Canarias prevé que el Gobierno "tarde un año" en reubicar a sus 4.000 menas y exige que salgan ya los 1.400 solicitantes de asilo

Canarias tiene, a 31 de marzo, un total de 5.780 menas "hacinados", según reconoció el Supremo en su auto, en sus 86 centros de acogida. Ceuta tutela a más de 600, y ambas autonomías están "sobreocupadas", según el decreto que se convalidará el jueves que viene en el Congreso. Las islas, al 700% de capacidad, la ciudad autónoma la multiplica por 10.

Y ambos gobiernos saben, de boca del Ejecutivo central, que por mucho decretazo que se haya logrado sacar adelante, los 4.000 menores que deban salir de Canarias y los 400 que se prevé que se trasladen desde Ceuta a la Península "tardarán un año", al menos, en ser reubicados en otras Comunidades Autónomas.

Europa Press

El Gobierno acuerda con Junts el reparto de 4.400 menores inmigrantes no acompañados: Cataluña acogerá entre 20 y 30

El jueves, un día después de la llamada del ministro al presidente insular, se reunía la comisión interministerial de migración. Y Torres, tan canario como Clavijo y, de hecho, su antecesor en el Gobierno de las islas, volvía a decir que sí, pero a cumplir la orden del Supremo en el plazo impuesto de 10 días.

"Es imposible que pasen como si fueran una bolsa de un lado a otro 1.000 niños", dijo el ministro. "Se estudiará caso a caso e imperará el interés general del menor". La otra parte del Gobierno insular, la del Partido Popular, se subía también por las paredes.

"Ahora que les toca a ellos, es Moncloa la que se acuerda de los argumentos que le ha estado esgrimiendo el PP", apuntaba un alto cargo popular canario, en conversación con este periódico.

"Son antes niños que inmigrantes irregulares o solicitantes de asilo... el Estado tiene que cumplir su obligación legal", seguía esta fuente del PP insular. "El Gobierno ha jugado con ellos más de dos años. Maltratan a los menores, usándolos de rehenes políticos y luego, se desentienden hasta de los que huyen de una guerra".

Recurso con marcha atrás

Pero peor aún, esa misma tarde del jueves, la Abogacía del Estado recurría el auto, para evitar cumplir la medida cautelar. Y tanto Clavijo como su vicepresidente, el popular Manolo Domínguez, reaccionaban con indignación.

El clamor fue tal que, el viernes por la mañana, Félix Bolaños dio orden de retirar el recurso, como ministro de Justicia, responsable de la Abogacía del Estado.

Pero desde el Ejecutivo isleño se recuerda que al Estado se le acaba el tiempo: el 9 de abril "se habrá cumplido el plazo imperativo del Supremo, ¿y qué van a hacer?", se preguntan las citadas fuentes. "Se los tienen que llevar ya".

Estos 1.400 menores con derecho a protección internacional deberían aliviar de inmediato la carga del sistema de protección canario.

Y además, la nueva norma aprobada por el Gobierno prevé descargar de otros 4.400 menores en total.

Pero las fuentes del Ejecutivo insular y del equipo de Gobierno de Juan Jesús Vivas en Ceuta lamentan que "el decreto establece unos plazos que incluyen intercambio de información entre Administraciones, certificación de expedientes, revisiones de la Fiscalía...", explica un portavoz canario, tras consultar con Moncloa.

"Además, libración de fondos por cada uno de los chicos y chicas, controles, turnos, revisión del posible arraigo y condiciones personales de cada menor, y finalmente, la coordinación de la recepción en destino", concluye.

De este modo, "no contamos con que el proceso termine antes de que pase un año", confirma un colaborador de Vivas, en el enclave español del norte de África.

Y todo eso, sin contar con las trabas que ya se han puesto en marcha. Para empezar, los movimientos políticos del Partido Popular para evitar la entrada en vigor de un decreto "pactado con el separatismo" de Junts.

Trabas políticas

Todas las autonomías del PP, menos Aragón, entregaron los datos a tiempo al Gobierno, el pasado lunes, cuando cumplía el plazo. Todos los menores atendidos en los últimos años, además del número de plazas con las que cuenta la región, y cuántas están ocupadas.

Sólo La Rioja admitía no estar sobrepasada; todas las demás rondaban entre el 100% y el 500%. Pero la Comunidad de Madrid recurrió el decreto ante el Tribunal Constitucional. Y la Diputación General de Aragón recurrió por lo contencioso-administrativo ante el Superior de Justicia de Madrid.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en todo caso, asume el cumplimiento de la ley —que lo será el jueves cuando se convalide el decreto en el Congreso—, pero sólo "mientras esté en vigor". Sus servicios jurídicos cuentan con ganar el recurso, o eso aseguran las fuentes.

Desde el entorno de la presidenta se recuerda que, además, a la vista de los datos oficiales, Madrid atiende más menas que Cataluña, pero "los criterios pactados por Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, asumiendo sus criterios identitarios y xenófobos con los niños y niñas", llevarán sólo a 27 chicos a Cataluña, mientras Madrid recibirá entre 700 y 800.

El Ejecutivo aragonés de Jorge Azcón, el único que se guarda sus cifras, se acogió a la cautelar solicitada para no atender el requerimiento del Gobierno central. Moncloa tiene una semana más para presentar alegaciones.

Otras regiones, como la Comunidad Valenciana, anunciaron, directamente, que no aceptarán el reparto. Así lo hizo Carlos Mazón hace ahora tres semanas, al confirmar su acuerdo con Vox para aprobar los Presupuestos de la región para 2025.

Desde Génova se apoyan estas maniobras contra un texto legal "que además es contrario al principio de igualdad territorial consagrado en la Constitución".

Y aunque Alberto Núñez Feijóo admite comprender a dos gobiernos territoriales de su partido, "antes están los principios, y la necesidad de que el Gobierno de España rectifique su no-política migratoria".

Pero el principal problema es que ese trámite de la certificación exigido por el Gobierno es únicamente el primero de los pasos burocráticos.

Por otro lado, está la propia dificultad logística de habilitar plazas que aumentan un 50% las existentes, por ejemplo, en Madrid. O en Galicia, adonde se trasladarán alrededor de 400.

"Es el alojamiento, la manutención, la escolarización, la atención médica, la psicológica, los profesores de apoyo, en fin, la tutela de un menor cuyas condiciones psicosociales, además, son especialmente difíciles", advierte un portavoz de la consejería de Bienestar Social de la Xunta.

"Nos obligan a crear un gueto, si nos imponen esta obligación de esa manera; y rompen un sistema que nos lleva décadas funcionando".