Todos los presidentes del PP salen en tromba contra las "migajas" que la quita de la deuda supondría en sus cuentas

Ninguno de ellos negociará bilateralmente con el Gobierno. Lo han decidido así para no "blanquear la enésima cesión de Sánchez al independentismo". "Además, son migajas en nuestras cuentas", dicen.

Fue Oriol Junqueras el que destapó el pacto. Así estaba acordado entre el Gobierno y Esquerra Republicana. El líder separatista comparecía a media mañana para anunciar que habían arrancado a Pedro Sánchez una condonación del 22% de su deuda, alrededor de 17.000 millones de euros.

Acto seguido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero hacía extensiva una propuesta a las demás Comunidades para "camuflar" –así lo perciben los barones del PP– un nuevo "arrodillamiento" ante quienes impulsaron el procés. Montero prometía más de 83.000 millones de condonación, divididos entre todas las demás Comunidades.

Jorge Azcón fue el más ilustrativo a la hora de definir el pensamiento de los barones. Habló de las "lentejas". Para los independentistas, "con jamón y chorizo". Para los demás, "lentejas a secas". Y no se las van a comer. Votarán "no" en el Consejo de Política Fiscal, votarán "no" en el Congreso de los Diputados y se negarán a negociar cuando llegue la hora de la verdad.

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El Gobierno insistirá –se muestran conscientes de ello en Génova– para intentar conquistar con cantos de sirena. Sánchez se aprovechará de la inercia de la primera parte de esta carrera. En el Consejo de Política Fiscal y en el Congreso, Moncloa y sus socios cuentan con mayoría. Sin embargo, habrá que rematar el acuerdo en negociaciones bilaterales con los presidentes autonómicos.

Igual que Azcón (Aragón), Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juanma Moreno (Andalucía), Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), María Guardiola (Extremadura), Marga Prohens (Baleares), María José Saénz de Buruaga (Cantabria), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Alfonso Rueda (Galicia), Gonzalo Capellán (La Rioja)... todos pusieron pie en pared.

Bien ellos mismos o con declaraciones de sus consejeros de Hacienda, los gabinetes de todos los presidentes se ocuparon de que a última hora de la tarde no hubiera medio de comunicación en España que no conociera la noticia: el PP estaba al completo en el "no".

Este sería un resumen al respecto. Ayuso dijo: "No se puede ser más caradura. Quieren imponer a punta de pistola un nuevo trágala a todos los españoles".

María Guardiola tachó a Sánchez de "servil al separatismo y desleal a las demás Comunidades".

María José Sáenz de Buruaga se expresó en Twitter: "¡Que no nos engañen! La condonación de la deuda es una maniobra trilera".

Mañueco apuntó: "Este es el precio para mantener a Sánchez en Moncloa".

En Génova, refieren que Sánchez sólo ha ofrecido la quita para camuflar la "enésima cesión al independentismo" y que, con esa oferta "injusta y extensiva" a las demás Comunidades pretende "blanquear" sus "ataques a la igualdad entre ciudadanos".

"España somos todos"

El Gobierno tenía la esperanza de provocar disensiones internas entre los populares mediante la quita de la deuda por la facilidad momentánea que da al balance económico de quien la acepte. Pero ni siquiera a través del ángulo económico les parece una propuesta justa a los presidentes del PP: "Son migajas".

Pongamos como ejemplo para explicarlo el caso de Andalucía. Lo explicaba su consejera de Hacienda, Carolina España.  Si el Estado asume 18.791 millones de deuda de esta Comunidad, supondría un ahorro de 140 millones anuales para esta región, que son los intereses de esa deuda. Sin embargo, María Jesús Montero, cuando era consejera de la Junta, se quejaba de la financiación autonómica y reclamaba al entonces presidente Rajoy 4.000 millones de euros al año más para su tierra.

Conclusión: Andalucía estaría recibiendo 36.000 millones menos de lo que pedían los socialistas cuando gobernaban la Junta... y el PP estaba en La Moncloa.

Sin embargo, no es el económico el principal argumento del PP para rechazar la quita de manera conjunta. Lo que más subleva a los barones es el marco de "reino de taifas" que quiere instaurar Sánchez para esconder los privilegios que va otorgando a los independentistas.

"Nos quiere utilizar, pero no vamos a caer en la trampa. No vamos a entrar en un marco que legitima la desmembración del Estado y la vulneración de derechos entre ciudadanos", sintetizan algunos de ellos.

La posición conjunta exhalada ayer en cascada nace de una declaración firmada por los barones en septiembre del año pasado. Fue en Madrid, en el Palacete de los Duques de Pastrana. El documento se tituló "España somos todos" e incluía entre sus conclusiones lo siguiente: "Condenar totalmente la artimaña de la bilateralidad con los separatistas con la que el Gobierno pretende camuflar su determinación de construir un país con ciudadanos de primera y de segunda, y comprometernos por nuestra parte a no romper la multilateralidad en ningún supuesto".

Hasta entonces, Moncloa se aprovechó de las dudas que generaban en Feijóo las tradicionales diferencias que aparecían entre los barones en relación a distintos asuntos. Con aquel documento, Feijóo se aseguró una postura común en un punto que sabía que iba a ser delicado: la financiación autonómica.

Sánchez ya lanzó el globo sonda en cuanto supo que Esquerra Republicana le pediría una condonación de la deuda. Quiso testar si algún díscolo en el PP aceptaría una negociación similar, lo que habría dado carta de naturaleza a su operación. Podrían haber dicho: "Esto no es cosa de Cataluña, es cosa de España entera". Pero el "no" de los populares se escribió en septiembre como una profecía.

De hecho, en la planta noble de Génova, cuando se pregunta por la quita de la deuda, señalan el documento de Pastrana para dar el portazo al Gobierno.