La ley contra la prostitución del PSOE sigue encallada: acumula dos meses de retraso y no hay acuerdo con Sumar

Cuatro meses después del anuncio de la ministra Ana Redondo, aún se desconoce cuándo llegará a la mesa del Consejo de Ministros y las excusas se acumulan: primero los incendios del verano, después la ley de violencia vicaria y ahora la reforma de la Constitución para blindar el "derecho al aborto".

Mientras tanto, el diálogo con Sumar sigue "sin avances", bloqueado en aspectos clave como el tratamiento de plataformas online como Onlyfans y la tercería locativa. Es más, los de Yolanda Díaz, según fuentes de Sumar, aún no conocen "ni el texto ni la propuesta".

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La ministra de Igualdad anunció en junio su propósito de recuperar la iniciativa para prohibir la prostitución (que ya naufragó en la pasada legislatura).

Lo hizo tras la filtración de los audios en los que José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García elegían a las prostitutas a las que iban a contratar.

"Hay que hacer de la necesidad virtud", dijo entonces Redondo, "creo que es el momento, puesto que esos audios nos ponen frente al espejo".

La ministra se comprometió a presentar la propuesta "al inicio del curso político, a finales de septiembre", junto con las leyes contra la violencia vicaria y la trata. Pero, hasta ahora, el Consejo de Ministros sólo ha presentado el anteproyecto de ley de medidas en materia de violencia vicaria.

Ya el 4 de septiembre, Ana Redondo admitió que existe "un poco de retraso" en la tramitación de las tres normas. La primera justificación fue el diseño de las ayudas a los damnificados por los incendios forestales que este verano arrasaron unas 400.000 hectáreas en el país.

La segunda excusa fue la decisión de priorizar la ley contra la violencia vicaria, que finalmente fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 30 de septiembre para iniciar su tramitación parlamentaria. La norma tipifica por primera vez este tipo de violencia como delito específico en el Código Penal.

Ahora, el nuevo motivo esgrimido es el blindaje del derecho al aborto, que el Gobierno quiere sellar mediante una reforma de la Constitución.

Fuentes del Ministerio de Igualdad consultadas por EL ESPAÑOL admiten que el debate sobre el aborto también "se ha cruzado" en medio de la tramitación de la ley contra la prostitución.

La situación hoy es de completa incertidumbre. Las mismas fuentes aseguran que "hay textos trabajándose entre los distintos ministerios implicados". Concretamente, Igualdad, Interior, Presidencia y Transformación Digital.

Sin embargo, reconocen que aún no están en condiciones de dar una fecha aproximada para la presentación de la propuesta.

"Este martes seguro que no va al Consejo de Ministros, aún queda", dicen en Igualdad.

Para el PP estos atropellos a la ley evidencian la "desesperación" del PSOE "por recuperar el voto femenino" tras los escándalos conocidos a raíz de los informes de la UCO sobre José Luis Ábalos.

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Este lunes, durante la Comisión de Igualdad del Congreso, la diputada popular Patricia Rodríguez recordó la noticia que dio el Gobierno el 18 de junio: "'La ministra Redondo anuncia que presentará en septiembre el anteproyecto para abolir la prostitución'. ¿Se reconoce? Es usted", ironizó la diputada.

"¿Dónde está el anteproyecto? Se lo digo yo, en el cajón", recriminó.

Sin acuerdo con Sumar

Los retrasos acumulados no son sólo por problemas técnicos, también políticos. La ley de abolición de la prostitución no está incluida en el acuerdo de Gobierno con Sumar ni en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Y las diferencias entre los socios de Gobierno son profundas en dos aspectos clave: la tercería locativa y la posibilidad de impedir el acceso a plataformas digitales como Onlyfans.

Respecto a Onlyfans, bloquear este tipo de plataformas online "es una de las líneas de trabajo" que el PSOE está estudiando. Sin embargo, desde Sumar son tajantes: "No vamos a condenar a las mujeres a la precariedad, más aún".

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El enfoque socialista incluye, además, dos medidas centrales que también chocarían con la postura de Sumar: las multas a los clientes de servicios de prostitución y la penalización de la llamada tercería locativa, que busca castigar a quienes alquilen espacios donde se ejerza o facilite la prostitución.

Sumar justifica su oposición a recuperar la tercería locativa argumentando que muchas prostitutas viven en pisos compartidos donde se ejerce su actividad.

Los de Yolanda Díaz consideran que esta medida puede dificultar aún más el acceso de las mujeres a la vivienda y someterlas a condiciones aún más severas.

El equipo de Ana Redondo señala que actualmente están trabajando "en paralelo" los textos de la ley contra la trata y la prostitución, pero sin plazo para presentarlos ante la mesa del Consejo de Ministros.

"Cada uno se da sus tiempos para las urgencias", ironizan en Sumar: llevan más de cuatro meses esperando a iniciar el diálogo con el PSOE sobre esta norma.