La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, este miércoles en Valencia.
Un hombre de 60 años con discapacidad sufre "mordiscos de rata en cara, manos y pies" en un centro público de Navarra
El Gobierno de María Chivite asegura que se trató de "un hecho puntual y aislado" y que el centro procedió a una "desratización inmediata".
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Un hombre de 60 años con discapacidad interno en el centro público San José de Pamplona sufrió "numerosos mordiscos de rata en la cara, las manos y los pies" el pasado 14 de septiembre, según ha podido saber EL ESPAÑOL.
El Centro de Atención Integral a la Discapacidad San José, de titularidad y gestión del Gobierno de Navarra, acoge a adultos con discapacidad intelectual gravemente afectadas y está ubicado en el barrio de Echavacoiz.
El incidente ocurrió durante la noche del pasado 14 de septiembre, cuando una enfermera de guardia acudió varias veces a la habitación del afectado.
En la primera visita, la sanitaria observó heridas y procedió a limpiarlas. Horas después volvió a entrar y detectó nuevas lesiones. A la tercera ocasión, según ha podido saber este periódico, vio una rata desplazarse por la pared.
El paciente, con movilidad reducida, presentaba mordiscos visibles y fue trasladado a urgencias al Hospital Universitario de Navarra.
En la habitación había "manchas de sangre" en el suelo y en las paredes, según el informe elaborado por la Policía Foral, que acudió al lugar a la mañana siguiente.
El caso fue asumido por la unidad de Medio Ambiente de la Policía Foral, que entrevistó al personal del centro y comprobó la presencia de roedores y también de cucarachas.
"Hecho puntual"
Desde el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra trasladan a EL ESPAÑOL que se trató de un "hecho puntual y aislado", que "en ningún caso fue consecuencia de falta de control, higiene o atención del personal".
El centro avisó inmediatamente al 112, lo que activó la intervención de la Policía Foral y el traslado sanitario del usuario afectado.
La familia fue informada "en todo momento".
El Ejecutivo foral asegura que se reforzaron los controles de desratización, tanto dentro del complejo como en su entorno, y que el centro "recuperó la normalidad en los días posteriores".
De hecho, desde Derechos Sociales insisten en que el centro, "referente y puntero", dispone de un servicio de desratización contratado de manera "periódica", cuyo protocolo "se había cumplido" antes del suceso.
Pocos días después, el Gobierno de Navarra, presidido por la socialista María Chivite, sacó a licitación un nuevo contrato para "desinfectar, desinsectar y desratizar los centros dependientes de la Agencia Navarra de Autonomía",
La última adjudicación de este tipo databa de 2019.
Posibles delitos
El suceso, aunque sin denuncia formal por parte de la familia, podría derivar en responsabilidades penales y/o administrativas.
Si se demuestra que las lesiones sufridas por el residente fueron consecuencia de una omisión de los deberes básicos de vigilancia o de un fallo en los protocolos de control sanitario, podría considerarse un delito de lesiones por imprudencia.
Además, mantener un centro sociosanitario en condiciones insalubres, con presencia de plagas que puedan poner en riesgo la salud de los residentes, podría constituir un delito contra la salud pública.
En el ámbito administrativo, el suceso podría derivar también en una infracción sanitaria grave. La normativa exige a los centros garantizar condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y un control periódico de plagas. Incumplir estas obligaciones puede conllevar multas o incluso el cierre temporal del centro.
Asimismo, podrían exigirse responsabilidades profesionales si se acreditara una actuación negligente del personal sanitario o de los responsables de mantenimiento.
Gobierno de Navarra
El asunto ha llegado —en parte— también al Parlamento de Navarra. El pasado 23 de octubre, durante el pleno de control al Ejecutivo foral, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, preguntó a la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, por las condiciones de salud pública de este centro en concreto.
La consejera defendió su funcionamiento y lo calificó como "referente en atención a personas con discapacidad".
Asimismo, aseguró que ella "estaba al corriente de todo lo que ocurre en el centro porque es mi responsabilidad y mi ocupación", aunque sin hacer mención al episodio de las ratas.
El centro, recordó Maeztu, alberga actualmente 80 residentes y dispone de 159 profesionales, 97 cuidadores, 45 trabajadores en servicios generales y 10 técnicos en psicología, fisioterapia, psicomotricidad o estimulación sensorial.
Desde Vox, según ha podido saber este periódico, exigirán este mismo jueves la dimisión de la consejera, así como del director del centro, Pablo Bretos.
