Jordi Pujol, a su llegada a la izada de la 'senyera', el pasado mes de septiembre en Barcelona.

Jordi Pujol, a su llegada a la izada de la 'senyera', el pasado mes de septiembre en Barcelona. Alberto Paredes Europa Press

Política

"Inhumanidad" y "persecución": el separatismo ve una "venganza del Estado" la decisión de que se mantenga a Pujol en el juicio

Presentan al expresidente de la Generalitat como víctima. Acumuló en Andorra una "ingente cantidad de dinero" en su época como 'molt honorable'.

Más información: Jordi Pujol será juzgado por videoconferencia desde su casa, pese a alegar un "deterioro cognitivo grave" a sus 95 años

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Las claves

La Audiencia Nacional mantiene a Jordi Pujol en el juicio por su fortuna oculta en Andorra, permitiendo su comparecencia por videoconferencia desde su domicilio debido a su delicado estado de salud.

Sectores del separatismo y dirigentes de Junts per Catalunya califican la decisión judicial de "venganza del Estado" y "persecución política" contra el expresidente catalán.

Médicos forenses y el propio doctor de Pujol advierten que no está en condiciones físicas ni cognitivas para afrontar el juicio, pero el tribunal sigue adelante con el proceso.

La Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de cárcel para Pujol, acusándolo junto a su familia de organización criminal y blanqueo de capitales mediante la ocultación de grandes sumas de dinero en Andorra.

La decisión de la Audiencia Nacional de mantener a Jordi Pujol en el juicio por su fortuna oculta en Andorra ha generado indignación entre sectores del separatismo y el entorno del político catalán.

Para ellos se trata de una "venganza en toda regla" del Estado contra el líder histórico de Convergència i Unió.

Una tesis que también alimentan dirigentes de Junts per Catalunya. Su portavoz, Josep Rius, ha calificado la decisión de "intolerable" y la ha atribuido a una "persecución política" contra su legado.

Los hijos de Jordi Pujol, Oriol (4i), Mireia (c-d), Jordi (d) y Pere (3d) en el banquillo de los acusados este lunes en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.

Los hijos de Jordi Pujol, Oriol (4i), Mireia (c-d), Jordi (d) y Pere (3d) en el banquillo de los acusados este lunes en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Chema Moya Efe

"Parece que haya habido la intención de prolongar la sospecha sobre el president Pujol durante mucho tiempo para facilitar una instrumentalización política del caso", manifestó Rius.

Más duro si cabe es el exconseller catalán Jaume Giró, que a través de redes sociales manifestó este lunes: "Pujol va a ser la primera víctima de una larga lista de personas espiadas, perseguidas y difamadas por la Operación Cataluña; la campaña de guerra más indignante del Estado desde los GAL".

Los médicos forenses encargados de examinar a Pujol se ratificaron este lunes en su informe, asegurando que "no está en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio" ni dispone de la "capacidad procesal necesaria" para "poder defenderse de forma suficiente".

Pese a estas advertencias, el tribunal decidió ayer iniciar el juicio con su presencia telemática desde Barcelona.

"El Estado contra Pujol"

Desde el entorno del expresident denuncian lo que consideran una decisión judicial motivada por "razones políticas" más que jurídicas.

Fuentes cercanas a Pujol aseguran que los jueces ya habían decidido mantenerlo antes de escuchar a los forenses y que "no tenían intención de evitarle el juicio".

Esta decisión, aseguran, era una "sorpresa esperable" en una causa que describen como "el Estado contra Pujol".​

El propio médico personal de Pujol, Jaume Pradós, había advertido previamente de que el político padece un "trastorno cognitivo moderado severo" y que "no está en condiciones de poder defenderse ni argumentar dialécticamente".​

También durante la vista previa, Pujol compareció desde su domicilio y, aunque manifestó estar "a disposición del tribunal", admitió: "Estoy a su disposición para responder lo mejor que sé, pero muy en forma no estoy".​

El doctor Padrós había apelado al "principio de humanidad" antes de conocerse la decisión judicial, alegando que "la Justicia debe ser ciega, pero no inhumana".

La Fiscalía Anticorrupción solicita nueve años de cárcel para Jordi Pujol al considerar que su familia, el clan Pujol, actuó como una organización criminal cuando este apellido parecía, prácticamente, sinónimo de Cataluña.

Según el escrito de acusación de Anticorrupción, de más de 200 folios, sus miembros, "actuando conjuntamente", ocultaron, al menos desde 1991, una "ingente cantidad de dinero" en Andorra, siendo Pujol presidente de la Generalitat.

Esos fondos serían "producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la Administración pública catalana".

El Ministerio Fiscal acusa al ex molt honorable y a sus hijos de presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.