Traslado del féretro de Alicia, la bebé presuntamente asesinada en Vitoria en 2016.

Traslado del féretro de Alicia, la bebé presuntamente asesinada en Vitoria en 2016. Efe

Política EN VITORIA

El saxofonista para el que piden prisión permanente revisable por tirar por la ventana a una bebé de 17 meses

4 septiembre, 2018 02:56

En enero de 2016 un terrible crimen conmocionó a la ciudad de Vitoria, donde se levantó una ola de solidaridad con las víctimas, una de ellas de muy corta edad. Una niña de 17 meses fue arrojada por una ventana desde un primer piso de una de las calles más céntricas mientras que su madre escapaba a duras penas del mismo destino. La pequeña Alicia murió al día siguiente por la gravedad de las heridas causadas y la joven madre, Gabriela, entonces de 18 años, requirió hospitalización durante nueve días. Al pie de la vivienda sita en la calle Libertad donde ocurrieron los hechos la indignación popular se transformó en un pequeño homenaje con la colocación de velas y peluches en un improvisado altar en recuerdo de la bebé agredida y de su madre.

Treinta y tres meses después el único acusado y detenido casi al instante, Daniel Montaño, un joven músico sevillano que residía en Vitoria, se enfrenta a partir de este martes al veredicto de un jurado popular y a la petición de penas de prisión permanente revisable –entre 25 y 35 años- solicitadas tanto por el fiscal como por las acusaciones particular y popular, esta última ejercida por la Asociación Clara Campoamor.

El acusado, que entonces tenía 30 años, era profesor de saxofón y ejercía la docencia como interino en el conservatorio de música Jesús Guridi de Vitoria, así como en otra escuela pública de la localidad alavesa de Salvatierra. Había conocido a Gabriela dos meses antes a través de una red social y mantenía una relación sentimental con ella. La joven, de origen brasileño, residía en Burgos y tenía a gran parte de su familia en la localidad burgalesa de Hontoria del Pinar en cuyo cementerio reposa ahora la pequeña Alicia. Allí, en el pueblo que limita con Soria, acudió la pareja a recogerla un domingo de finales de enero después de haber pasado el fin de semana juntos. Los tres se dirigieron al domicilio de él en Vitoria en la calle Libertad.

El detenido por la muerte del bebé de Vitoria podría enfrentarse a una pena de prisión permanente revisable

La lanzó por la ventana desde cinco metros de altura

Era la madrugada del lunes 25 de enero cuando se desató la tragedia. Según el relato del fiscal, sobre las tres y media el acusado entró en el dormitorio donde pernoctaban madre e hija, "se sentó sobre la cama y puso su mano en el pecho de la menor presionando con fuerza". Su acción despertó a Gabriela que le apartó la mano y se inició una pelea. El músico sevillano se puso encima de ella y comenzó a propinarle puñetazos en la cara. Luego la agarró del pelo y la tiró al suelo, donde siguió golpeándola mientras le decía que la iba a matar. Acto seguido la arrastró hasta la zona del balcón mirador de la vivienda y rompió de un puñetazo uno de los cristales.

En ese momento la niña se acercó hasta donde estaba su madre y el acusado, "de manera sorpresiva" y "con intención de matarla", la lanzó por la ventana a través del hueco del cristal que previamente había roto.

Después se volvió hacia la madre a quien clavó un trozo de cristal en el cuello, la agarró de la camiseta e intentó "tirar" a su vez por la ventana. Gabriela logró zafarse quitándose la camiseta y huyó corriendo de la vivienda siendo atendida por la Ertzaintza que había sido alertada ya por los vecinos.

La caída por el balcón, situado a casi cinco metros (4,96 m) del suelo, provocó en Alicia un traumatismo cráneo encefálico con hemorragia central traumática. La pequeña fue trasladada al hospital de Cruces en Bizkaia donde murió a la mañana del día siguiente.

La madre, que se defendió con uñas y dientes, sufrió múltiples heridas, hematomas y erosiones, así como una lesión psíquica de trastorno por estrés postraumático.

Entre 25 y 35 años de cárcel efectiva

Por el delito de asesinato con alevosía de una menor la Fiscalía solicita la pena más dura que permite el Código Penal, la prisión permanente revisable, cuya revocación alimenta desde hace meses un fuerte debate político y social. Implica el cumplimiento íntegro en prisión de entre 25 y 35 años antes de que un tribunal pueda revisar el encarcelamiento. A esta petición se une una segunda por un delito de homicidio en grado de tentativa en la persona de Gabriela, consistente en nueve años, nueve meses y 29 días de cárcel.

Las otras dos acusaciones comparten los planteamientos de la Fiscalía, aunque la Audiencia de Álava no ha aceptado los agravantes de alevosía por género y ensañamiento por los que la Asociación Clara Campoamor elevaba a 20 años la pena por el delito cometido contra la madre.

La comisión de un presunto abuso sexual sobre la menor estuvo presente al comienzo de la instrucción, en función sobre todo de las denuncias realizadas por Gabriela, pero la autopsia no pudo acreditar nada en ese sentido por lo que, a falta de informes periciales que lo demuestren, las acusaciones rehusaron seguir por ese camino.

¿Enfermo o consciente de sus actos?

El acusado, en prisión provincial desde su detención, será trasladado de la cárcel de Dueñas en Palencia para prestar declaración este miércoles ante los nueve miembros del jurado y su presidente, el magistrado Jesús Poncela. También lo harán en esa primera sesión del juicio los padres de Alicia, cuya relación estaba ya rota antes del crimen. El ministerio público reclama una indemnización de 100.000 euros para cada uno de ellos por los daños morales derivados de la muerte de su hija.

La Audiencia Provincial ha citado a 30 testigos y 35 peritos, entre estos últimos a varios psiquiatras y médicos forenses que declararán sobre la salud mental del acusado.

Las conclusiones sobre ese diagnóstico son consideradas la pieza clave del juicio. Una vez determinada con claridad la autoría, las pruebas se centrarán en tratar de establecer el grado de responsabilidad del autor del asesinato.

Mientras la acusación no alberga dudas al respecto sobre la consciencia con la que actuó el profesor de saxofón, la defensa insiste en que su representado es un "enfermo" que sufría una enajenación y tenía anuladas completamente sus facultades mentales. El abogado Martín Martínez Guevara ya adelantó en mayo pasado a El Correo que alegará "brote psicótico o esquizofrenia" para pedir "una eximente completa" y poder eludir la cárcel y sustituirla por un centro psiquiátrico de carácter cerrado.

Sobre la salud mental de Daniel Montaño se ha especulado siempre desde el momento de su detención. Los primeros exámenes realizados durante su ingreso en el hospital Santiago de Vitoria no revelaron que sufriera alucinaciones pero él posteriormente en sus declaraciones durante la instrucción ha venido asegurando que "oía voces" y que "veía al diablo". También Gabriela observó en él un comportamiento extraño y estuvo a punto de abandonar el piso la noche del crimen pero la ausencia de autobuses para regresar a Burgos le persuadió de su idea.

La reconstrucción periodística de la vida del acusado, sin antecedentes penales hasta su detención, deparó versiones contradictorias. Desde el asombro y la incredulidad con el que todo su círculo acogió la noticia tanto en el barrio sevillano de Triana, donde vivió junto a sus padres hasta 2014, como en las escuelas alavesas de música donde enseñaba, hubo quien, sin embargo, no dejó de anotar "cambios" en el joven profesor de carácter introvertido al que últimamente se le veía "algo raro" y tenía problemas con algunos alumnos.

Para la Asociación Clara Campoamor la estrategia de la defensa no se sostiene. "Una cosa son los trastornos de conducta, ser más o menos sociable o agresivo, y otra muy distinta padecer una enfermedad mental, tener una patología. Todos los médicos forenses y del Servicio vasco de Salud han descartado una enfermedad que anule la voluntad; sólo lo mantienen los dos especialistas contratados por la familia del acusado. Para nosotros el episodio psicótico es un invento", asegura el abogado de la asociación, José Miguel Fernández.