El PP pide a Bruselas que examine si la 'Ley Bolaños' amenaza el Estado de Derecho y la independencia de la Justicia

La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha dirigido una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para que evalúe si la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Loecrim), impulsada por el ministro Félix Bolaños, se ajusta a los Tratados y al Derecho de la Unión Europea (UE).

El proyecto de Ley aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros atribuye la instrucción de las causas penales a la Fiscalía (cuyo fiscal general es nombrado por el Gobierno) y limita el ejercicio de la acción popular.

Bolaños impulsa esta reforma en un momento en el que las investigaciones por corrupción cercan al Gobierno y en el que se ha visto comprometida la independencia de la Fiscalía: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará el lunes en el banquillo, acusado de filtrar a la Moncloa información reservada sobre la pareja de Ayuso.

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"Diversas asociaciones judiciales y de fiscales", indica Dolors Montserrat en su escrito dirigido a la Comisión, "han advertido que esta reforma puede comprometer la independencia judicial, el principio de separación de poderes y la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 2 y 19 del TUE y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales".

Del mismo modo, recuerda que la Comisión Europea había recomendado a España "reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal y mejorar la eficacia contra la corrupción en el Informe sobre el Estado de derecho".

"Sin embargo", advierte, "esta reforma podría debilitar los mecanismos de investigación de delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y a la corrupción".

Por todo ello, pide a la Comisión que analice si el texto aprobado inicialmente por el Consejo de Ministros (y cuya tramitación parlamentaria no va a ser fácil, pues de momento no cuenta con el apoyo de Junts) es compatible con los Tratados y valores de la UE.

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Dolors Montserrat también plantea en su escrito la siguiente pregunta: "¿Prevé la Comisión evaluar esta norma en el próximo informe sobre el Estado de derecho e iniciar antes un diálogo específico con el Gobierno de España para que sea retirada?"

"El Gobierno vuelve a jugar con la ley a su antojo", indica el PP en un comunicado difundido este sábado, "y ha aprobado una norma que acentúa la dependencia del Ministerio Fiscal respecto del Ejecutivo y restringe los mecanismos de control ciudadano, debilitando la lucha contra la corrupción y el fraude"

La secretaria general del PPE también ha criticado que el Gobierno pretenda, a su juicio, "convertir a los fiscales en investigadores bajo una jerarquía política".

Además, ha considerado que limitar la acusación popular es un "grave error" porque, desde su punto de vista, esta herramienta ha sido "clave" para "destapar grandes casos de corrupción".

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Al presentar el proyecto de Ley, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, justificó el martes que la reforma delimita la figura de la acusación popular para dejar fuera a los partidos políticos, informa Europa Press.

"Es evidente que hoy la acusación popular es una herramienta que utilizan las organizaciones ultras, muy bien financiadas, para perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas", argumentó Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En cualquier caso, recalcó que la reforma no entrará en vigor antes de 2028, y que no afectará a los procedimientos judiciales que ya están en marcha, como el que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

En la actualidad, varias de las causas penales más mediáticas han surgido o cuentan con la presencia de partidos políticos, sindicatos y asociaciones entre las acusaciones populares.

Este es el caso de las investigaciones abiertas contra Begoña Gómez o David Sánchez, en las que ejercen esta figura el PP o Vox, así como Manos Limpias o Hazte Oír.

También el PSOE ha utilizado la fórmula de la acción popular para personarse como acusación en distintas causas judiciales sobre corrupción.