La UE compara la amnistía en España con los ataques al Estado de derecho que paró en Polonia y Rumanía

La noticia llegaba en Bruselas, apenas 12 horas después y en el mismo escenario donde se escribió la carta que el comisario de Justicia de la UE remitió el día anterior al Gobierno de España, "seriamente preocupado" por la futura ley de amnistía.

Y justo en el momento en el que el número tres del PSOE, Santos Cerdán, iba a presentar el acuerdo, un portavoz de la Comisión le ponía detalles nuevos a un "asunto tan relevante": la carta al Gobierno de España se envió "como ha hecho la Comisión en otros casos en los que hay un problema con el Estado de derecho, como en Polonia, Rumanía y Bulgaria".

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La inclusión de Polonia es fácil de entender, como explica Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (LIBE), en conversación con este diario: "Polonia ha sido, como Hungría sigue siendo, un ejemplo de ataque sistemático al Estado de derecho, y por eso ambos países están sometidos a procedimientos de sanciones previstos en el artículo 7 del Tratado".

Pero eso es precisamente lo que parecía sugerir la Comisión, este jueves, en palabras del portavoz de Justicia, Christian Wigand.

"El comisario ha mandado más cartas a los gobiernos de otros Estados miembros, pero su contenido no es necesariamente público", respondía tratando de escabullirse de la prensa sin dar más detalles.

"No daré más detalles, pero cuando hay problemas con el Estado de derecho, como en el procedimiento de sanción a Polonia en el ámbito judicial, o en los mecanismos de cooperación y verificación contra la corrupción en Rumanía y Bulgaria, actuamos como en este caso".

La amnistía rumana

¿Qué pasó en Rumanía que lo asemeja tanto a España? En enero de 2019, el país ocupaba la presidencia de turno en la UE, gobernaba el Partido Socialista, y su primer ministro también impulsó una ley de amnistía que favorecía a otros políticos. En este caso, el beneficiado era el hombre fuerte de su propia formación, Liviu Dragnea, líder del Partido Social Demócrata (PSD).

Entonces, la Comisión fue de frente y con "menos remilgos" que en el caso español, apunta un alto funcionario de la UE. No fue la comisaria de Justicia, Vera Jourova entonces (hoy vicepresidenta del ramo), sino el propio presidente, Jean-Claude Juncker, el que advirtió del "paso atrás en el Estado de derecho" que supondría pasar esa ley en el Parlamento de Bucarest.

"Hubo tres debates y una resolución de la Eurocámara, además", recuerda Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI). Desde ese cargo, el ahora también secretario general de Ciudadanos, fue ponente de los trabajos para levantarle la inmunidad a Puigdemont, y darle validez a la euroorden contra él, para que responda ante los tribunales españoles por el 1-O. 

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"Todos esos antecedentes de países que cita la Comisión son actos equivalentes", añade Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP e integrante de las dos comisiones parlamentarias citadas. "En el caso de Rumania se trataba de una despenalización a la carta en beneficio de malversadores, algo muy similar a lo que se hache con este delito en España, o lo que se hizo derogando el de la sedición".

"Especial vigilancia"

Esto encaja de lleno con la advertencia del propio Didier Reynders, hace apenas un mes desde Bruselas, cuando dijo que la Comisión estaría "muy vigilante" sobre el contenido de la ley de amnistía que negociaba el Gobierno español con los partidos independentistas catalanes, "sobre todo en lo que se refiere a los delitos de malversación".

Pero casa mal con la filtración de la misiva. El ministro Félix Bolaños contestó de manera inmediata y contundente a la carta del comisario de Justicia. Y los reproches aparecían desde la primera línea, porque la misiva había aparecido antes en EL ESPAÑOL y en otras redacciones que en su mesa. De hecho, el portavoz de Reynders contestaba azorado a este punto, alegando que no sabía "cómo un eurodiputado había accedido" a la misma y la había difundido.

Pero lo cierto es que ya había rumores desde hacía días en Bruselas de que la Comisión iba a actuar. De hecho, Reynders ya se había puesto en contacto por teléfono con la ministra de Justicia, Pilar Llop, semanas antes, para solicitar "información detallada". 

El gobierno comunitario no actúa en un "asunto interno" de un Estado miembro si no ve motivos de "seria preocupación". Es decir, que al no obtener una respuesta satisfactoria, Reynders la reclamó por escrito... y permitió que se filtrara, para mayor difusión.

Como señala a este diario Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior y hoy europarlamentario, "la intervención es un aviso grave, y da la medida de que en Bruselas no se acepta sin más lo que ocurre en España". Zoido fue juez antes de dedicarse a la política, y destaca el valor de las notas conjuntas de las asociaciones judiciales y las de fiscales. "Jamás había pasado". 

Así lo remarca Zarzalejos: "La amnistía ya se considera por la Comisión de Venecia como un acto contra la independencia judicial", en casos como éste. "Porque suponer dejar sin efecto resoluciones judiciales por vías distintas a la del sistema de recursos y alegaciones".

Antecedentes

Todas las instituciones de la Unión Europea están en guardia en estos años con el asunto del dinero. Por primera vez en la historia, la Unión se ha endeudado de manera mancomunada para la emisión de los Fondos de Recuperación. De ahí la misión parlamentaria que visitó España el pasado mes de febrero, y de ahí los requerimientos constantes de la Comisión, que es guardiana de los Tratados y de la relación con los gobiernos de los Estados miembros.

"Independientemente de las excusas detrás de las que se esconden los gobernantes con pulsión arbitraria o populista, siempre buscan debilitar la separación de poderes, escabullirse de la responsabilidad ante delitos propios, de colegas o de aliados", advierte Maite Pagazaurtundua, también eurodiputada liberal y también en LIBE.

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"La Comisión ve un riesgo para el Estado de derecho en España por los antecedentes en el anterior Gobierno Sánchez", añade. "Eliminar la sedición del Código Penal, suavizar delitos de malversación, la retórica populista desde el Consejo de Ministros contra los jueces por satisfacer a secesionistas condenados, además de lo que parece una paulatina captura del Estado".

Según Pagaza, en Bruselas la amnistía ya se ve como "un salto cualitativo" que afecta a la reputación de España ante sus socios europeos, en su opinión, "de vergüenza".

Qué puede hacer Bruselas

La negociación con Junts acabó este jueves, una semana después de lo esperado por el PSOE. Y en Bruselas, en lugar de en Barcelona, como había diseñado Pedro Sánchez. Todavía falta cerrar el pacto con el PNV, o eso se dice. Y aun así, ya hay fecha para la investidura, lo que da cuenta de lo claro que tiene el PSOE que no habrá problema con los nacionalistas vascos.

Y de que el calendario pasa por registrar la proposición de ley este viernes o el lunes, para que se califique como muy tarde el martes, el miércoles 15 se celebre el debate y el jueves 16 se reelija a Sánchez presidente del Gobierno.

En este tiempo, con un fin de semana de por medio, ¿puede la Comisión Europea hacer algo? "Cuando llegue ese río, cruzaremos ese puente", respondía el portavoz del comisario de Justicia, tratando de acabar con las preguntas de la prensa.

Bruselas tiene un catálogo grande de herramientas para actuar: desde las advertencias públicas al procedimiento de sanción, pasando por el mecanismo de condicionalidad de los fondos. Pero no es probable que haya una declaración como la de Juncker, entre otras cosas porque España es un país más grande y poderoso que Rumanía, y Sánchez aún mantiene prestigio entre sus colegas europeos.

"Pero es que el caso español no tiene nada que ver", apunta de nuevo López Aguilar, quien defiende que la única falla es el bloqueo del CGPJ, "por culpa sólo del PP". Y que tanto el Poder Judicial, como los tribunales, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional siguen "en su sitio" y actuando de manera independiente. "Tanto, que a veces emiten resoluciones que causan perplejidad... pero se respetan y se acatan".

El también exministro de Justicia del PSOE es el ponente parlamentario de los expedientes contra Varsovia y Budapest, además de serlo de los trabajos que la Eurocámara elabora ante cada informe sobre el Estado de derecho que emite la Comisión.

Y apunta, "aquí no hay una mayoría absoluta que le haya dado la vuelta a toda la separación de poderes y a cada institución; aquí lo que hay es un gobierno en minoría que alcanza pactos sudándolos", que representan "la voluntad popular expresada por las urnas".

Pero hay dos aspectos más que pesan contra España. Por un lado, Polonia está en proceso de cambio de Gobierno y, después de muchos años de quejas junto a Hungría de que la Comisión sólo se atrevía con ellos, cortándoles el grifo del dinero, y ahora utilizan "el caso español" como medida del "verdadero compromiso de la Comisión".

Y por otro, el propio Reynders, al que le quedan seis meses en la oficina y, a sus 65 años, "no le va a pasar ni una a Sánchez ni a Bolaños, que lo tienen muy molesto", cierra un alto funcionario europeo que tiene una relación estrecha con el comisario. "Desgraciadamente para España, el paso que quiere dar Sánchez es tan grave, que puede ser la oportunidad para él de dar un último ejemplo y salir por la puerta grande".