.
Indignación en la Guardia Civil por las mentiras de su directora general y el encubrimiento por parte del Gobierno
Entre los generales y en las distintas escalas cunde la indignación y la desafección: "El ambiente es alucinante. El sentir general es que tienen que irse", señalan fuentes de la cúpula del Instituto Armado.
Más información: Sánchez y Marlaska ratifican su confianza en la directora y el DAO de la Guardia Civil: siguen en el cargo pese a la imputación.
La indignación y la estupefacción llenaban este jueves todas las conversaciones en la cafetería de Dirección General de la Guardia Civil, en la calle Guzmán el Bueno (Madrid). Como nadie podía trabajar, al estar los sistemas caídos, una enorme cantidad de agentes acabó dirigiéndose a ese lugar.
En ese hervidero de uniformes verdes, la mayoría reconocía que, tras la imputación de la directora general y del DAO, probablemente se asiste a la peor situación que haya vivido el Cuerpo: "Todos estamos avergonzados. El sentir general es que tienen que irse".
Son palabras con las que un mando refleja a EL ESPAÑOL el bochorno que les están haciendo pasar la Mercedes González y Manuel Llamas al mantenerse en el cargo tras su imputación en el caso Leire.
Las mentiras de la directora general, al negar y luego admitir sus reuniones con la fontanera del PSOE, el encubrimiento del ministro, Fernando Grande-Marlaska, que la mantiene en el puesto a pesar de la imputación y el engaño, encendían los ánimos de los presentes.
Porque ese mando no era el único que se expresaba así. Entre los generales el sentir es el mismo: "El ambiente es alucinante. Todo el mundo está pidiendo la dimisión del DAO. Están hartos de él", señalan fuentes de la cúpula.
Lo cierto es que, después de que Moncloa e Interior respaldaran a la directora y al DAO, manteniéndoles la "confianza" para que imputados continúen en su puesto, el devenir de los acontecimientos, en las próximas semanas, es previsible que la Guardia Civil se siga sumiendo en un pozo de desafección.
Otro mando consultado, resume el mensaje en la frustración de que no habrá consecuencias disciplinarias: "A un guardia, a la mínima, le abren un expediente y le suspenden de funciones. A nosotros nos apartan. Porque con esta gente, a poco que te salgas del tiesto, estás jodido".
Y los agentes preguntados inciden en esa sensación de "desánimo" y en una lejana "esperanza de que dimita".
De esta manera, en las próximas semanas se vivirá la anómala situación en la que los agentes de la UCO, encargados de las pesquisas del caso Leire, realizarán indagaciones que afecten a sus máximos responsables, la directora del Cuerpo y el director adjunto operativo.
El doble rasero de Marlaska
Según las asociaciones como la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), en casos como el de Manuel Llamas, la Ley 29/2014 de Régimen del personal de la Guardia Civil (artículos 92 y 79) especifica los motivos para la suspensión de funciones.
"Se podrá acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave", dice la norma.
![De izquierda a derecha: (I-D) La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11306883.jpg?p=w:320\/h:240&h=z3BCu_dN"])
"El ministro de Defensa, valorando la gravedad de los hechos imputados, la existencia o no de prisión preventiva, el perjuicio que la imputación infiera al régimen del Instituto o la alarma social producida, podrá acordar la suspensión de funciones".
Y "el ministro del Interior determinará si dicha suspensión lleva consigo el cese en el destino".
Los nombramientos o asignaciones y los ceses de los cargos y destinos correspondientes a oficiales generales, son competencia del ministro del Interior. Sin embargo, para justificar que Marlaska haya decidido no actuar, desde el gabinete de comunicación de la Guardia Civil se alega que la ley "no pone que sea obligatorio".
Y por eso, los agentes entienden que hay un doble rasero por parte del ministro. Porque hace solo unas semanas, en la Dirección General no se fue tan magnánimo en la interpretación de la ley.
Uno de los expedientes recientes a agentes imputados.
La Guardia Civil expedientó, a mediados de junio, a cuatro agentes de la zona de Carballo (A Coruña). Están investigados por supuestos delitos de revelación de secretos en relación a una operación contra un clan familiar vinculado al tráfico de drogas.
El expediente no se hizo esperar. Según este documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se justificaba la suspensión de los agentes de la siguiente manera: "Ha de tenerse en cuenta asimismo que los hechos objeto de investigación afectan gravemente a la confianza en el correcto y eficaz desempeño de las funciones por parte de la Institución".
"Toda vez que entre las funciones de la Guardia Civil está, precisamente, la de persecución y prevención, entre otros, de los delitos presuntamente cometidos, significando que la naturaleza de los mismos es especialmente execrable en un miembro del Instituto", proseguía el expediente.
"Su proceder presunto, además, ha atentado gravemente contra el principio de disciplina, al cual debe adecuar su actuación profesional todo miembro de éste, repercutiendo en gran medida sobre el buen régimen de la Guardia Civil", continuaba.
![Uno de los dispositivos, sin conexión a la red este jueves.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11307301.jpg?p=w:320\/h:240&h=9A-bbV0N"])
Estos agentes fueron rápidamente expedientados debido a que los delitos que se les imputaban eran "conductas total y absolutamente reprobables en cualquier ciudadano", pero "especialmente, en un miembro de la Guardia Civil, estando ante la presunta comisión de unos ilícitos penales de extraordinaria gravedad, susceptibles, además, de generar especial alarma social".
Muchos, al releer estos párrafos, echan en falta una medida similar tras la citación como investigados de la directora general y, sobre todo, del DAO, por delitos tan graves como la prevaricación y contra la Administración de Justicia... es decir, contra sus propios subordinados.
Otros recuerdan algo que estas semanas está pasando inadvertido, pero que hace un año dejó a muchos con la mosca detrás de la oreja. El 27 de mayo de 2025, cuando se estaba cocinando todo esto, la mano derecha de Marlaska dimitía tras ocho años a su lado.
Rafael Pérez Ruiz se fue sin hacer ruido, dejando a un lado su cargo como secretario de Estado de Seguridad, en pleno estallido del caso Leire.
