Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
Yolanda Díaz sabotea el plan estratégico de Telefónica que Sánchez avala desde Sepi: 'Con dinero público no se despide'
La vicepresidenta, que azuza la protesta contra el Supremo, irrita al PSOE por su empeño en diferenciarse públicamente y entrar en asuntos de otros ministros.
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Yolanda Díaz, en su afán por diferenciarse del PSOE, está intentando subirse a la ola de indignación de una parte de los ciudadanos en asuntos como la sentencia del Supremo contra el fiscal general.
Además, en esa estrategia, la vicepresidenta segunda del Gobierno fue este martes muy dura contra la pretensión de Telefónica de hacer un ERE de más de 6.000 personas.
Se da la circunstancia de que el Estado, a través de la Sepi, es accionista de referencia de la compañía y, de hecho, el actual presidente, Marc Murtra, fue nombrado a propuesta suya.
La responsable de Trabajo dijo ayer que ya ha escrito a la presidenta de la Sepi, Belén Gualda, para que se oponga a un ERE que forma parte del plan estratégico de la compañía.
Gualda, que llevó a Murtra a Telefónica, le debe el cargo a María Jesús Montero, la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y mano derecha de Pedro Sánchez.
"El dinero público no está para despedir trabajadores", dijo ayer al ser preguntada por este caso en la sala de prensa de la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros.
Además, la vicepresidenta segunda rompió este martes la estrategia de Moncloa, ejecutada por Félix Bolaños, para aligerar la tensión con el Tribunal Supremo. No es la primera vez que se detecta una cierta tensión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros entre los socios del Gobierno de coalición.
Se recuerda en la anterior legislatura una en la que participó Irene Montero, junto a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. y este martes fue la vicepresidenta segunda la que protagonizó momentos de tirantez, al entrar varias veces en asuntos que son competencia de otros ministros y sin haber sido preguntada.
De hecho, provocó una situación insólita al salirse del asunto que tenía que presentar -el desarrollo reglamentario de los nuevos contratos formativos- para actuar como una especie de portavoz alternativa a Pilar Alegría, ante la sorpresa de los tres ministros socialistas presentes.
En lugar de ceñirse a su parcela, se lanzó primero a complementar la declaración institucional del Gobierno por el Día Internacional contra la Violencia de Género que acababa de leer la ministra Portavoz.
Luego usó sus turnos para fijar, con detalle y extensión, posición sobre la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Lo hizo a pesar de que a su lado estaba el ministro de Justicia, Félix Bolaños, competente sobre la materia, que pretendía colocar un mensaje de institucionalidad, de respeto al Tribunal Supremo desde la discrepancia y, sobre todo, para lanzar el nombramiento de Teresa Peramato como fiscal general del Estado.
Sánchez quiere sacar esa crítica de las intervenciones institucionales, dejándolas, por ejemplo, para Óscar López como candidato en Madrid y antagonista de Isabel Díaz Ayuso.
Movilizaciones callejeras
Pero Díaz reivindicó las movilizaciones en la calle contra el Supremo y criticó con dureza a los jueces del Supremo por no haber hecho pública aún la sentencia completa. Todo con mucho énfasis.
También animó a manifestarse cuando salga la sentencia: "La democracia se defiende desde muchos lugares", dijo.
Bolaños, Alegría y Víctor Ángel Torres hacían esfuerzos para ocultar en su cara la sorpresa porque la norma no escrita en esas comparecencias es que se respeta la competencia del compañero de Gobierno que comparece al lado.
Esa actuación de la líder de Sumar forma parte de un rosario de intervenciones de dirigentes de la parte minoritaria del Gobierno en busca de foco y para tener voz propia en el Gobierno. Así lo admiten fuentes de Moncloa, con molestia y resignación por la actuación de la vicepresidenta.
Tanto, que hace pocos días el propio presidente del Gobierno afeó y recriminó desde la tribuna del Congreso a la portavoz de Sumar, Virginia Hernández, sus palabras críticas con la actuación del Ejecutivo de coalición del que forma parte.
En especial, sobre el asunto de la vivienda, sobre el que Sumar ha hecho amago incluso de pedir la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez, lo que desde el PSOE es visto con perplejidad.
La explicación es que Sumar necesita diferenciarse de los socialistas para intentar pugnar por el voto a la izquierda del PSOE y no ser aplastados en la pinza entre los socialistas y Podemos.
Su problema, según admiten, es que no pueden llegar al nivel de dureza de Podemos que habla abiertamente de "lawfare" o persecución política del Supremo. Aunque se esfuerce, Yolanda Díaz no puede llegar al tono de los dirigentes de Podemos, libre de cargas por estar fuera del Gobierno.
El afán de Sumar por diferenciarse del PSOE también ha asomado en lo referido a los casos de corrupción, aunque no se haya concretado más que en discursos de firmeza contra los escándalos.
Se da la circunstancia de que Sumar aún no tiene decidido quién será el cabeza de lista en las próximas generales, sean cuando sean. Díaz lo fue en 2023 y no se sabe si querrá repetir, lo que provoca inquietud en Sumar y en los partidos que lo forman.
Además, Sumar tiene una posición muy difícil de cara al ciclo electoral que se abre en diversas comunidades autónomas, es decir, Extremadura, Castilla y León y Andalucía, por el momento. No tiene casi implantación en esos territorios y se presenta supeditado a otras formaciones, como Izquierda Unida en Andalucía.
Se da la circunstancia de que Yolanda Díaz fue crítica con Podemos porque en la anterior legislatura no solventaba en privado las diferencias con el PSOE. Hablaba de "ruido" y de la necesidad de acabar con ese "ruido" con Sumar y sin Podemos.
