Albert Rivera, en rueda de prensa.

Albert Rivera, en rueda de prensa. Rodrigo Jiménez Agencia EFE

Política Reforma legal

Rivera propone que los presidentes de las empresas públicas sean elegidos por concurso de méritos

Albert Rivera quiere poner el Estado a dieta, "desengrasarlo". La última de sus reformas encaminadas a este objetivo es la "ley antidedazos". El candidato de Ciudadanos la describe como "un proyecto revolucionario". En caso de aprobarse, el funcionariado daría un giro. Los Gobiernos ya no nombrarían a los presidentes de las empresas públicas y España dejaría de ser, junto a Turquía, el país del mundo donde más purgas se producen cuando cambia el Ejecutivo -datos de la OCDE-.

El CIS, Correos, Paradores, Red Eléctrica, Loterías, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), Empresa Nacional de Uranio-Industrias Avanzadas (Enusa), Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), RTVE, Aena, Tragsa, Navantia, Puertos del Estado... Toda una bolsa de nombramientos auspiciada por Pedro Sánchez en apenas dos meses. Una realidad que quedaría desbaratada con una variación al estilo de la confeccionada por Ciudadanos. La misión encarna el espíritu de Fedeca, la asociación mayoritaria de los altos funcionarios, que propone una revisión similar.

La intención de Rivera pasa por evitar la "colonización" de las siglas en todos los niveles de la Administración: Estado, autonomía y municipio. Según ha sabido este periódico, la ley de Ciudadanos -registrada en el hemiciclo este jueves- pretende acabar con todos los cargos "políticos" en este ámbito, a excepción de ministros, secretarios de Estado y secretarios generales. Los directores generales, por ejemplo, escaparían a la discrecionalidad.

El texto de Ciudadanos levanta una frontera entre los "altos cargos" y los "altos directivos". La primera acepción se refiere a los mencionados ministros y secretarios; la segunda se corresponde con los puestos de mando de carácter técnico. En este último grupo, sólo sería posible el ascenso a partir de un concurso de méritos controlado por un órgano independiente creado ex profeso.

Vistos los precedentes, el deseo de Rivera naufragará en el Congreso de los Diputados. Este martes, el grupo parlamentario naranja presentó una moción -un debate sin carácter vinculante, una suerte de instancia- al respecto en la Cámara. Recibió 172 "noes" y 136 abstenciones.

¿Qué opina el resto de partidos?

Toni Roldán fue el encargado de buscar las cosquillas al bipartidismo. Mencionó la "ultrapolitización" y la "invasión" de la Administración por parte de PP y PSOE en los últimos años. Criticó el nombramiento de Óscar López al frente de Paradores -sin experiencia previa en el sector- y el de Tezanos como director del CIS "gracias" a su condición de socialista.

El portavoz de Economía de Ciudadanos diagnosticó así la debilidad del sistema: "Los reguladores y fiscalizadores del Gobierno llegan a sus puestos por amistad". Esto, concluyó, determina "un índice de corrupción enorme".

La Ejecutiva de Rivera busca la confección de una burocracia que pueda ejercer de "contrapeso" al Gobierno de turno. Algo que a día de hoy no sucede "porque sólo ascienden quienes se presentan con un carné de PP-PSOE en la boca".

El PSOE no brindará su apoyo a Ciudadanos. A ojos de los de Sánchez, Rivera pretende "desacreditar, manchar y ensuciar la democracia". María Jesús Serrano, encargada de debatir con Roldán, despejó así la pelota: "La alternancia de poderes es legal y legítima. Hemos desarrollado una Administración despolitizada". Los socialistas cargaron contra Ciudadanos por arrogarse la condición de "salvadores" con un "discurso hueco".

El Partido Popular también interpreta la propuesta de Rivera como un ataque a la moralidad del funcionario: "Es como decir que faltan continuamente a su deber". Igual que el PSOE, la diputada popular Susana López habló de una "Administración limpia".

No obstante, el PP se abrió algo más que el PSOE a negociar con Ciudadanos. Ambos partidos coinciden en la necesidad de reformar el Estatuto que rige los destinos del trabajador público.

Podemos, por su parte, supedita su apoyo a Rivera a que la formación naranja adopte una actitud combativa contra el rey emérito, lo que no parece probable. Ciudadanos rechazó crear una comisión de investigación en el Congreso para analizar las cintas de Corinna. Los de Iglesias buscan que el monarca se convierta en "un funcionario más".