El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, este lunes en rueda de prensa en Mérida.

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, este lunes en rueda de prensa en Mérida. Efe

Política

Gallardo, Lambán, Barbón y Page alzan la voz contra el cupo catalán: "Es un paso gigante a la soberanía plena de Cataluña"

Las comunidades del PP ya preparan una "ofensiva política y judicial" y Ayuso anuncia que recurrirá el "cupo separatista" ante la Audiencia Nacional.

Más información: Guía para entender en 7 claves cómo afectará el 'cupo catalán' al resto de españoles: calendario, cantidades, compensaciones...

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Asturias, Emiliano García-Page, Javier Lambán y Miguel Ángel Gallardo son los voces más duras dentro del PSOE contra el modelo de financiación singular pactado entre el Gobierno y la Generalitat catalana. Denuncian que rompe la igualdad entre territorios y supone una cesión ante el independentismo

El más contundente, como viene siendo habitual, fue el presidente de Castilla-La Mancha. El acuerdo, que permitirá a Cataluña recaudar todos los impuestos, sirve según Page únicamente para "pagar chantajes y favores" al presidente del Gobierno.

"Que no nos tomen por tontos", dijo el mandatario castellanomanchego este lunes, que reclamó un sistema de financiación que garantice la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, "vivan donde vivan, sin privilegios ni tratos singulares".

Desde el Principado de Asturias, el Gobierno de Adrián Barbón mostró un rechazo frontal a la propuesta. El portavoz Guillermo Peláez pidió la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para una negociación multilateral.

"Lo que afecta a todas las comunidades debe negociarse entre todas y en igualdad de condiciones", advirtió Peláez. Asturias votará en contra si el acuerdo implica "privilegios" o "perjuicios" para las autonomías de régimen común.

Además, para el Ejecutivo asturiano el modelo pactado con Cataluña "parece sentar las bases de una reforma" que no puede imponerse como "un contrato de adhesión" al resto de comunidades. "No lo aceptaremos", ha zanjado el consejero.

De la misma opinión es Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, para "quien el sistema de financiación no puede construirse desde la bilateralidad". 

"Estamos radicalmente en contra de un acuerdo que genera desigualdad", advirtió Gallardo en una rueda de prensa en Mérida. También pidió la convocatoria urgente del Consejo de Política Federal del PSOE.

Por su parte, Javier Lambán, expresidente de Aragón, calificó el pacto como "un paso de gigante hacia la soberanía plena de Cataluña" y una amenaza directa contra "la Hacienda común, la igualdad y la solidaridad entre los españoles".

"Es lo que pagamos por la investidura de Illa y la debilidad extrema de Sánchez. Los españoles no podemos permitirlo", escribió Lambán en su cuenta de X.

Recurso al TC

El acuerdo provocó también una reacción en las comunidades gobernadas por el PP, que ya preparan una ofensiva "política y jurídica" contra lo que denominan "cupo separatista". Estudian ya recurrirlo ante el Tribunal Constitucional.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo calificó como una "sentencia de muerte contra España" y anunció incluso acciones ante la Audiencia Nacional.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, advirtió de que Andalucía "hará valer su fuerza" para frenar el modelo. 

Asimismo, Moreno anunció que se pondrá en contacto con los gobiernos autonómicos "que se sientan perjudicados" para "promover una alianza común en defensa de la igualdad", incluyendo también a los socialistas como Page o Barbón.

En Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco describió el pacto como "el mayor atentado contra la igualdad en democracia".

Desde Extremadura, María Guardiola habló de "saqueo", mientras que Marga Prohens, en Baleares, acusó al presidente del Gobierno de "pagar su continuidad con el dinero de los ciudadanos de las islas".

En Aragón, Jorge Azcón llamó a una "rebelión cívica" contra el pacto, que, según advierte, consagra una desigualdad entre comunidades que los aragoneses “no van a tolerar”.

Recaudación íntegra

El acuerdo prevé que Cataluña gestione todos los impuestos recaudados en su territorio. Una parte se transferirá al Estado y otra se dedicará a financiar competencias como prisiones o los Mossos d'Esquadra.

El Gobierno asegura que el modelo será "generalizable" a otras comunidades, aunque aún no se han definido cifras ni plazos. La propuesta se debatirá tras el verano en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha hecho números con una aproximación del impacto que podría tener el acuerdo en la financiación singular para Cataluña. Unos cálculos que apuntan a que la financiación de la Generalitat se elevaría entre 6.600 y 13.200 millones gracias a esta medida.

Esto supone, según el informe de Fedea, que el cupo catalán aumentaría la financiación de la región entre un 25% y un 50%.

Si este modelo se extendiera a otras comunidades como Madrid o Baleares, el coste total para el Estado superaría los 62.000 millones de euros anuales.