La vicepresidenta primera del Gobierno hizo una encendida defensa del "sólo sí es sí" en la comisión de subsecretarios. Según ha podido saber este periódico, el consejillo de este jueves, en el que Carmen Calvo preparó el Consejo de Ministros del próximo martes, asistió a un improvisado discurso de la número dos del Gobierno comprometiendo el "empeño unánime" del Ejecutivo en sacar adelante el anteproyecto de Ley de Garantía de la Libertad Sexual.

...porque el problema no está en el concepto, que defienden ministros del PSOE y de Unidas Podemos, sino en "la técnica jurídica de la norma".

Fuentes del Gobierno consultadas por este diario señalan que el demoledor dictamen del Consejo General del Poder Judicial hará que, de nuevo, haya que frenar la tramitación de la norma impulsada por Irene Montero y que hace ya un año viene dando tumbos de ida y vuelta al Consejo de Ministros. Moncloa quiere que Justicia e Igualdad se tomen su tiempo y que de esta revisión no hagan falta más.

El texto fue aprobado "de manera provisional" en el Consejo de la semana previa al 8-M de 2020. Entonces, el ministro Juan Carlos Campo y la vicepresidenta primera cedieron a esa pretensión, para no aguar el estreno de Montero en Igualdad, precisamente en esas fechas. Pero Montero reaccionó furibunda cuando el texto hubo de ser "peinado de arriba abajo", según otras fuentes del Gobierno.

Tres veces al Consejo

Así, la ley volvió al Consejo de Ministros el 14 de julio, cuando ya fue registrada oficialmente. Porque lo de marzo, en realidad, fue pura cosmética.

Pero aún tuvo que ser retirada y reescrita de nuevo, y se llevó aún una tercera vez el pasado 15 de octubre a la reunión semanal del Gobierno. Aquélla fue la aprobación definitiva del anteproyecto, que al día siguiente se remitió al Consejo Fiscal y al del Poder Judicial, para que recibiera los preceptivos dictámenes: el pasado 2 de febrero llegó el primero, positivo -pero con votos particulares contrarios-, y este jueves el segundo, contrario. Y demoledor.

El CGPJ no critica el fondo teórico de la ley, sino su "técnica jurídica" y las tipificaciones de los delitos sexuales. Por un lado el informe reprocha la unificación de todos bajo la misma figura delictiva de "agresión sexual", sin grados que diferencien el abuso de la violación, porque "desprotege a la víctima".

Y por el otro, lamenta basar el consentimiento en un acto "expreso" que puede resultar "indemostrable", invertir la carga de la prueba y "centrar los interrogatorios" en cómo fue ese consentimiento... es decir, ahondando en la "doble victimización".

"Acordado con Justicia"

Fuentes de Igualdad explican a este periódico que esos textos fueron "acordados" con Justicia. Y que de hecho, en el departamento de Irene Montero se apostaba por otra redacción. Ahora, de hecho, esperan que desde el Ministerio de Campo se apueste por "seguir adelante" con la norma, "como se hizo en 2004 con la Ley Integral contra la Violencia de Género y en 2005 con la del Matrimonio Homosexual", que también recibieron informes en contra del CGPJ, "y luego pusieron a España en la vanguardia mundial".

Lo cierto es que uno de los vocales de aquel CGPJ era precisamente el hoy ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Y que aquellas normas, según las fuentes consultadas por este periódico, fueron retocadas tras los citados dictámenes. 

Otra que integró el Poder Judicial y hoy es ministra de Defensa, Margarita Robles, recomendaba este miércoles "humildad" a Irene Montero y a su Ministerio de Igualdad para adaptar al marco jurídico el texto de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, en la que el CGPJ ha detectado "deficiencias jurídicas". Fiel a su arrojo en no ocultar sus diferencias con el ala morada del Gobierno, fue la única de la banda socialista que habló en alto. Y subrayó que "eso es la normalidad democrática".

Calvo propone reformar el Código Penal sobre delitos sexuales

Porque en realidad, lejos de lo que se ha hecho circular desde algunos movimientos feministas, el lado socialista del Gobierno no critica el "sólo sí es sí". De hecho, fue la propia Calvo la que lo llevó al Congreso, hace ya tres años, y lo defendió en sede parlamentaria. En su estreno como vicepresidenta y ministra de Igualdad ante la comisión de la Cámara Baja, el 10 de julio de 2018, anunció su intención de cambiar el Código Penal para que quede claro que "si una mujer no dice sí, es no".

Y así, el resto de miembros socialistas del Ejecutivo mantuvo un perfil bajo.

Iglesias en calma

Del lado de Unidas Podemos tampoco se alimentó el fuego que estas últimas semanas ha avivado los enfrentamientos en el seno del gabinete de Pedro Sánchez. Atendiendo la consigna del presidente, emitida públicamente y por dos veces en el Congreso el día anterior, los morados "bajaron los decibelios".

La titular de Igualdad se limitó a un lacónico tuit en defensa de su norma -"Sólo sí es sí. Será ley"- y su delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, tampoco entró en pelas. Eso sí, advirtió de que "seguiremos adelante con la ley".

Ni siquiera Pablo Iglesias azuzó las llamas. En su debut en Twitch, la red social de mayor crecimiento en estos momentos, el vicepresidente segundo dio titulares sobre la Ley de Vivienda o sobre la futura candidata de su formación, especulando con la "proyección" de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero no hizo expresa referencia al demoledor dictamen del Consejo General del Poder Judicial contra la norma.

Y eso que las críticas del órgano de gobierno de los jueces recuerdan mucho a las que expresó Campo hace ya casi un año sobre el redactado de la ley. Las que le valieron el calificativo de "machista frustrado" en los pasillos del Congreso por parte de Iglesias. Por entonces, aún se vivía una "luna de miel" entre PSOE y Unidas Podemos, no hacía más de mes y medio de la inauguración del Gobierno y las rencillas entre Montero y Carmen Calvo aún no habían aflorado.

Quizá por eso, las fuentes explican que Calvo dio orden de darle curso al anteproyecto, de revisarlo después cuantas veces fue necesario y ajustarlo a la "seguridad jurídica". Y sobre todo, porque en el fondo de la norma están todas (y todos) de acuerdo, ahora se parará lo que haga falta para revisarla y evitar más varapalos.

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