El Gobierno se jacta de que CEOE tendrá que pactar si desea una reforma laboral menos lesiva para ellos

Y todo, a pesar de que ya ese mismo día se cumplía el plazo que ella se dio y no hay reforma... y de que esa cita fue aquélla en que los representantes de los empresarios presentaron (por fin) sus exigencias. Fuentes del Ministerio de Trabajo, de hecho, se jactan de que CEOE preferirá llegar a un acuerdo antes que arriesgarse a una reforma impuesta "que, además, podría ser enmendada por los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno" y cuyas pretensiones acabarían siendo mucho más lesivas para el empresariado.

El catálogo de la patronal incluía facilitar el despido, proponiendo agilizar los expedientes de regulación de empleo (ERE), que no haya límites temporales ni topes en las plantillas para los contratos temporales, y una oposición cerrada a que los contratos fraudulentos sean sancionados con despido nulo... es decir, con la readmisión del trabajador en categoría de indefinido.

Viendo las barbas de las Administraciones Públicas pelar, con los cientos de miles de interinos que ahora el Estado tiene que contratar, CEOE pone las suyas a remojar y trata de espantar que esa obligación añada rigideces al mercado laboral. Su opción: despido improcedente, o sea, indemnización máxima y a otra cosa.

Lo cierto es que desde las posiciones negociadoras del Ministerio de Trabajo se aprecia la aportación de los empresarios, a pesar de sus posiciones de máximos.

"Ni los empresarios ni los sindicatos están haciendo ruido, nadie quiere torpedear la mesa, porque todos creen que es posible el pacto, y deseable", explica una de las negociadoras de Trabajo. "Cuantos más papeles trae una parte negociadora, más quiere llegar a un acuerdo... si no, para qué los iba a traer".

El ejemplo de las pensiones

En el Gobierno consideran clave una circunstancia, a este respecto: la experiencia vivida por la propia patronal en la reforma del sistema de pensiones. La reforma es también una de las exigencias de la Comisión Europea que el Ejecutivo debe tener en el BOE antes del 31 de diciembre. Se aprobó por fases, con un primer real decreto en julio fruto del acuerdo en la mesa social, y uno segundo impuesto cuando CEOE se levantó de la mesa.

A los empresarios no les gustó un pelo la última propuesta de José Luis Escrivá para el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Subir las cotizaciones un 0,6% durante 10 años les pareció "un impuesto contra la contratación" que puede incidir para mal "en la única estadística que le va bien al Ejecutivo", la de la creación de empleo. El desplante de CEOE lo pagó con un castigo: de la mañana a la tarde los empleadores pasaron de hacerse cargo de dos tercios de esa alza a tener que pagar de su bolsillo el 83%.

Fuentes de la negociación admiten que la falta de acuerdo en aquella fase fue beneficiosa para el Gobierno. Fue libre para imponer más obligación económica a la patronal y en la tramitación de la reforma en el Congreso se pudieron introducir enmiendas.

Respeto de las Cámaras

"Una reforma laboral pactada entre sindicatos, empresarios y Gobierno sería respetada por las Cámaras", apunta una fuente del Gobierno. Al fin y al cabo, los grupos de PSOE y Unidas Podemos no dejarían pasar enmiendas sustanciales en su tramitación. "Y CEOE preferirá que Bildu, Esquerra o PNV tengan poco o nada que decir" en esta legislación.

Este argumento, de hecho, ya fue esgrimido por la parte del Ejecutivo en la mesa del diálogo social en las dos últimas renovaciones de los ERTE. En ambas ocasiones, la patronal ya mostró desacuerdos y cierto hastío negociador. Pero acabó acordando, consciente de que un decreto dejaba las manos completamente libres al Consejo de Ministros, y a sus socios parlamentarios.

No hay que olvidar que su cúpula, encabezada por Antonio Garamendi, ha sufrido presiones internas -y también políticas, de parte de la oposición- para ponerle más dificultades al Ejecutivo los acuerdos. No en vano, desde el inicio de la pandemia, fueron 12 las negociaciones consecutivas que se saldaron con pacto total... hasta la imposición de otra subida del Salario Mínimo el pasado septiembre.