El Gobierno 'preacuerda' con Canarias llevar a la Península a 1.000 menas solicitantes de asilo "en un máximo de 15 días"

Tras incumplir la orden del Alto Tribunal, que le dio 10 días para cumplir con "sus competencias", del pasado 25 de marzo, Moncloa pretendía llegar este martes a un acuerdo definitivo con el Gobierno de Fernando Clavijo. Moncloa no cumplió con esta orden judicial, alegando que no tiene "medios suficientes"... y a última hora ha suspendido la cita hasta el miércoles.

Tras un nuevo plazo "improrrogable" de un mes, impuesto por la Justicia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez intentará llegar al 5 de julio con un pacto que sea "refrendado" por el Supremo. De momento, los menores permanecen "hacinados" en centros de acogida en las islas.

Este pacto busca cumplir por fin los autos del Tribunal Supremo del 25 de marzo y del 4 de junio de 2025, que obligaban al Estado a asumir de forma inmediata la tutela y la atención de estos menores. Desde el inicio de la crisis migratoria, hace ya más de tres años, "el Gobierno se desentendió de ellos", según el Ejecutivo canario.

Ya mismo... si hay acuerdo

Fuentes del Ejecutivo insular lamentan la decisión de última hora de retrasar la cita de los servicios jurídicos de ambos gobiernos, que iban a revisar este martes los servicios jurídicos de ambas administraciones.

Desde el Ministerio de Ángel Víctor Torres se desmiente que hubiese una reunión agendada para este martes. Pero el borrador del texto dice lo contrario, pues establece la creación inmediata de un comité conjunto que, formado por ocho representantes —cuatro del Estado y cuatro de Canarias—, también iba a comenzar a funcionar este mismo martes si se lograba el acuerdo.

La función de este órgano sería la de asignar un recurso del sistema estatal de acogida (SAPI) a cada menor en situación de hacinamiento.

Según el texto que obra en poder de EL ESPAÑOL, una vez identificado el recurso concreto para cada menor, el traslado debería ejecutarse "en un plazo máximo de 15 días". Esto afectaría, en primer lugar, a entre 1.008 y 1.200 menores que ya han solicitado asilo o han manifestado su voluntad de hacerlo.

El Gobierno de Page recurre ante el Tribunal Constitucional el decreto de reparto de menores migrantes

Todos ellos, "salvo excepción", tal como refleja el documento, deberán ser trasladados a otras Comunidades Autónomas. Es decir, se reubicarán en la Península, como los otros 4.400 menas afectados por el "decretazo" del pasado mes de marzo.

Tras sentirse "abandonado" por el Gobierno de Sánchez, el de Canarias denunció ante el Supremo la situación de los menores solicitantes de asilo en septiembre de 2024.

Entonces, el Gobierno autonómico presentó una demanda por el "hacinamiento" de más de 6.000 menores extranjeros no acompañados. La comunidad acusaba al Ejecutivo central de eludir sus obligaciones legales al negarse a asumir al menos a los más de 1.000 que tienen ya solicitada protección internacional.

En marzo, el Supremo le dio la razón a Canarias. En un auto firme, la Justicia obligó al Estado a asumir "de inmediato" a esos menores, en un plazo de 10 días, advirtiendo que el incumplimiento supondría una "vulneración grave de sus obligaciones competenciales".

Ese plazo venció sin que el Gobierno actuara, ya que alegó "falta de recursos", la misma razón que aducen las CCAA para rechazar el reparto "impuesto" por el decreto que pactó Sánchez con Junts.

El Gobierno impide votar a las CCAA el reparto de menas y lo impone sin aclarar cómo lo va a financiar

Meses después, ha empezado a mover ficha, presionado también por la amenaza del Tribunal Supremo de imponer multas y requerimientos formales. El nuevo auto del 4 de junio volvió a señalar el incumplimiento flagrante del Estado.

"Tenemos hasta el viernes 27 para responder ante el Tribunal", alegó el ministro este lunes. "Los servicios jurídicos están en permanente contacto", añaden fuentes de su entorno.

Los detalles

El acuerdo que ya no se firmará este martes con Canarias detallaba que, a partir del acceso de los menores al SAPI, el Estado deberá asumir sus obligaciones de acogida y protección. La documentación requerida será mínima y la resolución de acceso se dictará en un máximo de cinco días naturales.

Durante ese tiempo, el citado comité técnico decidirá si el menor permanece en Canarias "como medida excepcional" y con apoyo del Estado, o si es reubicado en otra Comunidad Autónoma de la Península.

"Nosotros queremos que los menores salgan de las islas, porque aquí no hay más recursos", explica una fuente del Ejecutivo canario, "y siguen llegando cada día más".

La suspensión de la reunión entre ambas administraciones supone un nuevo retraso en los plazos. Y es que Moncloa daba tan por hecho el acuerdo que el texto que presentó a Clavijo indicaba que la primera reunión del nuevo comité técnico tendría lugar este mismo martes a las 13:00 (hora peninsular).

Y que desde ese día, se reuniría todos los martes hasta completar las asignaciones. La desconfianza del presidente canario ya era tal que impuso que el texto contemplase que las sesiones serán grabadas y sus actas remitidas directamente al Supremo.

Las decisiones del comité, además, se deberán tomar "caso por caso", atendiendo al "interés superior del menor" y priorizando su bienestar. Pero el objetivo de Moncloa es perentorio: cumplir, aunque tarde, con lo ordenado por los jueces y aliviar la presión sobre Canarias antes de que llegue otro verano de repuntes migratorios.

La voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez, en todo caso, es que los menores solicitantes de asilo no sean trasladados a la Península hasta que se active el decreto pactado con Junts. Y ahí puede aparecer el desacuerdo en la reunión de este martes, según las fuentes consultadas.

Este decreto está también bloqueado por los recursos de varias regiones ante el Tribunal Constitucional y la falta de voluntad de acuerdo del Gobierno central.

El texto prevé imponer a las CCAA peninsulares la acogida de hasta 4.400 menores procedentes de Canarias y de Ceuta. Sin embargo, ese decreto ha provocado un fuerte rechazo de la mayoría de gobiernos autonómicos, sobre todo del PP, que lo ven como un “decretazo” pactado con Junts que favorece sólo a Cataluña.

En paralelo, el PSOE y Junts presentaban una proposición de ley en el Congreso para transferir a la Generalitat las competencias de inmigración, fronteras y extranjería. Esta iniciativa ha agravado la crisis política, al considerar varias CCAA que el Gobierno "cede al independentismo" a costa del equilibrio del sistema estatal de acogida.

Junts pone su precio a Sánchez: que pelee él y no Albares el catalán en la UE y tramitar ya la cesión de la inmigración

La situación en Canarias es crítica. El propio Gobierno admitió el pasado mayo, durante la vista pública en el Supremo, que el trato que reciben muchos de estos menores no cumple los estándares del derecho internacional.

Las condiciones de hacinamiento han sido calificadas de "indecentes" por el Gobierno autonómico, que ha denunciado un abandono institucional "sin precedentes".

Ahora mismo, más de 5.600 'menas' permanecen bajo tutela de Canarias, muchos en instalaciones desbordadas. El posible acuerdo con el Estado no resolverá la situación global, pero permitiría empezar a vaciar los centros más saturados.