De Miguel sentado en el banquillo de los acusados durante el juicio.

De Miguel sentado en el banquillo de los acusados durante el juicio. EFE

Política CORRUPCIÓN

Un empresario confiesa que un exdirigente del PNV cobró una mordida de 161.000 euros

El exdirigente del PNV de Álava Alfredo De Miguel pidió y cobró una comisión ilegal de 161.000 euros a un grupo de inversores catalanes que promovía la implantación de un polígono industrial en la localidad alavesa de Zambrana.

Así lo ha confesado el empresario que actuó de intermediario con el Ayuntamiento del municipio, Josu Arruti Letamendia, en el juicio por corrupción que se sigue en Vitoria contra De Miguel, dos excargos más del PNV y otras 23 personas en gran parte vinculadas al partido de Ortuzar.

El reclamo de la mordida se produjo en junio de 2005 cuando De Miguel, que luego fue diputado foral, pertenecía a la dirección del PNV de Álava, donde ejercía como número dos del partido. 

Según ha relatado Arruti, también acusado en el proceso, fue De Miguel quien le propuso la posibilidad de lucrarse pidiendo a Construcciones Riera, representada por Francesc Fernández Joval, que abonara una doble comisión, de 161.000 euros para cada uno de ellos. "El señor Alfredo De Miguel me dice (…) que te parecería que al margen de tus honorarios les pidieras una comisión para ti y para mí", ha declarado ante la sala.

"¿A cambio de qué contraprestación?", le ha preguntado el fiscal, Manu Pedreira. "Alfredo De Miguel tenía un conocimiento profundo del sector industrial público y privado, era gerente de dos industrialdeas (sociedades públicas para el desarrollo de las comarcas vascas) y tenía una interlocución con las administraciones públicas que ayuda a que las cosas lleguen a su término", ha respondido el interpelado.

Fernández Joval, sentado asimismo en el banquillo, contestó de forma afirmativa a las pretensiones que le fueron trasladadas y además abrió una puerta a un segundo negocio para que las sociedades de Arruti y De Miguel pudieran ofrecer sus servicios en una siguiente fase a las empresas que  se instalaran en el polígono industrial.

Para canalizar el cobro de la comisión Arruti utilizó su empresa, Sidepur, y De Miguel, una sociedad mercantil, Kataia Consulting, que gestionaba junto a otros dos cargos del PNV, Aitor Tellería, y Koldo Ochandiano. 

"Yo le voy pagando conforme voy cobrando de Riera", ha asegurado Arruti. Para justificar los pagos a la empresa del político le facturó por trabajos inexistentes sobre impacto medioambiental que él mismo realizó,  según ha declarado.

Sobre la cantidad, 161.000 euros, alejada de un número redondo, Arruti ha explicado que ese hecho ayudaría a camuflarla mejor. "No hay ninguna tabla de comisiones ilegales, ningún baremo", ha argumentado.  

Confesiones tras un acuerdo con la Fiscalía

Diez meses después de que se iniciara en Vitoria la vista oral del mayor caso por presunta corrupción juzgado en el País Vasco, el relato de los hechos ofrecido por el Ministerio Fiscal  en su texto de acusación empieza a tener eco en la sala a través del testimonio de algunos acusados. Los que han llegado a un acuerdo con la fiscalía a cambio de una rebaja en la petición de penas han comenzado este lunes a romper la que ha sido hasta ahora la estrategia unánime de las defensas de negarlo prácticamente todo.

Antes, el considerado cabecilla de la trama, Alfredo De Miguel, los otros dos ex altos cargos del partido en Álava, Aitor Telleria y Koldo Otxandiano y el resto de los 26 procesados que han declarado hasta el momento, en su mayoría vinculados al PNV,  han venido rechazando las acusaciones frente al tribunal, igual que lo hicieron a lo largo de toda la instrucción. Ésta se inició cuando la empresaria Ainhoa Alberdi denunció en 2009 que De Miguel y Tellería le estaban exigiendo el pago de una comisión de cien mil euros por la adjudicación de una obra pública en el  Parque Tecnológico de Miñano, ubicado en Álava.

Este lunes Josu Arruti Letamendia se ha avenido a contestar al fiscal, a diferencia de la inmensa mayoría de sus compañeros de banquillo que ya han prestado declaración, y lo mismo ocurrirá con los  empresarios catalanes, también procesados, que se embarcaron en la operación Zambrana y que han llegado igualmente a un acuerdo de conformidad con el ministerio público.

Pagos a Kataia por trabajos inexistentes

Zambrana es una localidad alavesa de apenas 400 habitantes situada en el valle del Ebro con muy buenas comunicaciones. Su ubicación fue fundamental para que en 2004 y ante la demanda existente el Ayuntamiento, gobernado por el PNV, decidiera promover un polígono industrial mediante la correspondiente recalificación urbanística.  Su  entonces alcaldesa, Justina Angulo,  buscó ayuda en su partido, que le recomendó recurrir a Alfredo De Miguel, tal y como ha declarado este lunes desde el banquillo de  los acusados.

Fue De Miguel quien introdujo a Arruti para que gestionara los trámites urbanísticos y buscara promotores para la consecución del polígono.  El empresario contactó con el grupo catalán Riera que calculó un beneficio de 65 millones de euros, aunque  finalmente  el proyecto fracasó y no se llevó a cabo, fundamentalmente porque la entrada del PSE en el Gobierno vasco en 2009 frenó la recalificación propuesta y rebajó sustancialmente el número de hectáreas.

Sidepur, la empresa de Arruti Letamendia, militante del PNV, firmó un contrato con Construcciones Riera el 29 de septiembre de 2005.  Su cometido era promover la adquisición de fincas rústicas donde ubicar el polígono y redactar los documentos  urbanísticos que hicieran posible su implantación. Por ello podría recibir un total de tres millones de euros, aunque esa cifra fue rebajada sustancialmente en un segundo contrato.

El mismo día de la firma Sidepur  recibió ya un primer pago de 430.000 euros de los inversores catalanes. Y al día siguiente Arruti ingresó 130.150 euros en la cuenta de Kataia, la empresa de De Miguel. Fue el primer abono de los tres acordados para materializar la comisión, según ha expuesto el acusado. Para ocultarla utilizaron como subterfugio  la subcontrata a Kataia del estudio de impacto medioambiental. "Yo no hubiera necesitado a Kataia para hacer el proyecto, el único motivo fue justificar la comisión pactada", ha afirmado Arruti, quien ha confesado que mintió durante la instrucción sobre los presuntos encargos realizados a la controvertida firma.

Su declaración avala la tesis del fiscal de que Kataia fue una mera sociedad instrumental utilizada por De Miguel para recabar comisiones ilegales.  La Fiscalía  considera que el político del PNV, sus socios, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, y otras personas de su entorno constituyeron una trama corrupta en la que se valieron de su influencia política para la obtención de adjudicaciones públicas irregulares y el cobro de comisiones ilegales a tercero por gestiones realizadas en su favor. Para ello se valieron de sociedades pantalla que en muchos casos cobraron por trabajos ficticios.

 Hasta tres millones en comisiones

La operación de Zambrana, una de las doce en la que se divide el macrosumario del caso De Miguel, fue la que movió más dinero. En total lo abonado en comisiones por el grupo catalán sobrepasa, según las conclusiones del fiscal, los tres millones de euros, cantidad que explica las elevadas peticiones de multas y fianzas solicitadas en un primer momento por la acusación pública, aunque el destino último del dinero no pudo ser establecido en su totalidad durante la fase de instrucción.

En sus conclusiones provisionales, que deberá modificar al elevar a definitivas, el ministerio público solicitaba más de 19 años de cárcel para Arruti Letamendia y su padre, Jesús Arruti Odriozola, cuyas cuentas bancarias utilizó el primero para  los ingresos de Riera y sus pagos a las empresas de De Miguel. Acusados también de defraudar a Hacienda, la petición fiscal para los Arruti se elevaba al pago de más de 17 millones de euros.  

Los inversores catalanes, Francesc Fernández Joval, Joaquim Sabater Pou, Placid Casas y Ramón Tomás i Riba, estaban igualmente  conminados por la fiscalía a pagar una multa similar en todos los casos, de 6.471.050 euros, -cantidad equivalente al doble de las comisiones ilegales abonadas-, y cada uno de ellos se enfrentaba a 7,5 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, falsedad documental y cohecho. Su declaración prevista para los próximos días, y que se espera se produzca en la misma línea que la llevada a cabo por Arruti, redundará en una rebaja de las penas solicitadas.