Canarias ya tiene de nuevo "más de 1.000 menores solicitantes de asilo" por la lentitud del Gobierno en los traslados

El foco de la tensión entre el Gobierno autonómico de Fernando Clavijo y el estatal de Pedro Sánchez son las acusaciones de "lentitud" y "trabas" para "asumir sus competencias".

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias de las islas, Sandra Rodríguez, acusó al Estado de "imponer constantes obstáculos burocráticos" para resolver la acogida "ordenada por el Tribunal Supremo hace ya siete meses", como marca la ley.

El Supremo exigió al Gobierno de España que, "en diez días", asumiera la custodia de los menores solicitantes de asilo dentro del sistema de protección internacional. Esa orden data del 25 de marzo. Desde entonces, sólo 182 jóvenes han salido de las Islas.

Después de muchos meses de dilaciones, y nuevos requerimientos del Alto Tribunal, los traslados comenzaron el 11 de agosto.

Las cuentas

En julio, ambas administraciones acordaron un listado para el traslado de 946 menores.

Mientras únicamente 182 han sido desplazados a centros estatales en la Península, casi 200 han alcanzado la mayoría de edad.

Aun así, desde esa fecha, han llegado 392 nuevos menores con solicitud de asilo, que no han sido trasladados fuera de las islas "en el plazo máximo de 15 días acordado". Por ello, el total de solicitantes supera de nuevo el millar.

Oficialmente son 956, pero el Ejecutivo regional estima que hay unos 200 extras que han expresado voluntad de solicitar la protección internacional. Estas cifras ilustran el "colapso" que sufre el sistema en Canarias.

Rodríguez denuncia que el Estado obliga a tramitar nuevos expedientes para los que ya son mayores de edad, "cuando pactamos por escrito que no sería así". Esa práctica retrasa aún más los traslados.

Desconfianza en el sistema

Un complejo conocido como Canarias 50 aloja desde hace ya dos meses a numerosos menores, a la espera de su traslado, y la cifra ya ha llegado hasta casi los 200 chicos y chicas.

El centro es un antiguo cuartel del Ejército en Gran Canaria, que no reúne condiciones adecuadas para la tutela ni garantiza el interés superior de los niños.

La directora de Infancia insular defiende, además, que los menores no deben pasar por Canarias 50. "No tienen por qué acceder a ese dispositivo para continuar su proyecto migratorio", explica, al tiempo que recuerda que ante el Supremo, el Ministerio de Inclusión se comprometió a que el tiempo máximo allí es de 15 días.

Sin embargo, algunos llevan "casi dos meses" en el cuartel. Esa dilación genera desconfianza y "rechazo al sistema entre los menores", lamenta la directora general. Varios adolescentes han rechazado ya trasladarse "por temor a quedarse varados".

El Gobierno autonómico reclama, desde el inicio del proceso, que el Gobierno central "duplique su red estatal de asilo" de adultos para la infancia migrante. Canarias exige también que el Estado habilite recursos en Canarias cuando los menores quieran quedarse en el archipiélago.

El Gobierno acusa a Canarias

Por su parte, Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, defiende su gestión. Según informó el Ministerio, alrededor de 130 plazas nuevas estarán disponibles entre esta semana y noviembre. Y añade que hay centros peninsulares con plazas vacantes para menores de hasta 14 años.

Cancela acusa a Canarias de "no remitir listados ni expedientes". Sin ellos, dijo, no se pueden realizar entrevistas ni traslados. Aunque el Ejecutivo de las islas niega este extremo: "Tenemos los mismos datos que ellos, porque los pactamos con el Ministerio del Interior".

Según el equipo de Clavijo, la información es idéntica en ambas administraciones. Y que cuenta ya con "más de 300 expedientes listos y 200 jóvenes pendientes" de traslado.

El caos administrativo agrava la presión sobre los centros de protección. Canarias atiende desde hace años en exclusiva a menores no acompañados, que ya superan los 5.000 en apenas 86 centros de acogida. La comunidad sostiene que el archipiélago no puede soportar solo esa carga.