Manuel de Vicente-Tutor y el exsecretario de Estado de Presupuestos Ricardo Martínez Rico.

Manuel de Vicente-Tutor y el exsecretario de Estado de Presupuestos Ricardo Martínez Rico.

Política

Dos socios de Montoro se colocaron en el consejo de administración de renovables que contrataron a su consultora

Abengoa y Solaria ficharon al exsecretario de Estado de Presupuestos Ricardo Martínez Rico y al inspector de Hacienda Manuel de Vicente-Tutor, socios de Montoro en la consultora Equipo Económico.

Más información: La Guardia Civil sospecha que Montoro mantuvo el control de Equipo Económico tras vender sus acciones en 2008

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Los socios de Cristóbal Montoro en la consultora Equipo Económico no sólo se repartieron 32 millones de euros en retribuciones, gracias a los pagos de empresas que contrataban sus servicios para intentar obtener un trato más favorable del Gobierno de Rajoy.

Dos de ellos se colocaron, además, en el consejo de administración de sendas compañías de energías renovables, Abengoa y Solaria, que habían recurrido a Equipo Económico para lograr del Ejecutivo una regulación del sector ajustada a sus intereses.

Dos años después de cesar como ministro de Hacienda en el Gobierno de Aznar, Cristóbal Montoro fundó en 2006 el despacho de abogados Equipo Económico junto a varios miembros de su equipo en el ministerio. Entre ellos, Ricardo Martínez Rico, que había sido su secretario de Estado de Presupuestos.

En abril de 2008, Montoro vendió por 18.000 euros las 1.800 acciones que poseía en Equipo Económico, para convertirse en diputado, elegido por las listas del PP.

En un informe dirigido al juez de instrucción de Tarragona Rubén Rus, que investiga los hechos, la Guardia Civil señala que Montoro vendió estas acciones por debajo de su valor real y apunta la sospecha de que pudo mantener el control de Equipo Económico mediante un entramado societario.

Tras su salida, asumió la presidencia de Equipo Económico Ricardo Martínez Rico, que se embolsó 11 millones de euros en remuneraciones de la consultora entre 2008 y 2019.

Pero, además, Martínez Rico se incorporó en 2011 al consejo de administración de la compañía de renovables Abengoa. Esta empresa hizo pagos a Equipo Económico por importe de 3,9 millones de euros durante el período investigado, para lograr del Gobierno de Rajoy una regulación del sector más favorable, según apunta otro informe de los Mossos dirigido al juez instructor.

Un caso similar es el del inspector de Hacienda Manuel de Vicente-Tutor, que es socio director de la consultora de Montoro desde septiembre de 2007. Además de ocupar este cargo, se convirtió en secretario del consejo de administración de la fotovoltaica Solaria, a la que Equipo Económico facturó 1,7 millones de euros, según ha informado El País.

En un informe dirigido al juez, los Mossos destacan que, en el seno del Gobierno de Rajoy, Montoro se enfrentó al ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, para defender un marco regulador más favorable para las renovables, según ha informado Efe.

No obstante, las fuentes del sector recuerdan que el Ejecutivo de Rajoy tomó dos decisiones que resultaron especialmente lesivas para estas empresas: el llamado impuesto al sol y la eliminación de las primas a las renovables, que había aprobado el anterior Gobierno de Zapatero.

Según el informe que la Agencia Tributaria ha remitido al juez de instrucción de Tarragona Rubén Rus, los socios de Equipo Económico y su sucesora, la sociedad Global Afteli, se repartieron entre 2008 y 2019 unas remuneraciones que suman 32,4 millones de euros.

El juez Rubén Rus abrió la investigación en 2018 a raíz de un hallazgo casual.

Durante el registro de una empresa gasista catalana, los agentes hallaron un correo electrónico fechado en 2013, en el que un directivo daba instrucciones para lograr un trato fiscal más favorable del Gobierno: "La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro".

La investigación permitió constatar que las empresas que integran la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) habían abonado 780.000 euros a Equipo Económico entre 2011 y 2019, la consultora fundada por Montoro.

En su auto dictado el pasado mes de junio (y que no ha trascendido hasta ahora), el juez apunta que la mediación de la consultora de Montoro logró que el Gobierno de Rajoy impulsara dos reformas que rebajaron la fiscalidad del gas: en 2013 a través del impuesto especial sobre la electricidad y a principios de 2018 en el Impuesto de Actividades Económicas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, investiga a Montoro y otros nueve altos cargos de segundo nivel del Gobierno de Rajoy, por los presuntos delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

La investigación ha puesto de manifiesto "la coincidencia temporal entre el dictado de nuevas leyes que introdujeron mejoras fiscales a empresas del sector eléctrico y energías renovables con pagos realizados por tales empresas a Equipo Económico", la consultora fundada por Montoro.

Por su parte, en un informe remitido el pasado mes de junio al juez, los Mossos d'Esquadra apuntan que podrían haberse beneficiado del mismo trato de favor empresas del sector del juego, que también habían contratado los servicios de la consultora de Montoro.

En una intervención ante el Comité Nacional del PSPV-PSOE, la nueva secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, señaló este sábado que el caso Montoro demuestra que la Gürtel "sólo era la punta del iceberg de la montaña de corrupción de los gobiernos del PP".

Santiago Abascal ha informado de que Vox ya se ha personado como acusación en la causa. "Tengo la sospecha bien fundada de que algunas de las mafias de Sánchez son solo continuación de las mafias del PP", ha señalado en la red social X.

Por su parte, Sumar ha anunciado que pedirá crear una comisión de investigación sobre la trama de Equipo Económico en el Congreso, por considerar que se trata de "una trama de corrupción económica institucionalizada cuyo impacto apunta a ser de las más graves de la historia democrática".