Mossos d'Esquadra en las calles de Barcelona.

Mossos d'Esquadra en las calles de Barcelona. EFE Barcelona

Política LAS CONSECUENCIAS

La prueba de que el procés no es pacífico: se duplican las investigaciones por delito de odio en Barcelona

En Cataluña no hay crispación y si la hay es en buena parte por culpa de Ciudadanos. Esa es la tesis oficial entre el independentismo y en los medios de comunicación catalanes, con TV3 a la cabeza. A la segunda parte de la frase se han adherido, de forma puntual y en función de la coyuntura, el PSC y Podemos.

Incluso Pablo Casado se sumó sutilmente a la teoría, a pesar de reconocer la existencia de tensión en las ciudades catalanas, cuando rechazó apoyar la campaña de retirada de lazos amarillos. "No vamos a ir a las calles a generar crispación" dijo el líder del PP el pasado 30 de agosto, dejando solo a Cs (y a los ciudadanos) en su defensa activa de la neutralidad en las instituciones y los espacios públicos

A falta de datos oficiales, el debate sobre la hipotética crispación y división de la sociedad catalana se ha regido durante los últimos meses por la ley del más fuerte. Es decir por un choque entre relatos. El que dice que el 80% de los ciudadanos catalanes, independentistas o no, están a favor de un referéndum de secesión y en contra de la judicialización del conflicto, y el que dice que los catalanes están divididos al 50% y que la crispación en la calle jamás había sido mayor

Más tensión en Cataluña por los lazos amarillos

El primer relato defiende la idea de que en Cataluña no se vive una situación excepcional en las calles, sino sólo una discrepancia política convencional, aunque vehemente por la importancia y la trascendencia de los temas a debate. El segundo defiende la idea de que la atmósfera en las calles sí es excepcional y que se han desbordado todos los cauces de las diferencias tolerables en democracia

Ese debate ha llegado a su fin. Con los datos en la mano y según una memoria de la Fiscalía Provincial hecha pública ayer, ya es oficial que las investigaciones por delitos de odio se han duplicado durante los dos últimos años en Barcelona debido al proceso separatista. El informe, elaborado por el servicio de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía, afirma que en 2017 se iniciaron 291 procedimientos judiciales por este tipo de delitos, frente a los 223 iniciados en 2016 y los 136 iniciados en 2015. Es decir, un incremento del 110% en sólo dos años.

Según el informe de la Fiscalía, en 2017 se dictaron 86 sentencias por delitos de odio en la provincia de Barcelona, por sólo 65 el año anterior (un incremento del 30%). Las denuncias por mensajes de odio, principalmente a través de las redes sociales, se duplicaron entre 2016 y 2017

Según el fiscal que ha coordinado el estudio, Miguel Ángel Aguilar, el incremento de los delitos de odio se debe a la "elevada polarización que ha sufrido una parte de la sociedad catalana a raíz de del proceso político independentista de ruptura constitucional". 

La Fiscalía ha clasificado también los delitos en función de su motivación. El primer motivo de la lista es el origen étnico de la víctima (34% de los delitos). El segundo, en el que estarían englobados los delitos provocados por el proceso separatista, la ideología (el 31%). 

El mes con más denuncias por delito de odio (35) fue noviembre de 2017. Es decir el mes posterior a la declaración de independencia en el Parlamento catalán. Pero el incremento en las cifras se da ya en septiembre, a partir de la aprobación de las leyes de ruptura, y en octubre, con la celebración del simulacro de referéndum de autodeterminación y la convocatoria de una huelga general muy violenta que llegó a paralizar servicios e infraestructuras básicas en toda Cataluña

Pero no todos los delitos de odio contabilizados por la fiscalía son atribuibles al proceso separatista. En el análisis debe tenerse también en cuenta el incremento de los delitos de odio contra la población musulmana a raíz del atentado en la Rambla de Barcelona y Cambrils (Tarragona) de agosto de 2017. 

El estudio de la Fiscalía concluye solicitando que, dada la situación, se rebajen las penas en aquellos casos de delito cometidos por personas "comunes" que actúen "impulsivamente".