La Junta Democrática: de combatir al franquismo a acampar en el Congreso frente a Sánchez

El 30 de julio de 1974, Santiago Carrillo, Rafael Calvo Serer, José Vidal Beneyto y Antonio García-Trevijano presentaron simultáneamente en Madrid y París la Junta Democrática de España, una estructura política constituida por una coalición de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales de oposición a la dictadura franquista. Estaba constituida por un conglomerado ideológico muy dispar, pero con un mismo fin:lograr el derrocamiento del régimen dictatorial y el establecimiento de una democracia representativa en España.

Entre sus filas integraba al Partido Comunista de España (PCE) liderado por Santiago Carrillo, monárquicos liberales vinculados a don Juan De Borbón o intelectuales pertenecientes al Opus Dei como Rafael Calvo Serer, todos ellos aglutinados por el objetivo común de conseguir la ruptura democrática.

Dos años más tarde, el 26 de marzo de 1976, se crea la Platajunta, un organismo unitario dirigido por Antonio García-Trevijano, de oposición al régimen fruto de la fusión de la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática (creada en 1975, como reacción a la anterior, por el PSOE, el Movimiento Comunista, democristianos y socialdemócratas).

En la fundación de la Junta Democrática de España intervinieron (además del PCE y personalidades intelectuales) el Partido Socialista del Interior (redenominado Partido Socialista Popular al formarse la Junta Democrática); el Partido Carlista, fundado en 1969 y representado por su secretario general, José María de Zavala Castella, al servicio de Javier I de Borbón-Parma y de su hijo y sucesor Carlos Hugo de Borbón-Parma; y la Alianza Socialista de Andalucía, fundada en 1971 por Alejandro Rojas-Marcos de la Viesca.

Posteriormente se incorporaron el Partido del Trabajo de España (PTE), el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), la asociación de juristas Justicia Democrática y una serie de figuras independientes, como el aristócrata, escritor y actor exiliado en Francia José Luis de Vilallonga.

Declaración de la Junta Democrática de España

La Junta publicó en julio de 1974 una Declaración de principios que constituyó su primer aldabonazo en la política española de la Transición: la "Declaración de la Junta Democrática de España al pueblo español". En el acto de presentación de la declaración en París aparecieron juntos el centrista Rafael Calvo Serer y el comunista Santiago Carrillo, aunando así la oposición antifranquista del exilio y del interior. La integración en la Junta Democrática del Partido Carlista de Carlos Hugo de Borbón tuvo lugar en septiembre de 1974, uniéndose posteriormente el PCE, tras cambiar sus siglas por las de PTE.

El manifiesto incluía 12 puntos:

• La formación de un Gobierno provisional que sustituya al actual, para devolver al hombre y a la mujer españoles, mayores de dieciocho años, su plena ciudadanía mediante el reconocimiento legal de todas las libertades, derechos y deberes democráticos.
• La amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza política y la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas o sindicales.
• La legalización de los partidos políticos, sin exclusiones.
  La libertad sindical y la restitución al movimiento obrero del patrimonio del Sindicato Vertical.
• Los derechos de huelga, de reunión y de manifestación pacífica.
  La libertad de prensa, de radio, de opinión y de información objetiva de los medios estatales de comunicación social, especialmente en la televisión.
• La independencia y la unidad jurisdiccional de la función judicial.
• La neutralidad política y la profesionalidad, exclusivamente militar para la defensa exterior, de las Fuerzas Armadas.
• El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco, gallego y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente.
• La separación de la Iglesia y del Estado.
• La celebración de una consulta popular, entre los doce y los dieciocho meses (contados a desde el día de la restauración de las libertades democráticas), con todas las garantías de libertad, igualdad de oportunidades e imparcialidad, para elegir la forma definitiva del Estado.
• La integración de España en las Comunidades europeas, el respeto a los acuerdos internacionales y el reconocimiento del principio de la coexistencia pacífica internacional.

En la actualidad

En diciembre de 2020, Rubén Gisbert crea una organización civil con la misma denominación, Junta Democrática de España (JDE), que coordina y promueve la acción unitaria del pueblo español para que se instituya libre y pacíficamente en España un régimen democrático. Esta asociación civil promueve en su manifiesto la reforma del régimen político español.

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Los principios fundamentales de la organización son el establecimiento de un sistema de elección directa de los representantes políticos, la separación de poderes en origen entre el legislativo y el ejecutivo y la independencia del poder judicial. La JDE señala que tal separación de poderes no existe ni de facto ni de derecho, debido a la contaminación que producen los partidos políticos en la toma de decisiones del poder ejecutivo, legislativo o el Tribunal Constitucional.

En su manifiesto incluye:

• Todos los seres humanos son por naturaleza igualmente libres e independientes, y su convivencia en estado de sociedad debe regirse y gobernarse garantizando su libertad e independencia colectiva e individual.
• La Nación Española no reconoce la autoridad ni legitimidad para gobernarla ni regir su vida en sociedad de ningún Estado cuya forma jurídica no haya sido elegido por aquella tras un periodo de libertad constituyente.
• La nación española es un hecho histórico dado, y su realidad está determinada por su diversidad cultural, lingüística y regional, que debe ser protegida y preservada indiscriminadamente. Por ello y en atención al daño que la concentración y centralización del poder del Estado de las Autonomías ha generado económica y socialmente, se debe devolver a los municipios el poder que garantice su independencia económica y desarrollo cultural.
• El pueblo español es el único sujeto político legitimado para darse a sí mismo una forma de Estado y hacer sus propias leyes a través de representantes elegidos uninominalmente en distritos electorales de no más de 100.000 habitantes.
• Toda votación cuyo fin no sea elegir uninominalmente a los miembros del legislativo con mandato unipersonal, imperativo y revocable del elector y separadamente al ejecutivo, es fraudulenta al atentar contra la libertad política del pueblo español. Y se considera un mecanismo para que bajo la fuerza, coacción o miedo se acepte o legitime un sistema tiránico que hace sus leyes y las impone a la nación tiránicamente.
• La no participación voluntaria de la mayoría absoluta de la ciudadanía en unas votaciones cuyo fin no sea el determinado en el punto anterior, deja a todo Estado que las organice carente de autoridad ni legitimidad para formar gobierno ni hacer leyes, por lo que a partir de dicho instante será considerado como un poder impuesto mediante la fuerza a la nación española y enemigo de esta.
• Deslegitimado el Estado, se debe crear un gobierno provisional que mantenga la funcionalidad del Estado y acompañar a ello la apertura de un período de libertad constituyente de mínimo un año de duración. En este periodo el gobierno provisional debe garantizar la libertad de prensa e información para la difusión de todo pensamiento y propuesta política que se base en los principios democráticos de la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo y la representación política por elección uninominal.
• A la finalización del período de libertad constituyente, todo español mayor de dieciocho años deberá ser convocado mediante referéndum para elegir la forma de Estado propuesta desde las diferentes organizaciones civiles que las propugnen.
• Una vez elegida la forma de Estado por la nación, deben realizarse unas elecciones al parlamento o cortes constituyentes, cuyo fin será el de redactar una constitución que establezca la garantía de los derechos fundamentales en una declaración de derechos de España y determine la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo.
  
  Paralelamente a ello deberá suprimirse el Tribunal Constitucional y se creará un consejo de justicia con dotación presupuestaria independiente que garantice la independencia del poder judicial.