La ministra Ana Redondo, cuarta por la izquierda en el escenario, en un acto feminista celebrado en Alcorcón.
El Gobierno oculta que su única ley contra la prostitución será una mera transposición de una directiva europea sobre trata
El Ministerio de Igualdad ultima una norma para evitar la multa. La ley debe estar aprobada antes de un año, en julio de 2026.
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El Gobierno prepara una ley de trata para cumplir con las exigencias comunitarias, que establecen la obligación de transponer una directiva europea antes del 15 de julio de 2026.
La norma comunitaria fue aprobada en 2024 y, por el momento, España sigue sin adaptarla, aunque fuentes del Ministerio de Igualdad aseguran que continúan "trabajando en el texto".
La idea de la ministra Ana Redondo es aprobarla en otoño. Así lo afirmó en una reunión con feministas celebrada hace una semana en Alcorcón, donde expresó su pesar por los casos de prostitución que cercan al PSOE.
El sector feminista del PSOE busca desmarcarse de los audios de Koldo García y el exministro José Luis Ábalos en los que se debatían sobre "la Carlota que se enrolla que te cagas" o "la colombiana nueva".
Durante ese acto, Redondo insistió en que la norma tendrá un carácter "victimocéntrico" y estará desligada de la ley de abolición de la prostitución, que piensa llevar al Consejo de Ministros, aunque sin garantía de salir adelante debido a que Sumar no la respalda.
La intención es crear dos normas: una de trata y otra de abolición, pero, como afirmó, sólo tiene garantías de que saldrá la primera, ya que, además del apoyo de la coalición de Yolanda Díaz, confía en contar también con el respaldo del PP.
Redondo presentó esta ley como un logro feminista del Gobierno, pero el texto será la transposición de la directiva.
Una directiva y una ley
La norma europea tipifica como delito el uso consciente de servicios prestados por víctimas de trata, penalizando a quienes usan dichos servicios sabiendo que provienen de explotación.
También obliga a los Estados miembros a crear planes nacionales contra la trata cada cuatro años.
Además, tendrán que mejorar la asistencia a las víctimas con alojamientos seguros, tratamiento médico, asesoramiento e información y campañas de información y concienciación.
Lo que sí introducirá el anteproyecto español es un régimen de ayudas económicas directas para las víctimas y sus familiares dependientes.
En el texto que se aprobó en primera vuelta, también se desvinculaba que la protección y las medidas se aplicarán a las víctimas sin necesidad de que esté condicionado a una denuncia.
Durante una transposición, los Estados miembros pueden complementar su ley nacional siempre y cuando, como base, incorporen los objetivos de la directiva.
Si no se realiza la transposición, Europa puede sancionar al país miembro. Así sucedió con una directiva relativa a la protección de datos entre autoridades policiales y judiciales. La multa fue de 15 millones de euros, además de una sanción diaria de 89.000 euros hasta incorporar la directiva.
También se impuso una sanción de 6,8 millones de euros por los retrasos en la transposición de la directiva de conciliación de progenitores y cuidadores.
Tras la aprobación en el Consejo de Ministros, el proyecto se remitirá al Congreso.
