Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el tanatorio de María Teresa Campos.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el tanatorio de María Teresa Campos. Efe

Política XV LEGISLATURA

Sánchez, decidido a impulsar una amnistía exprés para cumplir con la exigencia de Puigdemont

Moncloa ve positivo que el 'expresident' fugado aplace la petición de referéndum y que haga menciones a la Constitución.

6 septiembre, 2023 03:23

El Gobierno considera que la conferencia, este martes, de Carles Puigdemont fijando sus exigencias para apoyar la investidura de Pedro Sánchez no cambia nada y que estaba dirigida a sus bases independentistas. Por ello, fuentes de la Moncloa expresan su voluntad de seguir adelante con la negociación para lograr la mayoría necesaria.

El expresident de la Generalitat aseguró en Bruselas que la aprobación urgente de la ley de la amnistía es condición previa para sentarse a negociar la investidura. Es decir, que Moncloa admite esa condición, ya que está dispuesto a formalizar la negociación para la elección de Sánchez.

Ahora, Moncloa ya tiene una vía abierta con Puigdemont que le sirvió para pactar en agosto la elección de la Mesa del Congreso, pero no admite el inicio de la negociación formal, con el argumento de que antes debe pasar la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, a finales de septiembre.

[Sánchez negocia una amnistía que permita a Puigdemont un "ja sóc aquí!" antes de fin de año]

Esa vía es independiente de las gestiones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Y de hecho, está blindada y protegida de esa actuación.

Fruto de esa negociación fue la tramitación por parte del Gobierno de una iniciativa ante la UE para que las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) sean idiomas oficiales en Europa.

Según estas fuentes, la intervención del expresident de la Generalitat fue, en realidad, un programa de máximos previo a la búsqueda del acuerdo y que tiene que ver con la necesidad de lanzar esos mensajes a sus fieles, en vísperas de la Diada de Cataluña.

Aun así, el Gobierno aprecia algunas cosas positivas en el discurso de Puigdemont. Por ejemplo, que mencionó varias veces la Constitución y que mostró su voluntad de llegar a acuerdos, como ya ocurrió con la formación de la Mesa del Congreso.

Sobre el contenido concreto de esa negociación, Puigdemont explicó en Bruselas que la ley de amnistía es el punto de partida o la condición previa para negociar un acuerdo para la investidura. Es decir, que la proposición de ley que pacten PSOE, Junts y ERC debe empezar a tramitarse antes de que se vote la investidura de Sánchez, lo que no ocurrirá, al menos, hasta mediados del mes de octubre.

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, durante su conferencia de este martes en Bruselas

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, durante su conferencia de este martes en Bruselas EFE

Si el Gobierno asegura que está dispuesto a negociar y que sigue siendo optimista sobre la investidura es porque considera que puede cumplirse esta condición temporal sobre la ley de amnistía. De hecho, ya negocia con ERC un texto que no incluye la palabra amnistía, pero que exonera de responsabilidad a todos los que participaron en los actos relacionados con el procés independentista de 2017, a los policías nacionales acusados de mala práctica y a los que serán juzgados el próximo noviembre en el Tribunal de Cuentas.

La proposición de ley podría ser registrada en el Congreso y calificada por la Mesa, aunque no haya Gobierno. Por plazos, sería difícil que se apruebe en octubre en las dos Cámaras, pero sí que se apruebe en Pleno la toma en consideración.

La idea sería aprobarla antes de final de año si hay investidura de Sánchez, para que la empiecen a aplicar los tribunales con causas vinculadas al procés.

Moncloa ve positivo que Puigdemont no exigiera ya el referéndum este martes. Y en el Gobierno se entiende que eso se puede reconducir a una mesa de diálogo como hicieron con ERC en la anterior legislatura.

Puigdemont habló de un "acuerdo histórico" que "reconozca el derecho a la autodeterminación ya ejercido", pero no la situó en una fase inicial de la legislatura.

Finalmente, el Gobierno no concede importancia a la exigencia de Puigdemont para que haya una verificación externa del cumplimiento del acuerdo.