ERC cree necesario un verificador como Berghof de sus pactos con el PSOE por el 'espionaje de Estado'

Sin embargo, un portavoz de la formación presidida por Oriol Junqueras sí aprovechaba para relacionar esta información con el "espionaje a los líderes independentistas" del que lleva acusando al Gobierno de Sánchez desde el estallido del llamado caso Pegasus. 

"Éstas son informaciones difíciles de conseguir si no es mediante un seguimiento por parte del Estado español", apunta a EL ESPAÑOL un miembro de la cúpula más cercana a Junqueras y a su número dos, la fugada Marta Rovira.

"Somos conscientes de que Rovira ya habló en un documental de la televisión suiza sobre cinco o seis organizaciones" con las que había mantenido contactos, y que esto podía suceder". Entre estos organismos estaba la Fundación Berghof, Henri Dunant o la Principles for Peace Foundation.

La fundación alemana Berghof, un organismo alemán especializado en la "transformación de conflictos", lleva trabajando con la izquierda independentista vasca, desde los años de la ilegalizada Batasuna. Ahora, Berghof trabaja intensamente en el blanqueamiento político de con EH-Bildu.

La organización cuenta entre sus filas con una investigadora principal, Véronique Dodouet, especialmente implicada que ha escrito sobre la "criminalización" de 'Josu Ternera', ex jefe de ETA para el que pide la libertad. En nombre de Berghof, Dodouet ha colaborado con el etarra en varios eventos, además de con Iñigo Iruin, histórico abogado de terroristas y hoy letrado de Rovira.

El contacto con Berghof

La secretaria general de ERC huyó de la Justicia española en marzo de 2018, cuando el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, la había citado para comunicarle su procesamiento por el caso que investiga a resultas del procés separatista que culminó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Hoy, Rovira está siendo investigada, asimismo, por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que la imputa por un delito de terrorismo, por su implicación en el llamado caso Tsunami.

En el verano de 2018, la secretaria general de ERC, ya instalada en Ginebra, contactó con varias organizaciones especializadas en la mediación, verificación y facilitación entre partes en conflicto. Una de ellas fue Henri Dunant (HD), que medió entre ETA y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero participó en el acto que escenificó el desarme de la banda, y ahora es el verificador de Junts con el PSOE.

Marta Rovira en una imagen de archivo.

HD trabaja desde entonces con Rovira, la persona que "tiene el poder" en ERC para las negociaciones con el Gobierno de Sánchez, como las enmiendas a la Ley de Amnistía. Sin embargo, la número dos del partido separatista ha optado por la alemana Berghof para pilotar sus reuniones con el PSOE en Suiza, por su experiencia con Bildu, aliado parlamentario de Esquerra desde la pasada legislatura.

El 'espionaje' a Aragonès

Precisamente, las conexiones con los grupos más violentos dentro del movimiento independentista es la que, presuntamente, motivó la petición del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al juez del Supremo Pablo Lucas.

Así se informó a los diputados de la comisión de gastos reservados del Congreso -conocida como de secretos oficiales- cuando, tras el estallido del llamado caso Pegasus, el Gobierno forzó la comparecencia de la entonces directora del CNI, Paz Esteban.

Moncloa trataba de rebajar el escándalo del bautizado como CatalanGate, después del poco éxito de otra revelación, la de que el mismo presidente también habían sido infectados con el software espía Pegasus. Y junto a él, el del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de la titular de Defensa, Margarita Robles; y el teléfono del ministro de Agricultura, Luis Planas.

La única conexión entre ellos señalaba a Marruecos (Planas, antes de ser ministro, fue embajador en el país magrebí). Y una clave que lo confirmaba es que, meses antes, se había filtrado que el teléfono de Arancha González Laya, entonces titular de Exteriores, había sido espiado en plena crisis diplomática por el asalto de 10.000 personas a Ceuta, instigado por las autoridades Rabat. 

La polémica del supuesto CatalanGate había provocado una "pérdida total de la confianza" de ERC, de la mano de Bildu, su aliado parlamentario y también socio del Gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos. E incluso amenazaba con acabar con la legislatura. La destitución de la directora del CNI le dio una cabeza al independentismo, pero para renovar su apoyo a Sánchez, en esta legislatura exigieron una comisión de investigación sobre Pegasus y el resto de "cloacas de Interior".

Este mismo lunes, ERC ha presentado tres escritos en el Registro del Congreso para pedir la comparecencia de Marlaska; del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; y del Director Adjunto Operativo, jefe de la Policía, José Ángel González. "Deben aclarar si han actuado o no para acabar con el espionaje del Estado".

Fuentes del PSOE apuntan a este diario que "se estudiará" si se aceptan esas comparecencias... pero Esquerra aclara que "es el momento de "demostrar el compromiso de Sánchez con la depuración de las denominadas 'cloacas de Interior'. El presidente debe desmarcarse de estas prácticas claramente".

Los republicanos, de hecho, recuerdan que están pendientes tanto la cuarta edición de la mesa de gobiernos, "en el primer trimestre" de este año, y antes, la reunión en Suiza de los dos partidos, verificada por Berghof. "Es un mes lo que tienen", avisa un portavoz republicano, para que se celebre en la primera de esas citas, que servirá "para comprobar el avance en los compromisos del PSOE". 

Polémica preparada

Aunque toda la polémica de Pegasus había nacido de la publicación de un informe firmado por CitizenLab lleno de incoherencias, inconcreciones, falta de rigor científico. Así lo demostró otro contrainforme de 237 páginas, un exhaustivo trabajo firmado por José Javier Olivas Osuna, experto del Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración de la UNED y de la London School of Economics, y coordinado por Jordi Cañas, europarlamentario y portavoz político de Ciudadanos. 

CitizenLab es un organismo supuestamente independiente que trabajaba para una universidad canadiense, pero el documento estaba y además había sido elaborado por Elies Campo, antiguo asesor de la Generalitat de Cataluña y después, también, ingeniero jefe del desarrollo de la llamada 'república digital catalana'. 

Según pudo saber EL ESPAÑOL, el president (ERC) fue investigado por el CNI entre los años 2019 y 2020 por sus conexiones con los CDR (Comités de Defensa de la República). Así lo confirmaron a este diario fuentes conocedoras del contenido de los papeles secretos del CNI entregados a los diputados presentes en la comisión de gastos reservados del Congreso, en mayo de 2022. 

Además, el posible montaje mediático del independentismo quedó demostrado cuando se comprobó que el informe llevaba más de un año guardado en un cajón, antes de ser publicado, a la espera de que el Parlamento Europeo decidiera abrir una comisión de investigación sobre las implicaciones de este malware y otros programas espía en las democracias europeas.

Otro indicio claro de que Aragonès sabía tanto que había sido pinchado por las razones luego desveladas por este periódico como de que el escándalo estaba a punto de estallar es que canceló la tercera reunión de la Mesa de Diálogo con el Gobierno pocos días antes. Aquella comisión PEGA estaba presidida por la diputada holandesa Sophie In 't Veld, cuyas conexiones con el independentismo catalán son conocidas, y que hizo constar en un borrador de informe, después enmendado, pero que ella había publicitado como el definitivo.

"ERC no entra en especulaciones que se puedan hacer ahora, precisamente en el día en que se aprecia el alcance que tuvo y quizás aún tiene la 'operación Cataluña'", añade el citado portavoz de la formación independentista.

Para Esquerra, la revelación del nombre de su verificador, pactado con el PSOE, sólo se explica desde la infiltración de las cloacas, porque "el espionaje" seguiría vigente todavía, lo que motiva su desconfianza. "Las supuestas reuniones que mantuvo Rovira en 2018 con esa fundación", serían una reacción a la operación Cataluña. Y "que luego se relacionen con otros trabajos que haya podido desarrollar esta entidad", formarían parte, pues, de que el acoso del Estado aún permanece.