La letra pequeña de la propuesta de amnistía de Sumar: exonera a los CDR, a policías y a 900 políticos

El equipo de juristas reclutado por Yolanda Díaz ya tiene nombres y fechas para enmarcar la futura Ley de Amnistía del Gobierno, el precio del apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez. Este dictamen, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, abrirá la puerta a condonar los delitos de más de 900 políticos, funcionarios y manifestantes violentos entre el 1 de enero de 2013 hasta el 17 de agosto de 2023. Entre ellos, también policías, guardias civiles y miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Así lo desliza el informe, encargado por Sumar a cinco expertos penalistas para dotar de "respaldo constitucional" y servir de cimientos para la nueva ley. La letra pequeña del texto, titulado Dictamen sobre una propuesta de Ley de amnistía, justificaría la condonación de los delitos para "resolver el conflicto existente entre Cataluña y el Estado español".

Cabe señalar, no obstante, que los postulados que recoge el informe de 37 páginas no representan a pies juntillas la opinión del partido político. Por contra, como ya señalaban fuentes de la coalición electoral el pasado lunes, sólo representaban "a los juristas encargados de redactarlas", una fórmula retórica para que Yolanda Díaz se reserve el derecho a no incluir en su iniciativa todo el contenido del dictamen.

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La novedad del texto, que ya está en posesión de los socios para su evaluación, sería beneficiar de la amnistía los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encausados por las cargas policiales del 1-O, así como por su actuación en otras movilizaciones independentistas, siempre que no estén acusados de delitos de torturas, detenciones ilegales y otros contra la integridad moral. El sentido, dicen fuentes del partido, es dotar a la ley de un "espíritu de reconciliación, en que ambos lados ceden en beneficio del interés general". 

El equipo jurídico que ha elaborado el dictamen especifica que podrían beneficiarse de la amnistía "todas aquellas acciones y omisiones ejecutadas por ciudadanos reivindicativas de la autodeterminación de Cataluña". Esto incluye, al igual que hacían los primeros borradores de la ley en 2021, los delitos de lesiones, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de domicilio de personas jurídicas, daños, falsedades documentales y usurpación de funciones públicas.

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En el amplio espectro del perdón también aparecer los delitos contra la Administración pública y la Administración de Justicia, delitos contra la Constitución y contra el orden público. Algunos nombres que habían sonado como posibles beneficiarios de la amnistía, como la expresidenta del Parlament, Laura Borrás, o el expresident Jordi Pujol, quedarían fuera del alcance de la amnistía, según se deduce del informe.

Por contra, el informe explica que la mayor parte de los beneficiados por la amnistía únicamente están acusados de delitos penales, civiles o administrativos de poca consideración. Entre ellos, el texto apunta a las concentraciones de 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 que después sirvieron para acusar de sedición a varios de los líderes del procés.

Los autores del dictamen también proponen que queden anuladas 850 multas administrativas impuestas por desórdenes públicos —y que no tuvieron la categoría de delito— en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. El argumento es básicamente uno: el Estado tiene la capacidad de solucionar problemas de carácter político, y el Estado ha estado enfrentado con Cataluña, por lo que ambas partes deben de tener sus respectivas amnistías (políticos y policías).

El documento académico enumera algunos de los supuestos que podrían quedar encuadrados en la amnistía. Entre ellos, los 54 cargos de la Generalitat que permanecen imputados en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por organización del referéndum del 1-O y el Juzgado 18, por desviar dinero público para recabar apoyos internacionales al procés a través del "sector exterior" de la Generalitat.

También menciona 700 alcaldes que permanecen encausados por ceder locales para la celebración del referéndum o por desobediencia; en muchos casos, por vulnerar la neutralidad de las instituciones en favor del proceso de independencia. Recuerda el texto que todavía permanecen abiertos "unos 600 procedimientos contencioso-administrativos contra Ayuntamientos por su vinculación con la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI)", aunque sin relevancia penal.

El informe también menciona a los investigados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por la organización del Tsunami Democràtic, el canal de Telegram utilizado para convocar protestas masivas como la que colapsó el aeropuerto del Prat en octubre de 2019, lo que causó pérdidas económicas cifradas en 2,7 millones de euros.

Entre los investigados en esta causa se encuentran el dirigente de ERC Xavier Vendrell, exconseller de Interior en el Tripartito de Pasqual Maragall; y el editor Oriol Soler, quien pocos días después del 1-O fue grabado cuando visitaba a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Un informe enviado por la Guardia Civil al juez también sitúa a la secretaria general de ERC, la fugada Marta Rovira, entre los responsables del Tsunami Democràtic.

El informe menciona igualmente a los implicados en la Operación Volhov, en la que la Justicia investiga el respaldo que el Kremlim ofreció al entorno más directo de Carles Puigdemont para hacer efectiva la declaración de independencia, con financiación y 10.000 soldados.

El dictamen ha sido elaborado por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha Nicolás García Rivas; el profesor de Derecho Penal de la Universitat de les Illes Balears Antoni Llabrés; el profesor de Derecho Penal de la Universitat de València Javier Mira; el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén Guillermo Portilla; y el catedrático de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona Rafael Rebollo.