Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, declarando como acusado en el juicio contra él, el pasado jueves en el Tribunal Supremo.
El PP no quiere otro 'caso García Ortiz': planea que el CGPJ tenga que validar al fiscal general para que sea independiente
Los populares reformarán el Estatuto Orgánico para incluir el "procesamiento penal" como causa automática de cese del fiscal general.
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El Partido Popular trabaja en una ambiciosa propuesta para reformar el sistema de designación del fiscal general del Estado. La idea central es que el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sea obligatorio y "vinculante" para nombrar al fiscal general.
De este modo, al no depender directa y únicamente de la voluntad del Gobierno, se evitaría toda posibilidad de un nuevo caso García Ortiz. Y sobre todo, se cumpliría con la exigencia de "profundizar en la independencia" de la institución, como exigen el Consejo de Europa y la Comisión Europea.
El actual fiscal general, sometido en las últimas semanas a juicio por un delito de revelación de secretos, ha permanecido en el cargo a pesar de que "ha arrastrado a la institución" y ha "sometido al Estado a un desprestigio irreparable", según fuentes de la dirección popular.
El PP considera este escenario insostenible e institucionalmente "humillante". Y la formación de Alberto Núñez Feijóo estudia diferentes medidas para que esta situación "nunca vuelva a repetirse".
Se trata de que el Ministerio Fiscal, caracterizado por el principio de jerarquía, se aparte de la dependencia exclusiva del Poder Ejecutivo que caracteriza al sistema actual, y deba pasar también por el acuerdo del órgano de gobierno del Poder Judicial.
La iniciativa lleva tiempo larvándose en las cabezas de algunos de los dirigentes populares, pero ahora mismo responde directamente al caso García Ortiz. Este cambio no exige ninguna reforma constitucional, como sí plantearía la otra iniciativa que estuvo en discusión en el seno del PP.
Esta otra propuesta contemplaba que el Fiscal General fuera designado por una mayoría de tres quintos en las Cortes Generales, idéntica a la que marca la Constitución para la elección de vocales del CGPJ.
El mecanismo desechado pretendía reducir la politización del cargo, obligando a pactos entre el PP y el PSOE, pero el problema principal es que el nombramiento del fiscal general está constitucionalizado.
Y es que el artículo 124.4 de la Constitución de 1978 es tajante: "El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial".
El plan de Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, es reforzar por ley el papel del CGPJ. "Se trata de que la opinión sobre la idoneidad del designado que emite siempre el Consejo pase a ser vinculante"; explica una fuente del partido.
Los populares consideran que la independencia de la Fiscalía y la propia separación de poderes es incompatible con la actual "designación a dedo" por parte del Gobierno, como ocurre actualmente. De hecho, García Ortiz se convirtió ya hace dos años en el primer fiscal general al que el CGPJ declara no idóneo para el cargo.
![La portavoz del PP, Dolors Montserrat, durante el debate de este miércoles en la Eurocámara](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/05\/07\/actualidad\/1003743746848_255384551_320x180.jpg"])
Por eso, el plan que se incluirá definitivamente en el Plan de Calidad Institucional y Regeneración Democrática que está ultimando Gamarra con su equipo será el del acuerdo obligatorio y "vinculante" del CGPJ.
La dirigente popular recibió el encargo de Feijóo, tras el congreso del partido en julio, de actualizar un documento que el presidente del PP ya presentó solemnemente, en enero de 2023, firmándolo en el Oratorio San Felipe Neri de Cádiz, donde se promulgó la Constitución de 1812.
Ideas consolidadas
Los populares actúan, además, impulsados por las reiteradas demandas de la Comisión Europea y el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa.
Ambos organismos llevan años reclamando a España que "profundice en la independencia del Ministerio Fiscal", que actualmente no cumple los "estándares europeos", por su dependencia directa del Ejecutivo. El PP aspira a responder a estas demandas en "el momento político adecuado", según confirman fuentes de su dirección.
Otras ideas ya consolidadas que el PP prepara para el citado documento son, por ejemplo, la de modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que el procesamiento del fiscal general del Estado conlleve su "cese inmediato y automático".
Esta propuesta fue aprobada en la ponencia política del XXI Congreso Nacional del PP, celebrado en julio de 2025. Es la medida más directa de las que busca evitar situaciones como la de Álvaro García Ortiz.
La reforma se articularía a través del artículo 31 del Estatuto, que actualmente recoge cinco supuestos para el cese del fiscal general. El PP pretende ampliar o reformular el cuarto supuesto, referido al "incumplimiento grave o reiterado de sus funciones", para incluir expresamente el procesamiento penal.
Hay dos puntos más, en los que los populares coinciden con lo que hoy propone el PSOE, pero que son "imposibles" mientras no se independice la Fiscalía del Ejecutivo, aseguran.
Desvincular la duración del mandato del fiscal de las legislaturas también forma parte de la estrategia. Los populares proponen un mandato de cinco años para el fiscal general, rompiendo la coincidencia actual con el ciclo político del Gobierno.
Una iniciativa encaja perfectamente con otra aspiración histórica del PP: que sean los fiscales quienes lleven la instrucción penal.
El objetivo es equiparar a España con su entorno europeo y descongestionar la judicatura. "Pero hoy en día es imposible darle la investigación judicial a los fiscales", explican fuentes del partido, "mientras un órgano jerárquico por naturaleza tenga en su cúspide a una persona designada a dedo por el Gobierno".
Otras reformas
El PP también ha avanzado en otros cambios de la Fiscalía. Propone mayor autonomía e independencia institucional del organismo público, ampliando sus capacidades de organización interna y gestión presupuestaria.
El Consejo Fiscal ganaría peso en decisiones que afecten a la independencia judicial y la defensa de la legalidad.
La reforma respondería también al procesamiento de García Ortiz. El fiscal general fue imputado por la presunta filtración de un correo confidencial de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que reconocía delitos fiscales. El PP considera que esta situación evidencia las carencias del sistema actual.
La propuesta se enmarca en el plan de regeneración democrática del PP. El plan actual incluye más de 60 medidas legislativas, ejecutivas y judiciales. Feijóo prometió impulsar estas iniciativas "en los primeros 100 días de gobierno" cuando llegue a la Moncloa. Y en pocas semanas, actualizará el compromiso.
