La malversación de Marine Le Pen es la misma por la que se condenó a Junqueras y Sánchez ha rebajado en España

En la segunda, del pasado lunes, Marine Le Pen se levanta de la silla del Tribunal Correccional de París cuando su abogado le chiva al oído lo que ha dictaminado la jueza. No le interesa la lectura del veredicto, abre la puerta y cierra de un portazo. 

El resultado es el mismo en ambas salas. La Justicia determina que tanto Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, como Marine Le Pen han desviado caudales públicos a fines ilegales. Malversación. Y todos ellos quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos durante años. 

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La política comparada se refleja muchas veces en espejos convexos. Porque el independentismo catalán y la extrema derecha francesa, de carácter ultranacionalista -Reagrupación Nacional-, se detestan mutuamente. 

De hecho, el alcalde de Perpiñán y expareja de Le Pen, Louis Aliot, condenado también en el juicio junto a la líder del partido, dijo hace meses en este periódico que Carles Puigdemont es un político "sectario" y su comportamiento "muy incorrecto", al hacer campaña desde su territorio durante las últimas elecciones catalanas. 

Pero, una vez más, las reacciones a uno y otro lado de los Pirineos son idénticas. En octubre de 2019, cuando se conoce la sentencia del procés, miles de personas salen a las calles al tiempo que los políticos empiezan a lanzar unas acusaciones contra los jueces que años después se condensarán en el anglicismo lawfare. 

El independentismo, siempre atento para internacionalizar su causa. 

Los líderes del procés, en un momento del juicio en 2019, con Joaquim Forn, Raül Romeva y Oriol Junqueras en primer plano.

Mientras, en Francia, quizás más disciplinados, se produce a la inversa. Primero es Marine Le Pen quien habla de una "sentencia política" propia de "un país autoritario". Y después serán los ciudadanos los que este domingo tomarán París con una manifestación. 

En el caso catalán dirán que la respuesta se produjo de abajo a arriba, de la ciudadanía a los políticos; en el francés, no hay dudas de que ocurre al contrario, por mucho que Le Pen apele a la "voluntad ciudadana". 

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'Il est Marine vraiment'

Pero el reflejo de ese espejo convexo no es una imagen deformada, sino una realidad valleinclanesca cuando entra en escena el otro actor patrio que conecta ambas historias. 

El único político español que sale al quite de Le Pen es su amigo —antes no tanto— Santiago Abascal. Y lo hace tan rápido, unos pocos minutos después de que se conozca su inhabilitación, que yerra anticipándose a la campaña internacional a favor de la líder francesa. 

Todavía resuena el portazo de Le Pen en el Tribunal Correccional de París, cuando Abascal publica un tuit en el que escribe: "No conseguirán callar la voz del pueblo francés". Y lo acompaña de una foto inspiradora de la dirigente de la Agrupación Nacional, con el mensaje en francés de JeSoutiensMarine (yo apoyo a Marine). 

A lo largo del día, ya con más calma, Viktor Orbán, Elon Musk, Matteo Salvini o Geert Wilders abanderan la campaña del Je suis Marine, que dura hasta hoy. Y rememora aquella otra del Je suis Charlie, cuando un atentado islamista acabó con la vida de una docena de personas en 2013, después de que la revista satírica Charlie Hebdo publicara unas caricaturas de Mahoma.

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El pecado y la penitencia

El delito por el que se castiga a Marine Le Pen, condenada también a cuatro años de cárcel, consiste en el uso de fondos del Parlamento Europeo para asuntos domésticos del partido. 

Ocurrió entre 2004 y 2016, un momento en el que su formación —entonces Frente Nacional, dirigido hasta 2011 por su padre, Jean-Marie Le Pen—, cosechaba mejores resultados en las elecciones europeas que en las nacionales, donde el sistema presidencialista a dos vueltas le ha perjudicado hasta ahora. 

Marine Le Pen alegaba que los bancos franceses no le prestaban dinero y empezó a desviar subvenciones procedentes del Parlamento Europeo, que debían invertirse en el ámbito comunitario, a crear una estructura más fuerte en su país. El tribunal ha estimado que la malversación alcanza los 4,5 millones de euros.

Quizás también por eso, desde Vox empaticen tanto con su aliada francesa. Porque esa fue la justificación que dieron desde el partido de Santiago Abascal, que las entidades españolas les impedían el acceso al crédito, para pedir un préstamo a un banco húngaro por valor de 9,2 millones de euros. 

Ahora la Fiscalía Anticorrupción investiga a Vox por supuesta financiación irregular, ya que podría infringir la ley que prohíbe a los partidos políticos recibir fondos de organismos extranjeros. El banco en cuestión depende, además, del Estado, y uno de sus principales accionistas es un amigo íntimo del primer ministro Orbán.

La penitencia de Abascal y Le Pen consistió en buscar dinero en otras partes ante la falta de liquidez. El pecado de la líder francesa ha sido tipificado como delito.

Marine Le Pen sale de los juzgados el pasado lunes, antes de escuchar su condena.

La reforma de la malversación

Ella defiende que "no hubo enriquecimiento personal, no hubo corrupción", como también han repetido los líderes independentistas. Pero los jueces no lo interpretan así. 

En 2021 el Gobierno indultó a los condenados del procés, por lo que los nueve que permanecían en la cárcel pudieron quedar en libertad. Y un año y medio después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez reformó el Código Penal para derogar el delito de sedición y rebajar la pena del de malversación, cuando no exista ánimo de lucro o enriquecimiento personal. 

Todos los condenados estaban en la calle, pero quedaba pendiente la inhabilitación para varios de ellos. Y ahí el Tribunal Supremo fue tajante. En un auto del pasado julio —confirmado tres meses más tarde— determinó que la malversación del procés no podía ser amnistiada. 

Pese a que los líderes independentistas no se embolsaron el dinero destinado a organizar el referéndum ilegal de 2017, los jueces entienden que sí hubo "enriquecimiento personal", en tanto que sufragaron con fondos públicos un proyecto ideado para su propio interés.

De esta forma, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa continúan inhabilitados hasta 2030 o 2031, según sus condenas; y Carles Puigdemont sigue sin poder volver a España —salvo nuevos episodios de ilusionismo, como el del pasado verano—, al estar acusado también de malversación.

Aquí resonaron con más fuerza las acusaciones de lawfare. Jordi Turull, de Junts, acusó a la "Toga Nostra" y en ERC afirmaron que "el Supremo mantiene su rebelión contra la democracia".

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Ahora Bénédicte de Perthuis, la jueza que ha dictado sentencia contra Le Pen, recibe amenazas por parte de un universo ultra que utiliza las redes sociales como caja de resonancia (al igual que el juez Pablo Llarena, por parte de los independentistas). 

Y hay más. Al margen de los miembros de su partido, la líder de la Agrupación Nacional ha recibido apoyos del ámbito liberal, como el del primer ministro, François Bayrou; de otros rivales de la derecha, como su sobrina Marion Maréchal o Éric Zemmour; o incluso de tótems de la izquierda, ya sea en su país con Jean-Luc Mélenchon o fuera de él, a través del exministro griego Yanis Varoufakis.

De hecho, un recurso ante el Tribunal de Apelación todavía podría devolver a Marine Le Pen a la carrera por las presidenciales de 2027.

Los líderes del procés nunca consiguieron tanta transversalidad. Cosas de la política comparada, que ofrece analogías entre compañeros insospechados.