sabrán dónde es eficaz instalar estas pulseras y dónde no, en función de la cobertura existente.

Con este objetivo, Igualdad remitirá al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial esta información cuando esté disponible, para que pueda difundirla a las autoridades judiciales que deben decidir sobre la instalación de estos dispositivos. También lo pondrá a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha acusado a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, de ser "encubridora" de denuncias de acoso sexual contra Francisco Salazar, exdirigente socialista y exasesor en Moncloa, y no hacer "absolutamente nada".

De los Santos ha señalado que es "lógico" que a un "encubridor" se le retire de sus cargos y ha recordado que esa palabra "la ha utilizado" la propia ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

"¿No sería lógico por tanto que, como encubridora de denuncias de acoso, fuera retirada de todos sus cargos doña María Jesús Montero? Porque ella misma este fin de semana confirmó que era conocedora de esas denuncias", ha aseverado.

En declaraciones en Antena 3, el dirigente del PP ha indicado que Montero, como número dos del PSOE, "no solamente no dio salida" a esas denuncias de acoso sino que no hizo absolutamente nada".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado concienciar a los jóvenes de la amenaza que el terrorismo supone para la convivencia democrática, ya que considera que ese es el mejor antídoto frente al avance de los discursos de odio.

Sánchez ha defendido esa labor de sensibilización en la reunión del Patronato de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que ha presidido este martes en el Palacio de la Moncloa.

El Ejecutivo ha informado de que, en su intervención, el presidente del Gobierno, además de instar a esa tarea de concienciación frente a los "discursos del odio y la sinrazón" que asegura que atenaza a las sociedades actuales, ha subrayado que es fundamental enseñar para no olvidar.

La sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo sobre la condena al fiscal general, Álvaro García Ortiz, le atribuye la filtración directa, "o a través de un tercero, pero con su pleno conocimiento y aceptación" del correo electrónico en el que el abogado de la pareja de Ayuso admitía que éste había cometido dos delitos tributarios.

El PP considera que el Tribunal Supremo ha confirmado hoy que el fiscal general de Pedro Sánchez, Álvaro García Ortiz, es un "delincuente con sentencia firme".

"Una sentencia que confirma el delito de revelación de secretos por parte de un García Ortiz, que actuaba bajo el amparo y a las órdenes del presidente", ha señalado el PP en un comunicado en el que recuerda la pregunta que hizo Sánchez, "¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso", que hizo en una entrevista concedida a RNE en la campaña electoral para los comicios del 10-N de 2019.

El partido de Feijóo considera que con esta sentencia se "condena a la persona que apretó el botón, pero no a la que ordenó hacerlo, que es Sánchez"

"El Gobierno utiliza la Fiscalía, el CIS y todos los medios que tiene a su disposición para atacar al PP", denuncian los populares.

El PP ironiza con que García Ortiz se haya convertido en el primer fiscal general del Estado condenado en la historia de España: "Otro hito de un Gobierno que prometió combatir contra la corrupción y la ha institucionalizado".

"La sentencia, por tanto, condena al fiscal de Sánchez y apunta al Gobierno de Sánchez. Pese a ello, desde Moncloa y Ferraz no piden perdón a los españoles, sino que atacan a los jueces y afirman que no la comparten. Deberían estar al menos aliviados de no compartir la condena", señala el PP.

"Hoy es un gran día para la democracia y, por ende, un mal día para un presidente que, si tuviera un mínimo de dignidad, debería seguir los pasos de su exfiscal y dimitir", concluye.

La Mesa del Congreso ha acordado este martes la apertura del primer expediente a un periodista acreditado, que fue denunciado por Sumar por interrumpir una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez Barbero, una decisión que se ha adoptado con los votos del PSOE y Sumar y el rechazo del PP, según han informado fuentes parlamentarias.

El expedientado es Bertrand Ndongo, de Periodista Digital, a quien Sumar denunció por tomar la palabra sin permiso para hacer sus preguntas a Barbero, interrumpiendo reiteradamente la conferencia y a quien en ese momento tenía el turno para hacerlo.

Se trata de la primera denuncia que se registra tras la entrada en vigor de las nuevas normas aprobadas por el Congreso para los profesionales de los medios de comunicación acreditados en la Cámara.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha confirmado este martes que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo está camino de Oslo para presenciar la entrega del Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado.

Álvarez de Toledo fue invitada como miembro del Parlamento y no como política del PP, han apuntado fuentes del PP.

La Mesa del Congreso ha aceptado además en su reunión de este martes la petición cursada para que se le permita votar telemáticamente en el pleno que se celebra esta semana.

Según Muñoz, el PP tiene muy claro dónde está, "del lado de la libertad, del lado de los demócratas en Venezuela y en contra de los tiranos como Maduro".

Todo ello frente a la postura "equidistante" del Gobierno, ha dicho Muñoz, que no ha apoyado directamente a los demócratas en Venezuela para "proteger negocios de algún insigne socialista".

El ministro para la Tranformación Digital y de la Función Pública además de secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha asegurado que la sentencia del Tribunal Supremo contra el ya exfiscal general del Estado, que le condena por filtrar el email y la nota de prensa sobre el novio de Ayuso, trata de justificar lo injustificable.

"He podido leer lo que he podido leer, porque acaba de salir, pero a la vista de lo que he podido leer y lo que le escucho a ustedes, conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia", ha exclamado el dirigente socialista en declaraciones a TVE.

Según López, el argumento principal que da el Tribunal Supremo es que no tienen pruebas de que haya sido el fiscal general quien filtró datos del novio de la presidenta de la comunidad de Madrid, pero alegan que "no puede ser otro" quien filtrara.

El ministro, tras reprochar que la sentencia desmiente a algún periodista, ha precisado que el Gobierno ha acatado el fallo y que ya actuó con el relevo del fiscal general. Ahora, ha añadido, veinte días después del fallo, el Tribunal Supremo saca la sentencia en un intento, en su opinión, de "justigicar lo injustificable".

 El Gobierno ha aprobado este martes el nombramiento de Teresa Peramato como fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha evitado comentar la sentencia del Supremo que sustenta la condena a García Ortiz porque, según ha explicado, aún no ha tenido tiempo de leerla.

Tras su nombramiento por el Consejo de Ministros, Peramato deberá ahora prestar juramento o promesa ante el rey y, posteriormente, tomará posesión del cargo ante el pleno del Tribunal Supremo.

El Gobierno anunció y aprobó el pasado 25 de noviembre la propuesta de Teresa Peramato como fiscal general del Estado, un día después de que García Ortiz presentase una carta de cese tras conocerse por un delito de revelación de datos reservados sobre la causa por fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado este martes que la colaboración público-privada se ha convertido en "estructural y erosiona ya la capacidad del sistema público", ya que ha ganado peso en el Sistema Nacional de Salud (SNS) mientras el gasto público destinado a centros privados se dispara casi un 85% en doce años.

Por este motivo, ha señalado que el Gobierno tiene la intención de derogar la Ley 15/1997 para priorizar la gestión pública directa de los servicios sanitarios y limitar la entrada de empresas con ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública, mediante una Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, que no pretende acabar con la colaboración si no con los "desmanes".

"El Sistema Nacional de Salud en la última década ha crecido por la vía de los hospitales de gestión privada, por la vía de los hospitales de gestión privada que tienen financiación pública", ha señalado recordando que los modelos de concierto son diferentes en función de las diferentes comunidades.

Así, la ministra ha presentado este martes en Consejo de Ministros el Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS), un análisis integral sobre la evolución de la participación privada en la prestación de servicios sanitarios públicos durante las dos últimas décadas.

Sumar y sus partidos aliados han cargado contra la sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, al tildarla de "escándalo" y de "auto de fe" de "puro estilo inquisitorial".

"Se ha escrito una sentencia a demanda para condenar a un hombre justo. La Fiscalía General del Estado sólo ha tratado de defender la institución de los bulos promovidos por los grandes poderes políticos, económicos y financieros de Madrid. Ahora más que nunca, toca defender la democracia", ha exclamado Movimiento Sumar desde su cuenta oficial en 'Bluesky'.

Mediante un mensaje en 'X', el dirigente de los Comunes y eurodiputado Jaume Asens ha criticado la sentencia del Supremo, que se ha conocido este martes, que a su juicio consiste en que la filtración del caso que afecta al empresario, Alberto González Amador, parte del "fiscal o alguien de su entorno".

"Pero un delito exige un autor, no entornos difusos. Si no saben quién fue, ¿cómo pueden condenar? O lo hizo él o lo hizo otro. Jurídicamente no hay término medio. Esto no es una sentencia: es un auto de fe, de puro estilo inquisitorial", ha censurado.

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha reprobado la sentencia del Supremo que, bajo su criterio, se basa en que "has sido tu o alguien de tu entorno". "O nos lo inventamos, pero vas pa'lante. Escándalo. Sin Estado de Derecho", ha zanjado.

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha admitido que fue un "error" reunirse con Paco Salazar tras su cese por denuncias de acoso sexual y que dicha reunión "no se tenía que haber producido".

Alegría fue fotografiada a principios del mes de noviembre comiendo en un restaurante del centro de Madrid junto a Salazar y en ese momento defendió que se trató de un encuentro ceñido estrictamente al ámbito privado.

Sin embargo, después de que el caso haya escalado en las últimas semanas, ha señalado que esa reunión fue una equivocación. "Él me llamó y yo acudí, no se tenía que haber producido y fue un error", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa.

A renglón seguido ha asegurado sentir "dolor, indignación y traición" aunque ha dejado claro que este no es "similar ni comparable" al que pueden sentir las víctimas. "Es a ellas a quien hay que acompañar, cuidar y ayudar".

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, se ha pronunciado sobre la sentencia a Álvaro García Ortiz. “Es el primer Fiscal General condenado. Podemos llamar primer fiscal general delincuente”, ha afirmado en el Congreso. “Queda acreditado que ha cometido un delito”, ha añadido.

La diputada popular ha admitido que todavía no había tiempo de leer el fallo pero confía en que el Tribunal Supremo ha “hecho una profundada sentencia con los fundamentos del derecho”

La noticia ha pillado al portavoz del PSOE, Patxi López, dando unas declaraciones a los medios pero ha eludido pronunciarse porque no se la había leído todavía la sentencia.

Dos magistradas de los siete que juzgaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defienden que tendría que haber sido absuelto porque los indicios recogidos en la sentencia que le condenó "no son suficientes para llegar a un juicio de culpabilidad, sin dudas razonables".

Así se desprende de las 52 páginas del voto particular de ambas magistradas al fallo, en el que expresan su discrepancia con el criterio de la mayoría e indican que lo procedente debería haber sido acordar la libre absolución del fiscal general del Estado de un delito de revelación de secretos o informaciones.

En concreto, consideran que no ha quedado probado que García Ortiz filtrara a la prensa el correo del día 2 de febrero de 2024 enviado por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, a la Fiscalía de Delitos Económicos y, además, que los hechos relatados en la nota informativa publicada por el mismo no constituyen el delito por el que se le condena en la sentencia mayoritaria.

Según las magistradas, el análisis racional de los indicios permiten alcanzar la conclusión alternativa de que cualquier persona, de las que habrían tenido acceso al correo de 2 de febrero, pudo filtrarlo a la prensa, al igual que ocurrió con el expediente tributario y la denuncia.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha hecho pública este martes la sentencia que condena a multa e inhabilitación al fiscal general, Álvaro García Ortiz.

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes una propuesta del PSOE por la que se insta al órgano fiscalizador a realizar una auditoría específica de las cuentas de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, entre 2020 y 2025. La iniciativa ha salido adelante con los votos de PSOE, PP, Sumar y el PNV y el único voto en contra de los de Santiago Abascal.

En concreto, se urge al órgano que preside Enriqueta Chicano a realizar un informe de Fiscalización Especial de las cuentas de ingresos y gastos de Disenso en los últimos cinco años, "analizando la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, corrección de su contabilización y justificación", según consta en el escrito recogido por Europa Press.

La iniciativa busca profundizar en las denuncias de varios exdirigentes de Vox en Baleares que hablaban de un supuesto desvío de dinero de los grupos parlamentarios a la fundación de Abascal, a quien acusan de querer "forrarse".

Desde el partido subrayan que esas aportaciones de grupos institucionales son habituales en todas las formaciones y niegan toda irregularidad.