Sánchez ante la semana crucial para retener a sus socios: cupo catalán, cita con Pradales, lenguas y amnistía en la UE

Comienza una semana crucial en la que están en juego varias de estas promesas: el cupo catalán, la aplicación efectiva de la ley de amnistía (para que Carles Puigdemont pueda regresar a España), el traspaso al Gobierno vasco de competencias ligadas a la Seguridad Social y el uso oficial del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones de la UE.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recibe este lunes en Barcelona al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y a los secretarios de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y de Hacienda, Jesús Gascón.

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En la Comisión bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat, intentarán cerrar el acuerdo para que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) recaude la totalidad del IRPF de los contribuyentes de la región.

Es el primer paso del sistema de "financiación singular" (equivalente al concierto vasco) que Sánchez prometió a ERC, para que los de Junqueras apoyaran la investidura de Illa.

De forma significativa, a la reunión no asiste la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, cuyo departamento debe avalar en última instancia el acuerdo: evita una foto que puede perjudicar sus expectativas como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía.

Oriol Junqueras ya advirtió este sábado que el objetivo final es que la Generalitat recaude la totalidad de los impuestos que se pagan en la región, y que la Agencia Tributaria Catalana en ningún caso puede estar supeditada a la nacional.

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Para ello será necesario reformar varias leyes, entre otras la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), con una larga tramitación, y que precisa una mayoría cualificada.

Y el Gobierno aún no tiene garantizado que la iniciativa salga adelante, ya que varios grupos (desde Compromís a Podemos y el BNG) han cuestionado que se otorgue una financiación privilegiada a Cataluña.

Como avanzó este fin de semana EL ESPAÑOL, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, tiene intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la financiación singular de Cataluña, por considerar que "rompe la igualdad entre los españoles" y responde a "la extorsión a la que lleva sometiéndose el presidente del Gobierno desde el inicio de la legislatura"

El martes hay una doble cita, no menos trascendental, para satisfacer a PNV y Junts. El presidente Pedro Sánchez recibe en la Moncloa al lehendakari Imanol Pradales. Entre los asuntos que deben tratar el traspasado de varias competencias ligadas a la Seguridad Social, como la prestación por desempleo y la Inspección de Trabajo.

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El presidente del PNV, Aitor Esteban, recordó este domingo en una entrevista que el acuerdo que su partido suscribió para apoyar la investidura de Pedro Sánchez no le obliga a apoyar las leyes que el Gobierno lleve a las Cortes, por lo que habrá que negociarlas "día a día" y "ley a ley".

Y descartó por completo que el PNV pueda apoyar una posible moción de censura de Feijóo contra Sánchez. "Con este PP no vamos a ningún sitio", señala rotundo Aitor Esteban, quien asegura que el nivel de confianza de su partido con el PP es "Cero. Más claro, agua. Ninguno".

También el martes, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) comenzará a analizar en Luxemburgo las cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles contra la ley de amnistía, como ha informado Juan Sanhermelando, corresponsal de EL ESPAÑOL ante la UE.

En la vista del martes se examinan los dos primeros casos: el remitido por el Tribunal de Cuentas (que afecta a Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras por los gastos de las consultas de independencia del 9-N y el 1-O), a raíz de una denuncia de Sociedad Civil Catalana; y el que estudia la Audiencia Nacional por una querella de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo.

La Comisión Europea alega ante el TJUE que la amnistía de Sánchez es una "autoamnistía" "contraria al Estado de Derecho"

El Tribunal Constitucional ha avalado la ley de amnistía, por considerar que responde a un interés general y que lo que no prohíbe expresamente la Constitución está permitido a las autoridades.

Sin embargo, el TJUE va a tener en cuenta el informe emitido por los servicios jurídicos de la Comisión Europea, que considera que la ley es en realidad una "autoamnistía", por la que Sánchez prometió borrar los delitos de los dirigentes de Junts y ERC, a cambio de que apoyaran su investidura.

De hecho, alguno de los afectados, como el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha presumido públicamente de haber participado en la redacción de la norma, que su partido negoció en Suiza ante el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ahora en la cárcel como integrante de una "organización criminal".

Por otro lado, aunque el TC de Cándido Conde-Pumpido no llegó a abordar este extremo, el Tribunal Supremo considera que el delito de malversación (que afecta a Carles Puigdemont) no es amnistiable de acuerdo con la legislación europea.

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La Gran Sala está compuesta por 15 de los 27 jueces del TJUE (incluyendo el presidente y el vicepresidente) y se encarga de asuntos de especial importancia o gran sensibilidad. Sus resoluciones sobre la ley de amnistía podrían demorarse hasta finales de este año o principios de 2027.

Por tanto, resultará difícil que Carles Puigdemont pueda regresar antes a España.

Por último, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha logrado incluir en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales de la Comisión Europea de este viernes la propuesta para que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en las instituciones de la UE.

Se trata de otra promesa de Sánchez a los partidos independentistas, aunque tiene muy pocas posibilidades de prosperar, pues se mantienen los recelos de varios Estados miembros, por el precedente que esta medida abriría para otras lenguas minoritarias.

España llevó por última vez esta cuestión ante la Comisión Europea el pasado 27 de mayo. Sin embargo, en el último momento renunció a someterla a votación, ante la falta de apoyos. La medida sólo puede salir adelante si se aprueba por unanimidad.

La nueva propuesta enviada por Albares a la UE insiste en que el Gobierno español asumirá todos los costes de traducción a las tres lenguas y señala que su reconocimiento oficial "es fundamental para España y su identidad nacional multilingüe, que la Unión debe respetar".