El Estado acogerá con "urgencia" a 827 menores solicitantes de asilo "hacinados" en Canarias tras la orden del Supremo

Los chicos afectados se quedan finalmente en 827, casi 200 menos de los "al menos, 1.008 menores" que certificaba canarias hasta el momento.

Según fuentes del Gobierno insular, la reducción se debe a que "son los chicos que están ya en el sistema del Ministerio del Interior". Según el Ejecutivo central, "las comprobaciones de ambas administraciones certifican, de momento 827, porque hay niños que ya han pasado al sistema de adultos, al cumplir los 18 años".

Como adelantó EL ESPAÑOL este martes, el acuerdo permitirá trasladar a la Península a los menores en un "plazo máximo de 15 días". La ceremonia de la firma del acuerdo se celebrará este jueves a las 12:00 del mediodía (hora canaria) en Tenerife, entre Fernando Clavijo, presidente autonómico, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.

Una vez signado el texto entre ambas administraciones, el documento será remitido al Tribunal Supremo, justo a tiempo, ya que el plazo cumple este mismo viernes, 27 de junio.

Los detalles

El nuevo texto fija los términos definitivos de la colaboración. El acuerdo garantiza el acceso inmediato al Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI) a todos los menores que hayan solicitado asilo o manifestado su voluntad de hacerlo.

Para agilizar el proceso, solo se exigirán tres documentos esenciales: la solicitud de acceso, la identificación del menor y la acreditación de la tutela por la Comunidad Autónoma de Canarias. El resto de la documentación podrá presentarse más adelante.

Una vez aportados estos documentos, la resolución de acceso al SAPI deberá dictarse en un plazo de tres días hábiles o cinco naturales. El objetivo es "acelerar la tramitación" y evitar nuevos retrasos administrativos.

El acuerdo prevé la creación de un comité interadministrativo formado por cuatro representantes del Estado y cuatro de Canarias. Este órgano se reunirá por primera vez el próximo 1 de julio a las 13:00 horas, hora de Madrid.

El comité evaluará cada caso "de forma individualizada". Su principal tarea será identificar el recurso más adecuado para cada menor, atendiendo siempre al interés superior del menor y a sus circunstancias personales.

En la primera sesión, el comité tratará la identificación de los recursos existentes y la asignación de plazas a los menores. El plazo máximo para ejecutar la reubicación, una vez identificado el recurso, no podrá superar los 15 días.

El comité se reunirá semanalmente, todos los martes a la misma hora, sin necesidad de convocatoria previa. Las sesiones serán grabadas y las actas, aprobadas al finalizar, se remitirán directamente al Tribunal Supremo.

El acuerdo establece tres posibles escenarios para cada menor. El primero es que el Estado asuma la guarda y las obligaciones de forma compartida con Canarias, pudiendo el menor permanecer excepcionalmente en las islas si así lo requiere su interés superior.

El segundo escenario es el traslado del menor a un centro o recurso situado en otra Comunidad Autónoma. La decisión se tomará caso por caso, priorizando el bienestar y la integración del menor.

El tercer escenario permite mantener al menor en el sistema de protección de Canarias, pero con la guarda y las obligaciones compartidas con el Estado. En este caso, el Estado contribuirá a la financiación de la estancia y la asistencia.

El acuerdo también contempla la posibilidad de trasladar al menor a otra Comunidad Autónoma conforme al Real Decreto-Ley 2/2025, si este instrumento está plenamente operativo en su eficacia.

La financiación de las actuaciones en curso dependerá de lo que disponga la futura sentencia del Tribunal Supremo. Hasta entonces, los costes se atribuirán a cada parte según la normativa vigente o los criterios que se consensúen entre el Estado y Canarias.

El Gobierno canario ha remitido oficialmente la documentación de todos los menores con solicitud de protección internacional. De los cerca de 1.200 menores iniciales, 827 tienen ya toda la documentación correcta y están incluidos en las bases de datos de ambas administraciones.

El resto, 367 menores, no aparecen aún en la base de datos del Ministerio del Interior. Canarias y el Estado trabajarán para depurar estas discrepancias y garantizar el acceso de todos al SAPI.

El acuerdo busca solucionar la actual situación de hacinamiento en los centros de acogida de Canarias. El Gobierno autonómico ha denunciado en repetidas ocasiones el abandono institucional y la falta de recursos para atender a estos menores.

La situación es crítica desde hace más de tres años. El Gobierno de Canarias presentó una demanda ante el Supremo en septiembre de 2024 por el hacinamiento de más de 6.000 menores extranjeros no acompañados.

El Supremo dio la razón a Canarias en marzo de 2025. Ordenó al Estado a asumir de inmediato la tutela y la atención de los menores solicitantes de asilo, en un plazo de 10 días.

El incumplimiento de este mandato judicial llevó al Tribunal Supremo a exigir de nuevo su cumplimiento el pasado 4 de junio. Amenazó con multas y requerimientos formales si no se actuaba con urgencia.

El Gobierno central ha estado presionado por la justicia y la opinión pública. El acuerdo actual es fruto de esa presión y de la necesidad de evitar sanciones judiciales.

El portavoz del Gobierno canario ha confirmado que ya se trabaja en una hoja de ruta que se elevará al Supremo este viernes 27 de junio. El documento recoge todos los puntos del acuerdo y los compromisos adquiridos.

El acceso al SAPI será inmediato. La resolución de acceso se dictará en un plazo máximo de tres días hábiles o cinco naturales. El comité interadministrativo decidirá el destino de cada menor en función de su interés superior.

El acuerdo prevé que la mayoría de los menores sean trasladados a la Península. Solo excepcionalmente permanecerán en Canarias si así lo requiere su bienestar o si tienen arraigo familiar en las islas.

El Gobierno de Canarias ha insistido en que no puede seguir soportando solo la presión migratoria. Reclama más recursos y una solución definitiva para todos los menores no acompañados que llegan a las islas.

El acuerdo actual no resuelve la situación global, pero "permitirá empezar a vaciar los centros más saturados". El objetivo es aliviar la presión sobre Canarias antes de que llegue otro verano de repuntes migratorios.

El comité interadministrativo tendrá un papel clave. Evaluará cada caso y decidirá el destino de los menores en función de sus necesidades y circunstancias personales. Las decisiones se tomarán de forma individualizada.

Las sesiones del comité serán grabadas y las actas remitidas al Supremo. Esto garantiza la transparencia y el control judicial del proceso.

El Gobierno central y el de Canarias han dejado claro que "el interés superior del menor será la prioridad". El acuerdo es un paso importante, pero no suficiente para resolver la crisis migratoria en las islas.

Fuentes del entorno del presidente de Canarias valoran el acuerdo como "satisfactorio, a pesar de que hayamos tenido que pelearlo llevando al Gobierno ante la Justicia". La firma de este protocolo ha sido el resultado de una negociación compleja y de la insistencia del Ejecutivo canario en reclamar la responsabilidad del Estado.

Por su parte, fuentes de la Comisión Interministerial de Inmigración señalan que "el acuerdo es satisfactorio y supone un avance importante para dar cumplimiento a las medidas cautelares del Tribunal Supremo y responder a la situación de los menores extranjeros no acompañados solicitantes de protección internacional”.

"Este acuerdo establece las medidas necesarias para dar solución a la situación, atendiendo cada caso desde la individualidad y protegiendo los derechos fundamentales y el interés superior del menor", explican.