Pedro Sánchez, en la tribuna del Congreso de los Diputados, frente a Irene Montero. Europa Press
Pedro Sánchez, atenazado: si destituye a Irene Montero se queda sin coalición ni Presupuestos
La ministra de Igualdad, aislada en el Gobierno y en la izquierda: todos sus socios le piden que rectifique la 'Ley del sólo sí es sí'.
18 noviembre, 2022 03:19El presidente siente la presión. Incluso en el círculo cerrado de los nueve notables de Pedro Sánchez -la miniejecutiva que inventó para mezclar Ferraz y Moncloa en la última crisis de julio- la oleada de excarcelaciones y rebajas de pena producto de la llamada Ley del sólo sí es sí se ve como una carcoma que tritura al Gobierno. Pero el presidente está atrapado: si quiere completar la legislatura no podrá hacerlo sin Irene Montero.
No se lo puede permitir. El día que cerró con un abrazo a Pablo Iglesias el acuerdo de la coalición, Sánchez mantuvo el principio de jerarquía, pero renunció al de autoridad.
Es decir, él no nombra ni destituye a los ministros del socio minoritario, por más que la ley del Gobierno le dé al presidente esa prerrogativa en exclusiva. "El presidente sabe que no puede hacerlo, porque eso sería motivo de ruptura". Así ha explicado un miembro del Gobierno a este periódico la renuncia a esa autoridad legal. Y sin Podemos no hay Presupuestos. O sea, no hay legislatura. Todo salta por los aires.
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Sí que ha cuidado Sánchez el orden de rangos. Además de él como cabeza del Ejecutivo, de cada una de las vicepresidencias colgaron siempre las carteras de manera que el PSOE y Unidas Podemos nunca se tocaran. Es más, a la salida de Iglesias, hubo de forzar a Yolanda Díaz a ser relegada a la vicepresidencia tercera hasta que Carmen Calvo fue destituida... para que la ministra de Trabajo no fuera la dos por encima de su jefa, la titular de Economía, Nadia Calviño.
Desde entonces, Calviño forzó la máquina para retocar la reforma laboral a su gusto. Escaldada por el pasado reciente de las normas de Igualdad, el sólo sí es sí, protagonizó la primera polémica del Ejecutivo cuando fue colada en el Consejo de Ministros previo al primer 8-M del Gobierno de coalición sin haber pasado el filtro de la comisión de subsecretarios, tras la insistencia de Iglesias.
Ahora es Carmen Calvo la que se ha atrevido a arremeter contra el texto, exigiendo "soluciones rápidas" a su antiguo jefe, Sánchez. "La política es eso, buscar soluciones y aquí tenemos un problema alarmante".
Quien no ha hablado es Díaz. Y ya ha recibido un aviso -uno más- del más fiel soldado de Podemos, su portavoz parlamentario, Pablo Echenique: "Cuando la cacería adquiere dimensiones de fusilamiento, la obligación de cualquier camarada es apoyar", ha publicado en su cuenta de Twitter. "Primero, por decencia. Segundo, por estrategia", antes de que "nos maten uno a uno".
Cuando la cacería adquiere dimensiones de fusilamiento, la obligación de cualquier camarada es apoyar. Primero, por decencia. Segundo, por estrategia. Porque cerrar filas cuando los rifles descargan pólvora contra una compañera es la única forma de evitar que nos maten uno a uno. pic.twitter.com/dPbPmYz7hy
— Pablo Echenique (@PabloEchenique) November 17, 2022
En el seno del partido morado, la insatisfacción con el liderazgo de Yolanda Díaz ya no se oculta. De hecho, pasó a la categoría de enfado hace tiempo. "No se lidera escondiéndose. Y no se construye alternativa trabajando más en la imagen personal que en el proyecto", apuntan fuentes de la dirección morada.
Pero la ministra de Igualdad no se va a ir por su cuenta. Es más, defiende su ley con uñas y dientes, arremetiendo -ella, sus secretarias de Estado y los cuadros de Podemos- contra quien atribuya a la norma estos "efectos perniciosos". Y atacando a los jueces que la aplican.
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Fuentes de su departamento confirman a este diario que no habrá rectificación, "porque sería para peor". Y que se está "malinterpretando adrede" la norma y las declaraciones de sus defensoras "para sostener las críticas, de puro infundadas" que son. "Algunos prefieren criticar al Gobierno, crear alarma y despreciar a las víctimas", afirman.
Irene Montero, aislada
Y sin embargo, que Montero se ha quedado sola es evidente. Sola con su gente, la de siempre, es decir, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de su partido, Ione Belarra, y sus colaboradoras en el Ministerio de Igualdad, Victoria Rosell y Ángela Rodríguez Pam. Más allá, ningún miembro del Gobierno nombrado por Pedro Sánchez -es decir, la cuota socialista- ha defendido la norma.
Tampoco la líder del espacio morado y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ni el resto de cargos de Izquierda Unida y En Comú Podem, que entre todos conforman Unidas Podemos. Entre ellos sólo reina un silencio calculado. Sólo se oyen voces en Podemos, concretamente en el núcleo duro morado, el único que ha cerrado filas en torno a Montero. Y ni siquiera al completo.
En Podemos hay dos figuras trascendentales que vienen de la judicatura. Una es Victoria Rosell, que trabaja en el Ministerio de Igualdad y apoya el ataque, y el otro Juan Pedro Yllanes, vicepresidente de Baleares, que se ha desmarcado completamente.
"Es temerario", ha dicho. "Creo que [el de Montero] ha sido un exceso verbal. No es cuestión de jueces machistas, sino de jueces profesionales aplicando la ley", ha insistido Yllanes, quien remarca que los jueces tienen la obligación de aplicar la ley penal más favorable para el reo. Eso sí, coincide con sus compañeros en que debería elevarse al Tribunal Supremo para que los magistrados unifiquen la doctrina.
A las críticas se ha unido incluso la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, la jurista Alejandra Jacinto, quien ha pedido mesura y esperar a ver qué dicen la Fiscalía y el Tribunal Supremo.
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"Hay algunos jueces que la están interpretando de una determinada manera igual que hay una mayoría de jueces que lo están interpretando conforme al Ministerio de Igualdad, al Gobierno y a todos los grupos que han participado en la tramitación de la ley", ha afirmado Jacinto este jueves.
A ello se han sumado, disgregados y por píldoras a lo largo de la semana, todos los socios habituales del Ejecutivo, incluso los que se encuentran a la izquierda del PSOE. La más clara ha sido Mónica García, líder de Más Madrid, que directamente ha pedido "rectificar" la ley.
"Cuando tú haces una ley con una intención, de la misma manera que cuando pones un tratamiento [médico], y los efectos secundarios no son lo que esperabas, creo que hay que cambiar la ley, igual que cuando se cambia de tratamiento o de dosis", ha señalado. Es la misma postura que defienden los ministros socialistas.
Pero el presidente no la destituirá, ni le sugerirá que dimita, a pesar de las presiones externas o -lo que es peor- las internas, que son insoportables. Los barones llevan tres años renegando de "las alianzas" que trazó Sánchez para formar y mantener su Ejecutivo. Y ya dijeron que "no pasarían" por la rebaja de la sedición. Y no se rebajó, se derogó.
Si la relación entre los líderes regionales y el presidente ya era tan tensa como para desafiarlo y forzarle a suspender un acto de celebración, ahora, en menos de una semana, ha estallado este otro escándalo.
El problema de la Ley de Libertades Sexuales se ha ido larvando desde el inicio de la legislatura -fue esta la norma por la que Iglesias calificó de "machista frustrado" al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo- y amenaza ahora con acabarla de golpe.
Así que todos los dirigentes -sin dependencia jerárquica en el Ejecutivo- que han sido preguntados se han desmarcado. Emiliano García Page reclamó "soluciones"; Javier Lambán, que sean "cuanto antes". Y el último, uno de los más fieles, Ximo Puig, que sentenció: "Hay que actualizar ya la ley".
