Nueve comunidades prohíben ya el uso de móviles en el aula y la mayoría limita el uso de todo tipo de pantallas

El modelo educativo en España está dando un giro. La Administración central y los gobiernos autonómicos han empezado a limitar el uso de pantallas y dispositivos digitales tras años en los que estos aparatos eran "imprescindibles" en las escuelas.

Esta tendencia ha creado alianzas que parecían imposibles, como la del Gobierno de España y el madrileño de Isabel Díaz Ayuso. Ambas instituciones han empezado a regular el uso de estos dispositivos en los centros escolares, con el visto bueno de los padres.

Tanto el departamento de la ministra de Educación como la presidenta regional han coincidido en tiempo y forma para prohibir el uso de pantallas en los colegios. Las normas no son idénticas, pero tienen muchos puntos en común. ¿El principal? Que los jóvenes vuelvan a los libros de texto y reduzcan el uso de pantallas.

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Aunque la comunidad educativa, especialmente los padres, lleva años valorando este giro, no todos están de acuerdo. Varias agrupaciones de centros privados y algunos sindicatos se han mostrado en contra, al considerar las nuevas medidas un ataque a la autonomía educativa.

Lo cierto es que la tendencia parece imparable. Nueve comunidades autónomas ya prohíben el uso de móviles en los colegios y la mayoría ha comenzado a limitar el uso de todo tipo de pantallas, como acaban de anunciar la Comunidad de Madrid y Murcia.

Gobierno de España

La línea del Gobierno de España la marcan la ministra de Educación, Pilar Alegría, y la titular de Infancia, Sira Rego. Ambas han participado en la elaboración de un proyecto de ley para "salvaguardar" a los jóvenes del uso de dispositivos móviles y el acceso a internet.

Aunque la ley del Gobierno va más allá del aula —prohibiendo el acceso a redes sociales a menores de 16 años— también incluye un apartado específico para la etapa educativa. Concretamente, obliga a todos los centros (ya sean públicos, privados o concertados) a regular expresamente el uso de dispositivos móviles y digitales en las aulas.

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La futura ley supone, además, un paso más respecto a la decisión que tomó el Consejo Escolar del Estado (órgano en el que están representadas todas las regiones) el pasado enero, cuando vetó los móviles en Primaria y limitó su uso en Secundaria.

La duplicidad de competencias en Educación, entre las CCAA y el Estado, hace que estas normas sean complementarias. De hecho, las medidas de autonomías como Madrid solo se pueden aplicar en colegios públicos o concertados. La ley del Gobierno, en cambio, las extiende a los centros privados.

La ministra Pilar Alegría durante la reunión con el sector educativo.

Teléfonos móviles

Actualmente, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Cataluña, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Baleares regulan el uso de móviles en las aulas.

Según la asociación Pantallas Amigas, la última en hacerlo ha sido Baleares, cuyo anuncio se hizo efectivo este curso. La pionera fue Castilla-La Mancha, donde el uso de móviles está prohibido en las aulas desde 2014.

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Por otro lado, Aragón y Castilla y León ya tienen normas para limitar el uso de estos dispositivos, mientras que Cantabria y Canarias están trabajando en medidas concretas basadas en informes de grupos de trabajo.

La Rioja, Navarra, País Vasco y Asturias no tienen una norma específica, pero los propios centros, dentro de su autonomía, ya aplican medidas de control. Asturias, por ejemplo, ha adaptado las guías de recomendación elaboradas por la consejería.

Ordenadores y tabletas

En cuanto al uso de dispositivos como ordenadores o tabletas —que en muchos centros han sustituido a los libros de texto en papel— la regulación está todavía en una fase inicial.

Como ocurre con los teléfonos móviles, muchas regiones no tienen leyes específicas, pero sí guías docentes que los centros pueden aplicar o no, al no ser de obligado cumplimiento.

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Madrid lidera esta regulación con su último borrador de decreto, presentado en marzo. Murcia ha anunciado su intención de hacer lo mismo: el presidente Fernando López Miras confirmó la medida el mismo martes en que el Consejo de Gobierno dio el visto bueno a la futura ley nacional.

Cataluña lleva tiempo elaborando una normativa similar. En Baleares, la limitación de dispositivos se introducirá a través del currículum escolar, regulando el uso de pantallas en las asignaturas e incluso eliminándolas entre primero y tercero de Primaria.

La Comunidad Valenciana también está trabajando en resoluciones específicas para limitar el uso de pantallas a un apoyo educativo y evitar que se conviertan en la base de la formación, como ocurre cuando los alumnos hacen los deberes con una tableta.

Algunas regiones han optado por ir más allá del entorno escolar, siguiendo la pauta del Gobierno de España. Es el caso de Galicia, que prepara una Ley de Educación Digital.