Urkullu aspira a una nación vasca con un sistema judicial propio

El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha desvelado este jueves en el pleno de política general algunos de los trazos del contenido de mayor autogobierno al que aspira dentro de un pacto bilateral Euskadi-Estado que renueve el actual estatus jurídico político de la comunidad autónoma vasca. Entre sus reivindicaciones constan un sistema judicial propio, selecciones deportivas para competir internacionalmente y atribuciones en política exterior.

Una ponencia en el Parlamento Vasco estudia desde la legislatura pasada sentar las bases de la propuesta política a negociar con el Estado, pero Urkullu como jefe del Ejecutivo se había mantenido hasta ahora al margen de esos trabajos.

En la apertura del curso político, en el que frente al levantamiento catalán ha vuelto a apostar por la vía del diálogo y el acuerdo, ha establecido desde su papel de lehendakari las nuevas competencias a las que tendría que acceder Euskadi una vez se complete el traspaso de las 37 transferencias que su Gobierno, conformado por PNV y PSE-EE, considera pendientes para la total culminación del Estatuto de Autonomía de 1979. Entre las que están por llegar son estimadas prioritarias la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y la cesión de las cárceles en suelo vasco.

Estado confederal

Urkullu ha reclamado el reconocimiento de Euskadi como nación, aunque no ha hablado de independencia, y ha abogado por que España se convierta en un estado confederal para dar solución a las realidades nacionales vasca y catalana.

El nuevo estatus que defiende para el País Vasco “recuperaría” las atribuciones ya transferidas que estima han sido devaluadas por la actuación de los poderes del Estado y ampliaría su “quantum” competencial.

El lehendakari reivindica dotar a Euskadi de un sistema judicial propio y limitar la intervención del Tribunal Supremo “a la unificación de doctrina”. La aspiración de contar con una Administración de Justicia vasca ya se recogía en el frustrado Estatuto promovido por el lehendakari Ibarretxe pero no había sido verbalizada por el actual presidente vasco.

Urkullu no ha sido muy preciso sobre este asunto aunque ha introducido la coletilla de que la competencia se asumiría “sin romper la unidad del Poder Judicial”. Fuentes de la Lehendakaritza han explicado a EL ESPAÑOL que en el nuevo sistema las leyes básicas seguirían emanando del Estado pero serían aplicadas por tribunales vascos. Algo similar al modelo que se pretende alcanzar ahora con el traspaso de la Seguridad Social, en el que el Gobierno vasco se convertiría en gestor del pago de las pensiones pero sin capacidad normativa en un primer paso hacia el objetivo final de articulación de un sistema propio.

La actualización del autogobierno pretendida supondría además que los agentes culturales y deportivos vascos pudieran estar presentes en ámbitos internacionales, lo que incluye la vieja aspiración del nacionalismo vasco de configurar selecciones de competición propias en todas las ligas y disciplinas, al mismo nivel que las españolas.

Urkullu reclama también competencias exclusivas en materia policial y de empleo público, la titularidad de los todos los recursos naturales y de las infraestructuras, todas las atribuciones en materia de relaciones laborales, protección social y Seguridad Social y mayor presencia en en foros europeos cuando las decisiones afecten directamente al País Vasco, ampliando sus capacidades en Exteriores y su presencia en el ámbito internacional.

"Pacto de cosoberanía"

A diferencia del camino iniciado por Cataluña Íñigo Urkullu ha defendido la actualización del autogobierno a través de un acuerdo con el Estado. Las palabras “pacto”, “legalidad”, “consenso” han sido una constante en su discurso, al igual que los llamamientos al “diálogo” y la habilitación de “cauces legales” para institucionalizar el derecho a decidir .

“El ideal de autogobierno se encuentra en la concordia y la convivencia entre identidades diferentes sobre la base del respeto y reconocimiento mutuo”, ha señalado. Una premisa que ha repetido en dos ocasiones antes de exponer que el Estado “tiene la obligación y la necesidad de buscar una solución política a las aspiraciones nacionales legítimas de Euskadi y Cataluña”.

Basándose en el “poder constituyente” de los derechos históricos reconocidos en la Constitución ha defendido para el País Vasco trasladar al ámbito del poder político el modelo de Concierto Económico que rige las relaciones financieras y fiscales entre el Estado y la comunidad autónoma.

Esta idea no es nueva, ha sido desarrollada ya por el PNV y se basa en la naturaleza misma del acuerdo, basado en la bilateralidad, que no se puede modificar unilateralmente y que está sujeto a un foro paritario de arbitraje en caso de desavenencias.

Urkullu ha puesto en valor los acuerdos sobre el Concierto -liquidación del Cupo y renovación de la ley quinquenal- alcanzados la primavera pasada con el Gobierno de Mariano Rajoy y ha asegurado que esa es la vía para una relación “diferenciada , bilateral y efectiva”.

Sobre esas bases ha abogado por un “nuevo pacto –o Concierto- político” con un sistema recíproco de garantías para que “la interpretación y cumplimiento de lo acordado no quede al arbitrio de una de las partes”.

En definitiva y según los planteamientos del lehendakari, la vía vasca, blindada frente a la catalana, persigue alcanzar un nuevo estatus de autogobierno que asuma “el concepto de cosoberanía o soberanía compartida”, basado en la singularidad nacional del País Vasco y en la extensión del Concierto Económico a la relación política.

Urkullu insta al Estado a hacer una redistribución de su soberanía que incluya también a las otras realidades plurinacionales – Cataluña y Galicia- . “La salida del laberinto político territorial se encuentra en el horizonte del Estado confederal”, ha asegurado.

"Evitar la fractura con Cataluña"

Los últimos acontecimientos del pulso catalán al Estado han obligado al lehendakari a introducir un apartado específico sobre Cataluña al principio de su discurso, a sabiendas de que EH Bildu y Podemos no desaprovecharán el pleno de política general para presionarle y buscar contradicciones entre su postura y la del PNV, que apoya la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, echándole en cara además el sostén de su partido al Gobierno de Mariano Rajoy.

A modo de declaración Urkullu ha leído un texto de cinco puntos, en euskera y castellano, en el que ha sustituido sus críticas del día anterior contra el Gobierno de Mariano Rajoy por una apelación a evitar en Cataluña “cualquier forma de fractura social o política, ya sea interna o entre diferentes ámbitos territoriales o institucionales “.

¿De qué manera? Reconduciendo el conflicto a un marco de diálogo político e institucional, donde “articular mecanismos consensuados” para que “las sociedades y los pueblos” puedan expresar su voluntad sobre su futuro.

Ha apelado por una “solución política negociada” , que parta del reconocimiento de “aspiraciones mayoritarias divergentes” en las sociedades española, catalana y vasca y abra un proceso de diálogo que permita “conciliarlas democráticamente”.

Fin a la dispersión de presos

Urkullu no sólo ha hablado de autogobierno sino que a lo largo de casi dos horas ha hecho repaso de su gestión al frente del Gobieno de coalición PNV-PSE y sus ejes programáticos.

El referido a Convivencia y Derechos Humanos, pactado con los socialistas, enumera entre sus objetivos la disolución “unilateral y definitiva” de ETA, políticas públicas de reconocimiento a todas las víctimas, incluidas las del franquismo y las de abusos policiales, y el fin de la política de dispersión de los presos etarras.

Urkullu, que ha elogiado “la colaboración” de los Gobiernos de Francia y España para coadyuvar al desarme de ETA, se ha mostrado confiado en que se introduzcan cambios en la situación de los reclusos de la banda y en la política penitenciaria española. Ha considerado que la decisión de los presos de la organización terrorista adoptada en junio de reconocer las vías legales e individuales constituye un “ámbito de oportunidad” y ha abogado por acabar con la política de dispersión para poner fin al sufrimiento de las familias y evitar que actúe como elemento de distorsión en la política vasca.

Bajo la perspectiva de que Euskadi está saliendo de la crisis con un crecimiento más elevado que las economías de su entorno, el presidente vasco se ha reafirmado finalmente en su compromiso de situar la tasa de paro por debajo del 10% en 2020, mantener un elevado porcentaje de gasto en políticas y prestaciones sociales – incluidas la RGI y el derecho subjetivo a la vivienda- proporcionar una primera experiencia laboral a 20.000 jóvenes y elevar un 5% anual las partidas presupuestarias destinadas a innovación.

Desmarque del PSE-EE

El debate de política general continúa esta tarde con la intervención de los grupos de la oposición, que han sido muy críticos con el lehendakari Urkullu .

Tras su discurso, el PSE-EE, su socio en el Gobierno de coalición, se ha desmarcado de sus propuestas sobre autogobierno que responden a “la visión particular” del lehendakari, mientras el PP ha expuesto su rechazo al Estado confederal y las competencias en Justicia y política internacional reclamadas por Urkullu, advirtiéndole de que si sigue el camino del “Plan Ibarretxe” no volverá a apoyar los presupuestos vascos.

Como era previsible, EH Bildu le ha acusado de “equidistancia” con Cataluña y de mantener relaciones con un Gobierno “antidemocrático” y Podemos, en la misma línea, le ha echado en cara que no aprovechara la sesión para anunciar la ruptura de relaciones con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.