"Carmen Calvo perderá la batalla de la transfobia, la Ley Trans seguirá como está". Dejándose caer por el patio del Congreso, un dirigente de Unidas Podemos explicaba hace una semana lo tensas que están las cosas entre la ministra de Igualdad y la vicepresidenta primera.

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Irene Montero y la anterior responsable de las políticas de Igualdad en el primer Gobierno de Pedro Sánchez llevan meses en los que no se pueden ni ver. De hecho, casi un año.

"Carmen Calvo ha salido muy debilitada de la batalla por la Ley de Garantía de la Libertad Sexual". ¿La del 'sólo sí es sí'? "Ésa, la vicepresidenta ha querido torpedearla y ha perdido". Así proclamaba victoria otra fuente de la formación de Pablo Iglesias al día siguiente del 8-M de 2020.

Aquella fue la semana en la que Montero forzó la máquina para colocar el texto en la mesa del Consejo de Ministros, pese a que la norma "era un desastre jurídico" a ojos de Juan Carlos Campo y la propia vicepresidenta.

Pero lo cierto es que la Ley Trans y la Ley LGTBI siguen paradas en el circuito interno del Ejecutivo. A la espera de que la informen los ministerios de Sanidad, de Presidencia, de Justicia, de Interior... todos ellos socialistas. "El Ministerio está intervenido", se ha quejado la titular de Igualdad en la última semana, "y las leyes bloqueadas por el PSOE".

Fuentes socialistas explican a este periódico que la cosa no es así, y que a Unidas Podemos lo que le ocurre es que "desconocen por completo la técnica legislativa" y las formalidades del trabajo de Gobierno.

"Irá sí o sí"

Quizá por eso, tal como relatan estas fuentes, hace ahora exactamente un año, cuando el Ejecutivo de coalición no llevaba más que un mes de rodaje y comenzaron las tensiones, el presidente se llevó a 16 de sus ministros de retiro a una jornada de trabajo en fin de semana a La Rioja. Allí, Montero anunció a sus compañeros que ya tenía el texto y que lo llevaría al Consejo la siguiente semana, para que se pudiera celebrar en las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer.

Precisamente, a aquella cita no estaban convocados ni Calvo ni Campo. Tampoco acudía su pareja y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Extraoficialmente, se dijo que para conciliar. Y el anuncio de la ministra morada, en ausencia de su predecesora en Igualdad y del titular de Justicia, sólo sorprendió. Fue a la vuelta cuando el asunto se empezó a enturbiar y desde Presidencia se avisó de que ésas no eran las formas.

Pablo Echenique reunió a los periodistas en el Congreso y dijo que la norma iría "sí o sí" a la mesa del Consejo de Ministros, y que ya se buscaría el modo. Finalmente, se aprobó "de manera provisional". Juan Carlos Campo y la vicepresidenta primera cedieron a esa pretensión, para no aguar el estreno de Montero, precisamente en esas fechas. Pero la titular de Igualdad reaccionó furibunda cuando el texto hubo de ser "peinado de arriba abajo", según otras fuentes del Gobierno.

Entonces, ¿salió Calvo debilitada? No parece. Desde entonces, es habitual que miembros del Gobierno insistan pública y privadamente en que "las leyes necesitan una redacción que les dé seguridad jurídica", una advertencia que nunca antes había hecho falta aclarar. Y lo cierto es que la norma no volvió al Consejo hasta el 14 de julio. Y aún se sacó de Moncloa otra vez para revisarla de nuevo, hasta que -tras arduas negociaciones con Justicia- se aprobó definitivamente el 15 de octubre.

Eso es lo que apuntan las fuentes socialistas que está pasando ahora con los dos anteproyectos que Igualdad está impulsando, "que se están revisando" en otros ministerios, "y ya les llegarán los informes".

"Líneas rojas"

Pero fuentes de Unidas Podemos lamentan que "el acuerdo de coalición habla de tres leyes de igualdad". Es decir, la Trans, la LGTBI y la de no discriminación... "y dos de ellas están secuestradas mientras la otra la ha presentado el PSOE por su cuenta y sin incluir nuestras aportaciones".

Esa proposición de ley del Grupo Socialista, la llamada Ley Zerolo -en honor al activista LGTBI socialista fallecido hace ahora cinco años y medio-, supuso una afrenta para los morados. El mismo dirigente con cuyas confidencias se abría esta información aseguraba en el patio del Congreso que "el PSOE ha transgredido todas las normas, ha cruzado todas las líneas rojas y ha invadido las pocas competencias reales que nos dejó en la coalición, junto con Trabajo".

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en el Congreso.

Ése fue el motivo real del enfado de Iglesias -que aún se mantiene- y que motivó que diera la orden de que sus 35 diputados no apoyaran la tramitación de la ley en el pleno hace diez días. De hecho, diputados de Unidas Podemos llamaron a miembros de otros grupos -socios y no socios de legislatura- para conminarles a votar en contra.

Los morados no podían votar no, porque responder con un ataque de frente habría puesto en serio riesgo la continuidad del Gobierno -"al menos, en su actual configuración"-. Y con su abstención no la podían hacer caer, pero si ERC y Bildu hubiesen rechazado la toma en consideración, la proposición de ley habría decaído, y el PSOE "habría visto su soledad real, porque tiene 120 diputados, y a veces creen que tienen mayoría absoluta", explica este dirigente morado.

Lo cierto es que el Ministerio de Igualdad se ha encontrado esta semana con el varapalo del dictamen negativo por unanimidad a su ley del sólo sí es sí. Pero fuentes autorizadas del entorno de Montero alegan que esa "deficiente técnica jurídica" que apunta el órgano de gobierno de los jueces se refiere, precisamente, a textos que fueron "acordados" con Justicia.

Y que de hecho, en el departamento de Irene Montero se apostaba por otra redacción. Así que, ante el compromiso "unánime" de todo el Ejecutivo por mantener la filosofía de la norma, instan a Calvo y a Campo a "seguir adelante" con ella, obviando el informe del CGPJ. Porque, al final, ha pasado un año y por "bloqueos", "secuestros", "intervenciones" o "dictámenes regresivos"... de las tres leyes de Igualdad, ninguna ha iniciado su trámite parlamentario.

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