EL ESPAÑOL denuncia ante la ONU al Gobierno por retirar publicidad institucional para "castigarle por su línea editorial"

La empresa editora de EL ESPAÑOL ha denunciado al Gobierno de Pedro Sánchez ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por vulnerar el derecho a la información de sus lectores y los de otros medios críticos, mediante el reparto arbitrario y discriminatorio de la publicidad institucional.

Según el informe alternativo presentado por la firma International Human Rights Legal (IHR Legal), nuestro periódico está siendo “castigado” por el Gobierno con una drástica disminución de la inversión publicitaria.

Esta disminución se ha producido tras la publicación en EL ESPAÑOL de denuncias y revelaciones sobre los casos de corrupción que afectan al jefe del Gobierno, sus familiares y sus más estrechos colaboradores.

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Según el informe de IHR Legal este “castigo”, aplicado también a otros medios críticos, se está produciendo bajo la aparente cobertura del Plan de Acción para la Democracia, impulsado por Sánchez en 2024. Ese Plan fue el fruto de sus cinco días de reflexión tras la imputación de su esposa Begoña Gómez en un presunto caso de tráfico de influencias.

El informe de IHR Legal está firmado por su director Ignacio J. Álvarez, antiguo relator sobre Libertad de Expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo con el informe, aunque el propósito declarado de este Plan de Acción por la Democracia es combatir la desinformación y reforzar la calidad democrática, “diversas organizaciones, periodistas, medios de comunicación y especialistas en libertad de expresión han manifestado su preocupación sobre el riesgo de que dicho instrumento sea utilizado como mecanismo de control y censura indirecta”.

Esto se llevaría a cabo mediante la creación de un registro obligatorio de medios y la centralización de la asignación de publicidad institucional bajo criterios discrecionales.

Adicionalmente, el informe denuncia la falta de transparencia en la gestión de la publicidad institucional, “pese a la existencia de disposiciones legales que ordenan su publicación y acceso público”.

En concreto sostiene que el Gobierno “no ha divulgado de forma clara, completa y actualizada la información relativa a la adjudicación de publicidad institucional, omitiendo además dar respuesta a solicitudes formales de información presentadas por medios de comunicación y actores interesados”.

Esta situación resulta particularmente grave dado el incremento histórico del gasto en publicidad institucional y las denuncias sobre su uso discriminatorio para beneficiar a medios afines al Ejecutivo y marginar a aquellos críticos de su gestión.

El escándalo de la publicidad institucional: la caja negra de Pedro Sánchez

El informe expone que, a la luz de los estándares internacionales aplicables, tanto del sistema universal como de los sistemas regionales de Derechos Humanos, esta situación contraviene las obligaciones estatales en materia de libertad de expresión y derecho de acceso a la información pública.

El informe concluye que la implementación del Plan de Acción por la Democracia, en los términos propuestos, y la opacidad en la asignación de publicidad institucional “son incompatibles con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y podrían constituir una forma de censura indirecta”.

"Pseudomedios" y "máquina de fango"

El informe recuerda que “el Plan de Acción por la Democracia fue propuesto en medio de las críticas del presidente Pedro Sánchez a los medios de comunicación calificados como de derecha, tras la denuncia en abril de 2024 por parte de la organización Manos Limpias contra su esposa, la Sra. Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios”.

En este contexto, el presidente Sánchez se ha referido a algunos medios de comunicación como "pseudomedios" que forman parte de "una máquina de fango" dirigida a deshumanizarlo con bulos y desinformación.

Fue en este escenario cuando el presidente Sánchez presentó el 17 de julio de 2024 ante el Congreso el Plan de Acción por la Democracia dirigido a luchar contra "la máquina del fango", "las presiones a periodistas", "las campañas de desinformación y bulos" y "las corruptelas de algunos". El 16 de septiembre de 2024 el Consejo de Ministros aprobó el Plan y actualmente se encuentra en fase de reglamentación e implementación.

Anteriormente, el reparto de publicidad institucional se basaba en criterios técnicos, como el público objetivo y el ranking de audiencia de GfK DAM, medidor oficial de audiencias en España.

No obstante, particularmente desde 2024, diferentes medios como El Confidencial, The Objective, Dircomfidencial y EL ESPAÑOL han denunciado que se han utilizado otros criterios, como la tasa de rebote o el tráfico directo a las páginas de inicio de los periódicos.

Según el informe IHR Legal, esto “podría estar dirigido a perjudicar a los medios de comunicación críticos al Gobierno y favorecer a los afines”.

El texto añade que “las agencias de publicidad han denunciado que en algunos casos el Gobierno directamente les indica qué medios incluir y cuáles no”.

En ese contexto, periódicos con una línea editorial crítica al Gobierno han tenido importantes reducciones en sus ingresos por publicidad institucional, tanto por un menor número de campañas asignadas, como por una reducción en los importes de las campañas adjudicadas.

De hecho, EL ESPAÑOL, siendo el diario más leído en España, tuvo una reducción de 64,7% en sus ingresos por publicidad institucional en el 2024.

El informe explicita que, “sin razón técnica alguna”, EL ESPAÑOL fue excluido de la campaña más importante del año del Ministerio de Hacienda, con una inversión de 4.9 millones de euros, titulada Sensibilización fiscal e información y asistencia a la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en el acceso a servicios o medidas de ayuda prestados por la agencia tributaria.

Equiparación con la Hungría de Orbán

El informe equipará el caso de España al de Hungría, cuando "se observó la asignación discriminatoria de publicidad institucional entre medios afines y críticos al Gobierno, lo cual había sido exacerbado desde la llegada del primer ministro Viktor Orbán".

Ante este escenario, la Relatoría Especial de la ONU para la Libertad de Expresión instó a Hungría a establecer sistemas transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad institucional con una argumentación rotunda:

"El sesgo deliberado de la publicidad de los ingresos públicos a favor de los medios con un punto de vista político particular tiene consecuencias adversas, no sólo para la salud del sector de los medios de comunicación, sino también para la viabilidad de todo el ecosistema de la información".

"En primer lugar, la distribución de una elevada proporción de fondos públicos a los medios de comunicación progubernamentales les da una ventaja injusta sobre los medios independientes y distorsiona el debate democrático".

"En segundo lugar, en un mercado competitivo en el que la viabilidad de los medios de comunicación se ve amenazada por diversos factores, la privación deliberada de una importante fuente de fondos a los medios independientes es contraria a la obligación del Estado de promover la independencia, la diversidad y el pluralismo de los medios de comunicación".

"La Relatora Especial considera que, en consonancia con las normas internacionales, el Gobierno debe establecer sistemas eficaces para garantizar la transparencia, la equidad y la no discriminación en la asignación de recursos a los medios de comunicación, incluidos los fondos públicos para publicidad".

Beneficiar a medios afines

En relación a España, el informe advierte de que “al centralizar y controlar la asignación de publicidad institucional, el Gobierno puede utilizar las métricas que beneficien a ciertos medios y a otros no, según sus intereses. En otras palabras, el Plan crea un riesgo importante de que el Ejecutivo asfixie económicamente a los medios con líneas editoriales contrarias al gobierno de turno”.

Sobre este aspecto, la Asociación de la Prensa de Madrid manifestó sus reservas sobre que sea el Poder Ejecutivo quien determine "la limitación o la retirada de fondos públicos a medios que se compruebe que difunden bulos de manera reiterada”, lo que podría dar lugar a que el Gobierno actúe contra "quienes honestamente publican informaciones contrastadas, aunque resulten molestas para los poderes públicos".

De igual forma, la Sra. Antoinette Nikolova, directora de la asociación Balkan Free Media Initiative, citó al Gobierno de España en el periódico estadounidense Político, en un tono muy crítico puesto que acusa al Presidente del gobierno español de "ir más allá de lo que recomienda el texto del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación para limitar qué organizaciones pueden optar a financiación pública, interpretando esta legislación para adaptarla a su propia agenda”.

El informe denuncia que "el Gobierno español jamás ha hecho público cuánto dinero ingresa cada medio de comunicación por concepto de publicidad institucional".

Esta situación es particularmente grave en un contexto como el descrito, "en el que existen fuertes indicios de que el Gobierno está interfiriendo en el reparto de publicidad institucional para beneficiar a medios afines y excluir a los opositores".

En este contexto, se considera que “la implementación del Plan de Acción por la Democracia, en sus actuales términos, y la gestión del Gobierno de la publicidad institucional, son incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado español, y han afectado directamente al EL ESPAÑOL, como un castigo a su línea editorial".

Por tanto, se urge al Comité de Derechos Humanos a instar al Estado a revisar y modificar estas prácticas y marcos normativos a fin de garantizar el pleno respeto y protección de los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información.

"Respetuosamente sugerimos -concluye el documento- que en sus observaciones sobre el séptimo informe periódico sobre España el Comité recomiende al Estado" un decálogo de propuestas:

1. Respetar y garantizar la libertad de prensa, incluyendo la de medios digitales y críticos al Gobierno.
2. Promover la independencia, la diversidad y el pluralismo de los medios de comunicación.
3. Consultar con la sociedad civil y organizaciones especializadas en libertad de expresión las potenciales reformas a los criterios de adjudicación de la publicidad institucional.

4. Introducir criterios claros, transparentes y objetivos de reparto de publicidad institucional, priorizando razones técnicas de mercado, con indicación del peso o ponderación que cada criterio tendrá en la decisión final de adjudicación de publicidad institucional.

5. Delegar en autoridades independientes la asignación de publicidad institucional.

6. Establecer procedimientos para la contratación y distribución de la publicidad institucional que reduzcan la discrecionalidad.

7. Abstenerse de interferir en la asignación de publicidad institucional, o aplicar otro tipo de sanciones indirectas, con base en criterios discriminatorios como la línea editorial de los medios.

8. Divulgar de forma completa, accesible y clara el gasto público en publicidad institucional, incluyendo los medios de comunicación que fueron adjudicados y los criterios utilizados para su adjudicación.

9. Dar respuestas oportunas y completas a las solicitudes de información presentadas al amparo de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

10. Garantizar el cumplimiento de todas las autoridades de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de la Ley 29/2005, de Publicidad y Comunicación Institucional.