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POLÉMICA REAL

Los dos errores de Felipe VI en su posado en Marivent

El autor cree que el Rey no debería de haber mostrado su preferencia por una de las salidas al bloqueo institucional, precisamente por su papel institucional.

En una monarquía parlamentaria el rey no es un comentarista de la actualidad política. Tampoco lo es en nuestro sistema constitucional del 78. Las declaraciones políticas de Felipe VI el pasado domingo durante la tradicional sesión de fotos veraniegas de la Familia Real en Palma de Mallorca, posicionándose a favor de la formación de un Gobierno al admitir expresamente que “lo mejor es encontrar una solución antes de ir a elecciones” suponen un doble error. Lo es en la forma (el cómo se realizaron estas afirmaciones) y en el fondo (la responsabilidad del Monarca en la búsqueda de soluciones para resolver la crisis de investidura que afecta a nuestro país).

En primer lugar, en cuanto a la forma, parece claro que una sesión de fotos vacacionales no es el marco adecuado para trasladar a la opinión pública la posición del Jefe del Estado respecto a un hecho político tan relevante como el bloqueo político y la crisis que soporta el país después del fracaso de la investidura del candidato por él propuesto: Pedro Sánchez.

Respecto al fondo de la cuestión, estas declaraciones vienen a confirmar la querencia, por parte del Rey y de sus asesores, de trasladar a la opinión pública el mensaje de que la crisis de investidura tiene poco o nada que ver con el Monarca. Y menos con las facultades que le otorga la Constitución, salvo en lo que respecta a reducir sus competencias a ser un mero buzón de recogida y salida de lo que le pueda trasladar la presidenta de las Cortes y a comportarse, protocolariamente, como un espejo institucional que sólo refleja aquello que han decidido con anterioridad los partidos políticos sin su participación.

Esta posición del Monarca respecto a defender su papel pasivo ante el bloqueo político no es nueva. Fue la actitud institucional activada al no implicar a la Corona en las dos crisis de investidura que padecimos durante el año 2016. Y es también la que se ha anunciado en la actualidad, concretamente el pasado viernes 26 de julio. Ese día, después de perder la investidura el candidato socialista, la Casa del Rey comunicó la decisión de Felipe VI de no iniciar, por el momento, nuevas rondas de consultas con el objetivo de que las formaciones políticas tuvieran libertad para llevar a cabo las actuaciones que consideren a los efectos de lo previsto en el artículo 99 de la Constitución. Pero si nadie lo remedia, ahora iríamos a las cuartas elecciones en apenas cuatro años.

La preferencia del Rey, al no establecer ningún tipo de matiz, habría que interpretarla en toda su amplitud

Sin embargo, con sus declaraciones del domingo, Felipe VI ha mostrado su preferencia respecto a una de las dos salidas constitucionalmente posibles para desbloquear esta situación: mejor un Gobierno que una repetición de elecciones. Eso, en boca de cualquier tertuliano, analista o español de a pie sería algo perfectamente respetable, incluso compartible. Pero proviniendo de una figura que ostenta una función institucional fundamental, precisamente en el mecanismo constitucional establecido para solventar una crisis de investidura, es algo mucho más que discutible.

La preferencia de Felipe VI, al no establecer ningún tipo de matiz, habría que interpretarla en toda su amplitud, abarcando la posibilidad de formar cualquier tipo de Gobierno, incluso uno débil e inestable, antes que la repetición de unas elecciones que, tal como apuntan la mayoría de las encuestas, podrían alumbrar un escenario de estabilidad política más duradera.

Además, como bien señalaba Pedro J. Ramírez en la Cadena Ser, al depender del Rey el estímulo o no para que se pueda facilitar un Gobierno (“tramitará sucesivas propuestas” reza el texto constitucional), a partir de este momento, se podrá interpretar cualquier posición de los partidos políticos como una respuesta a la preferencia manifestada por el Monarca. Y así ha sucedido tan solo en pocas horas.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, animaba ayer al Rey a proponer otro candidato “de consenso” en lugar de Pedro Sánchez. Según el líder popular “el único elemento de bloqueo” es Pedro Sánchez y añadía que el Monarca podría proponer otro candidato “alguien de una alianza de constitucionalistas, PP y Cs, con la abstención de los demás”.

Si realmente Felipe VI pensara que lo conveniente es formar un Gobierno, tiene facultades para impulsarlo

Con estas declaraciones, y quizá sin ser plenamente consciente de ello, el Partido Popular volvía a colocar la pelota del desbloqueo en el tejado de la Zarzuela. Precisamente, el lugar donde no querían que se jugase este partido ni el Rey ni sus asesores. Y, con toda seguridad, a la propuesta de García Egea le seguirán otras iniciativas, cada una de su padre y de su madre, de las restantes formaciones políticas. Que siempre podrán enarbolar como referencia y escudo a su iniciativa, lo manifestado como deseado por el Rey el domingo. De ahí su doble equivocación.

Además, si realmente Felipe VI pensara que lo conveniente es “antes formar un Gobierno que repetir elecciones” (otra cuestión es, como señalan muchos analistas, que lo que verdaderamente le interesa al Partido Socialista y a la Corona es repetir elecciones, pero tienen que aparentar y decir todo lo contrario) el Rey tiene facultades constitucionales suficientes para intentar aquello que considera tan necesario.

El punto 4 del artículo 99 de nuestra Constitución se lo reconoce expresamente: “Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores”. Esto es, el futuro imperfecto utilizado en nuestro texto constitucional “se tramitarán sucesivas propuestas” además de su carácter imperativo (denota una obligación), incluye una cobertura constitucional para actuar ante esta crisis, tal como lo considera necesario el Monarca, dentro de sus funciones generales de arbitraje y moderación que también aparecen recogidas en nuestra Constitución. Hágase pues.

*** Javier Castro-Villacañas es abogado y autor del libro 'El fracaso de la monarquía' (Planeta, 2013).

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