Tomás-Ramón Fernández: "Si Begoña puso a su nombre un software cedido a la UCM, es apropiación indebida de libro"

Lleva más de 50 años pleiteando contra las Administraciones y (aunque ya se ha retirado de la actividad docente) hoy sigue haciéndolo desde su despacho en Madrid, donde recibe a EL ESPAÑOL.

Por ello deplora los ataques dirigidos contra los jueces desde el Gobierno: "Los que no tenemos nada, ni poder político, ni mediático, ni económico, sólo tenemos a los jueces".

Los 6 momentos del juicio a García Ortiz que inclinaron la balanza del Tribunal Supremo hacia la condena

Sobre el caso Begoña, augura que la mujer del presidente del Gobierno va a tener serios problemas, si realmente registró a su nombre un software que había sido cedido a la Complutense: "Es un ejemplo de libro de apropiación indebida", afirma.

Tras la condena a la Álvaro García Ortiz, considera que no se debe entregar la instrucción de las causas judiciales a la Fiscalía, como pretende el ministro Félix Bolaños, porque no está garantizada la independencia de la institución: "Ni en pintura".

Impulsor de la Fundación Transición Española que preside Rafael Arias-Salgado, siente "vergüenza" al pensar que Juan Carlos I puede morir fuera de nuestro país y constata que las leyes de Memoria Histórica han resucitado las dos Españas.

Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ha sido consejero del Banco de España y Consejero electivo de Estado

¿El fiscal general del Estado vulneró el derecho a la defensa de la pareja de Ayuso, al filtrar una comunicación confidencial de su abogado?

Me parece terrible, algo así no había ocurrido jamás. Y si había ocurrido, desde luego no con este estruendo. No me extraña que el Colegio de Abogados de Madrid haya comparecido y haya ejercitado la acusación. Algo que no hizo en la condena a Garzón, ahí se echó atrás.

Pero ahora ha jugado un papel importante en el proceso, porque efectivamente lo que está en juego es el derecho a la defensa.

El presidente Pedro Sánchez ha insistido en que Álvaro García Ortiz es inocente, incluso tras su condena. ¿Eso supone desautorizar al Tribunal Supremo desde el Gobierno?

El presidente del Gobierno no tiene otra alternativa que insistir en la inocencia del fiscal general, porque él es el autor de la iniciativa [por la que le han condenado]. El fiscal ha sido un esbirro, una persona servil que aceptó ese encargo envenenado. Claro, Sánchez no puede decir que no es inocente, se estaría culpando a sí mismo.

Por eso ha lanzado a todos sus ministros, que son tan leales como incompetentes, a hacer grandes protestas que resultan inadmisibles, porque rebasan con mucho lo que es lícito.

No se puede decir que el Tribunal Supremo es golpista. Eso va mucho más allá de la crítica a la sentencia.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha animado a salir a la calle para protestar contra los magistrados del Supremo, a los que el ministro Ernest Urtasun tacha de "togados reaccionarios". ¿Es un ataque del Poder Ejecutivo al Judicial?

El ataque viene de lejos. Ya vivimos la elaboración de una desastrosa y desafortunadísima ley de amnistía. Y vimos cada día cómo los beneficiarios de esa ley intervenían haciendo retoques en su redacción.

Ahora han descubierto el lawfare, la utilización política de la Justicia, y están acusando de eso a los jueces. Y todo eso con una finalidad intimidatoria.

En Francia han metido en la cárcel a un expresidente de la República [Nicolas Sarkozy], y apenas había allí algunos manifestantes mostrando su solidaridad con él. Pero nadie ha acusado a los tribunales de golpistas, ni de lawfare, ni de nada parecido.

Aquí hemos dado un ejemplo al mundo de incivismo, si no ya de violación de todos los principios democráticos. De incivismo, de incultura, de gente incivilizada. Eso no es un país civilizado. No es imaginable siquiera.

Una de las pruebas más controvertidas del juicio fue el testimonio de varios periodistas. Insistieron en que García Ortiz es inocente, porque él no les filtró la información, pero se acogieron al secreto profesional para no revelar quién lo hizo. ¿Eso puede mermar la credibilidad de sus testimonios?

Todos los derechos tiene límites, ese también. Supongamos que a mí un terrorista de ETA me dice que mañana va a poner una bomba en el estadio Bernabéu, con sus 80.000 espectadores, y que la va a poner a tal hora.

Yo no puedo refugiarme en decir que lo he oído por ahí... porque eso no tendría valor. ¡Es que me lo ha dicho el que la va a poner! No hay derechos absolutos, y ese tampoco. Lo que pasa es que es muy cómodo para ciertas personas refugiarse detrás de esa cortina. Su actuación no me parece correcta.

¿Es una anomalía que el Supremo haya dado a conocer el fallo que condena al fiscal a dos años de inhabilitación, pero aún no conozcamos la sentencia?

No es ninguna anomalía, eso es muy frecuente. Pero esos ministros que han salido a criticarlo no saben de qué hablan. Y los que sí saben o tenían la obligación de saber, como Margarita Robles y Marlaska, que son jueces, han sido unos cobardes, porque sabiéndolo han dejado que se insulte al Tribunal Supremo y no han abierto la boca.

Cuando un tema es de cierta complejidad, lo normal es que no esté hecha la sentencia. Entre otras cosas, porque la sentencia no es la obra de un magistrado, de un ponente, sino de un tribunal. Hay que deliberar.

Y aunque los miembros del tribunal estén de acuerdo en sus argumentos y en el fallo, pueden hacer sus aportaciones, plantear sus matices, y el ponente tiene que recoger los resultados de la deliberación.

La ley no dice que el ponente tenga que llevar el proyecto de sentencia, lo que dice es que el ponente presentará los puntos de hecho y de Derecho.

Luego empieza la deliberación, en los términos que el presidente del tribunal crea conveniente, y se vota. Ya existe la sentencia desde el momento que se ha votado, pero el ponente queda encargado de redactarla recogiendo el parecer de la Sala.

El jurista Tomás-Ramón Fernández, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. David Morales

El Tribunal Constitucional casi siempre publica primero la nota, en la que anuncia que el Pleno ha resuelto un asunto, pero luego tarda varias semanas en publicar la sentencia. Y si hay votos particulares, tarda más, porque tienen que quedar recogidos.

Todo esto no funciona por ordeno y mando. Son personas que tienen que redactar un texto, que resulta más o menos difícil en asuntos comprometidos.

Varios medios han publicado ahora que tres de los miembros de la Sala han impartido cursos para letrados de oficio en el Colegio de Abogados de Madrid, que actuaba como acusación contra el fiscal general. ¿Eso compromete su imparcialidad o puede ser causa de nulidad?

Eso es divertido. Es decir, que uno pasa por allí y compra el periódico en el mismo quiosco que uno de los eventuales acusados, y ya está impedido para dictar sentencia. Hombre, por favor. ¡Qué cosas! ¡Qué tendrá que ver dictar un curso o una conferencia donde sea! No podría haber jueces.

El presidente Pedro Sánchez también ha sugerido que la sentencia será revisada por el Tribunal Constitucional. ¿Le preocupa que el TC se esté convirtiendo una especie de sala de casación en asuntos como el de los ERE, en el que acabó anulando las condenas?

¿Cómo puede saber el señor Sánchez que la sentencia incurre en la violación de algún derecho fundamental? Dice: no está probado. ¿Y usted qué sabe, si aún no ha visto la sentencia? Pero claro que me preocupa este Tribunal Constitucional.

Si se ha condenado a García Ortiz por la filtración del correo electrónico, efectivamente no hay una prueba directa, aunque hay multitud de indicios. Empezando por esa fiscal que le reprochó: “Lo has filtrado”. Y él respondió: “Eso ahora no importa”.

Si ha sido condenado por la nota de prensa, no hay ningún problema de prueba, porque está admitido que la dictó él. Y él no lo ha negado. Por tanto, no es una condena sin pruebas, ni hay ninguna infracción del derecho a la tutela judicial. Ahí está la nota. Contiene un texto que oficialmente tendría que mantenerse reservado.

Que García Ortiz borrara todos sus mensajes de WhatsApp y eliminara su cuenta de correo electrónico el mismo día que fue imputado, ¿es un indicio incriminatorio contra él?

Es lo que suelen hacer los delincuentes, borrar sus huellas en el sitio en el que han estado. Es exactamente lo mismo.

¿El hecho de que Pedro Sánchez colocara en el Tribunal Constitucional a su exministro de Justicia y a una alto cargo de la Moncloa daña la credibilidad de la institución?

La daña por completo. La credibilidad del Tribunal Constitucional está bajo mínimos. Hace mucho tiempo que ha descendido por debajo del umbral.

¿Y eso no es una catástrofe para cualquier país?

Sí, totalmente. Se ha dicho siempre por los contrarios que es una justicia política. No debe serlo. No se hace por jueces de la carrera judicial, pero su límite es el Derecho, la Constitución. Y hay que suponer que aplica la Constitución imparcialmente.

¿Qué le parece que el Gobierno no incorporara ninguna de las recomendaciones de la Comisión de Venecia a la Ley de Amnistía? No eran preceptivas, pero habrían contribuido a dar más solidez a esa ley.

Me parece mal. El punto crítico de la sentencia del TC sobre la Ley de Amnistía es que dice: yo no soy quién para juzgar las intenciones del legislador, yo me tengo que conformar con un control externo del texto.

De la letra del BOE.

Eso es. Y dice: bueno, vamos a trabajar por la pacificación de Cataluña. Pues muy bien, señor mío. ¿Y ahí se acaba la cuestión? Pues entonces no hace falta ni la justicia constitucional ni la justicia ordinaria.

La Audiencia Nacional investiga a la 'fontanera' de Ferraz Leire Díez por presunto intento de soborno a dos fiscales, a los que ofreció mejoras profesionales a cambio de que le facilitaran trapos sucios para utilizarlos contra jueces, fiscales y mandos de la UCO.

¿Le preocupa que se estén llevando a cabo este tipo de operaciones políticas contra la Justicia, para anular causas que afectan al PSOE?

Cómo no me va a preocupar. Además, sí creo que esta señora iba en nombre del PSOE, porque ella lo ha dicho [en esas reuniones], no tengo ninguna razón para dudarlo.

Puesto que por otros procedimientos no han conseguido hasta ahora quitarse de encima el tema de la mujer del presidente, el tema del hermano, el tema del fiscal... pues vamos a ver si por otros procedimientos conseguimos segar la hierba bajo los pies al teniente coronel de la UCO sacando trapos sucios.

La palabra cloaca está más justificada que en ningún otro sitio. Esta señora chapotea bien en el fango.

¿Se trataba de una operación contra el Poder Judicial, pilotada desde el PSOE o desde el propio Gobierno?

Sí, seguro. Estamos viviendo un momento muy grave. Lo que está ocurriendo es estremecedor. Desde el poder se está intentando liquidar el único contrapoder que hay, el de los jueces. Los que no tenemos nada, ni poder político, ni mediático, ni económico, sólo tenemos a los jueces.

El jurista Tomás-Ramón Fernández, en su despacho de Madrid, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. David Morales

Y lo digo yo, que llevo más de 50 años ejerciendo como abogado y he perdido muchos pleitos. También he ganado muchos. Pero el contencioso administrativo es luchar contra el poder, y eso no es como los pleitos civiles, que son entre iguales.

Los jueces son lo único que tenemos los ciudadanos que no tenemos otro poder.

Si desde el poder político se intenta dinamitar la confianza en la Justicia...

Pues adiós, estamos perdidos, hay que cerrar la tienda. Eso ya, ni democracia, ni Estado de derecho, sería un Estado salvaje.

Usted ha sido rector de la UNED. ¿Cómo se explica que Begoña Gómez fuera codirectora de una cátedra en la Complutense, sin ser licenciada ni tener ningún título universitario? Una cátedra en la que ella no se habría podido inscribir como alumna.

Eso es una costumbre americana mal traducida. En los Estados Unidos hay muchas cátedras que llevan el nombre de quien las financia. Pero una cosa es que dar tu nombre para patrocinar una cátedra, y otra cosa es dirigirla. Mal puede ir Begoña Gómez a impartir enseñanzas universitarias, cuando ni siquiera tiene un grado universitario.

En este caso, ella no financiaba la cátedra, aunque se ocupaba de obtener financiación, utilizando para ello medios públicos de la Moncloa, según la investigación del juez Peinado.

Estéticamente es un desastre.

Desde el punto de vista jurídico, el asunto más serio es si ha habido una apropiación indebida de un software, que una empresa cede a la Complutense y ella lo registra a su nombre. Eso es un ejemplo de libro de apropiación indebida. El resto, habrá que ver.

¿Son aceptables los ataques del Gobierno contra el juez Peinado por instruir la causa a Begoña Gómez?

Forma parte de esos ataques colectivos o individuales al Poder Judicial. Evidentemente, habrá muchas intervenciones como la del juez Peinado, en relación a cualquier particular, que no alcanzan ni la última página de un periódico. Pero, amigo mío, como ha tropezado con esta señora, pues resulta que este juez es un desastre.

La reforma Bolaños propone que los fiscales asuman la investigación de las causas. ¿Le parece una buena solución? Es una práctica habitual en otros países. Pero tras la condena a García Ortiz, no parece que la independencia de la Fiscalía esté garantizada.

En las películas hemos visto mil veces que en los Estados Unidos es el fiscal —por cierto, elegido por los ciudadanos— quien dirige la instrucción. Es una fórmula como otra cualquiera, siempre que se realice bajo el control de un juez que protege las garantías de los investigados.

Pero ahora mismo, después de ver no sólo el asunto del fiscal general, sino la división que se ha producido en el seno de la carrera fiscal, ni en pintura. Ya hemos visto cómo los partidarios del señor García Ortiz salieron a aplaudirle antes de comenzar el juicio.

Y no sólo en la Fiscalía. El Gobierno también ha dividido a los letrados de las Cortes: colocaron a uno procedente de la Moncloa para que ayude a Armengol y avale la ley de amnistía, contra el parecer de sus compañeros que llevaban el asunto. Y desde entonces ya hay dos bandos en el cuerpo letrado de las Cortes.

A los abogados del Estado los han masacrado. Edmundo Bal sostenía que hubo rebelión en Cataluña y le dicen: no, sólo es sedición; y si no estás de acuerdo, te vas.

El jurista Tomás-Ramón Fernández, en su despacho de Madrid, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. David Morales

Y así hasta llegar a este espectáculo poco ejemplar del fiscal general del Estado, en el que su defensora ha sido la jefa del Servicio Jurídico del Estado. Podía haberse buscado un abogado.

Es decir, ahí hay una ruptura flagrante. En esas circunstancias, no se le puede entregar al fiscal la instrucción, porque si caes en el amigo de unos, te masacra.

¿Pedro Sánchez hizo un uso torticero de la Abogacía del Estado, al utilizarla para poner una querella contra el juez Peinado?

Me parece una instrumentalización clara, porque esa querella no respondía a razones de interés público, era en beneficio de su mujer. El interés público no padece porque la mujer del presidente sea investigada por un juez.

A través de su reforma que ahora tramita el Congreso, Bolaños también pretende apartar a las acusaciones populares de la instrucción de las causas. ¿Le parece correcto?

Sería una cosa discutible, como tantas, si no fuera porque incluyeron una disposición transitoria que dice: esto se aplica retroactivamente a los procedimientos en curso. Es decir, al procedimiento abierto contra su mujer, al de su hermano...

Si el fiscal no acusa (¿y de quién depende?) queda la acusación particular, que por sí sola no puede sostener un proceso y eso quedaría archivado. Esa transitoria es un puro fraude.

El juez dictó el jueves prisión preventiva para el exministro José Luis Ábalos y Koldo García. ¿Puede continuar dos años más un Gobierno que está cercado por los escándalos de corrupción, y que ya no tiene mayoría parlamentaria para aprobar leyes ni presupuestos?

Creo que Sánchez no se va a ir, seguir es la única manera de defender a su mujer y a su hermano. A los que puede indultar, si son condenados de aquí a 2027. Además, así se autoprotege a sí mismo, porque a saber lo que sueltan estos que están pillados en la trampa.

Usted fue uno de los impulsores de la Fundación Transición. ¿Qué le parece que el rey Juan Carlos haya quedado excluido de los actos sobre la reinstauración de la Monarquía y se le impida volver a vivir en España?

Soy un monárquico funcional, pragmático, como tantos, creo que la monarquía todavía aporta a este país un plus respecto a la república. Si fuéramos una república, nos habríamos ido ya al garete, probablemente, por lo que está ocurriendo.

Me agobia mucho ver cómo este hombre se va a morir en Abu Dabi. Eso me produce una vergüenza extraordinaria. Como ocurrió con Alfonso XIII e Isabel II. Es vergonzoso.

¿Cree que no se le está reconociendo la aportación que hizo para que la democracia volviera a España?

La verdad es que lo estropeó. Es como el que escribe un buen libro y, cuando ya está casi acabado, le echa una mancha de tinta que impregna un montón de páginas finales. Eso es lo que le ha pasado.

¿Qué opina de las leyes de Memoria Histórica? ¿Cree que se intenta imponer por ley un relato maniqueo de lo que ocurrió en España en el siglo XX?

Es un afán de ganar la guerra a posteriori, que fue una cosa lamentable de la que no puede presumir ninguno de los dos bandos. La República fue un desastre y hay que tener el valor de decirlo, porque han pasado muchos años.

El jurista Tomás-Ramón Fernández, en su despacho de Madrid, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. David Morales

Cuando las derechas ganan las elecciones, ¿qué hace Azaña? Marginar a la derecha, a la mitad del país. Es decir, esto es una República sólo para los republicanos. Y los demás, ahí os pudráis, no contáis para nada.

Luego los socialistas hacen la revolución en el 34 en Asturias. Y Companys aprovecha el momento de mayor debilidad de la República para proclamar el Estado catalán. Fue un desastre desde el primer minuto hasta el final.

En la Transición, los españoles acordaron hacer borrón y cuenta nueva, y no echarse a la cabeza los muertos de unos y de otros. ¿Se ha roto este pacto de la Transición?

Los destrozos se iniciaron con la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, que Sánchez ha empeorado con la Ley de Memoria Democrática. A partir de esas leyes, vuelve a haber dos Españas. Y eso es muy grave.

Los que tenemos ya alguna edad estamos muy orgullosos de que en la Transición habíamos conseguido más o menos cerrar una herida.

Lo que sí debemos celebrar es que hubo una generación en la que Fraga y Santiago Carrillo pudieran estar juntos y darse la mano.

Usted fue uno de los expertos elegidos por el Gobierno en 1981 para analizar el futuro de las CCAA. ¿La Constitución deja demasiado indefinido su techo competencial y eso permite prometer ahora a Cataluña un cupo como el vasco, que no prevé la Carta Magna?

Los constituyentes no supieron qué hacer con la organización territorial del Estado, no lo tenían claro.

La gente decía en las manifestaciones: "Libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía". Todo el mundo quería autonomía, pero no se sabía cuánta. Porque la intensidad de ese deseo era muy distinta en Murcia, que en Cataluña, País Vasco, Galicia o Andalucía.

Entonces, ¿qué hicieron? Reconocer el derecho de las provincias limítrofes con características históricas similares a constituirse en una comunidad autónoma.

El café para todos.

¿Qué quiere decir eso? Que la Constitución tiene un vacío, no tiene un modelo de Estado. Y ese vacío se ha ido llenando por la praxis política. Pero le faltan reglas y normas. Algunas las ha podido poner por vía interpretativa el Tribunal Constitucional, otras las ha puesto la costumbre, buena o mala.

¿Es partidario de reformar la Constitución para definir mejor el papel de las CCAA?

Si fuera posible una reforma, habría que llenar ese vacío y establecer un modelo de Estado. Que puede ser el Estado autonómico, que ya lleva 50 años, pero con unas reglas claras. Como las de la Ley Fundamental de Bonn del año 49, que estableció cómo se tienen que relacionar los länder entre sí, y con la Federación.

El tema del País Vasco está, bien o mal, resuelto en la Constitución, que reconoce los derechos históricos de los territorios forales. Pero no dice lo mismo para Cataluña. Y los catalanes votaron masivamente a favor de la Constitución en el 78.

Cataluña tiene un hecho diferencial importante: tiene una lengua propia. Eso ya está resuelto en el artículo 3 de la Constitución, que dice que esas lenguas son cooficiales en sus territorios, como ha establecido la jurisprudencia constitucional desde el año 80.

Pero han sido tantas las concesiones en la pelea política, que ya ni siquiera vale el artículo 3. Estamos intentando defender un 25% de castellano en la enseñanza en Cataluña, ni siquiera su uso como lengua también oficial en la educación.

La Ley electoral nos ha tenido en manos de unas minorías nacionalistas, de este clan de los Pujol, que han demostrado ser unos auténticos gánsters y ahora se sientan en el banquillo. Son los que nos han tenido cogidos por el cuello desde el principio.

Miquel Roca, que era la cara amable de Convergència, hablaba siempre de la gobernabilidad. Pero la gobernabilidad era siempre a costa nuestra, porque sus 15 diputados eran imprescindibles.

Por tanto, ¿sería partidario de reformar la Ley Electoral, por ejemplo para que sea necesario al menos el 5% del voto para tener representación en el Congreso?

Eso es, mientras no lo hagamos estaremos en manos de ellos. Para tener representación nacional hay que hacer una oferta nacional. Decimos que este Gobierno es de incompetentes, pero hay que ver qué gentecilla han tenido allí. Y crecidos, porque son los que mandan.

Algunos lo han hecho, hasta hace poco, desde Waterloo.

Sí, sí, sí. Es una vergüenza.