Pasillo de uno de los módulos de la cárcel de Villena (Alicante).
Las penas fuera de prisión crecen un 33% con Marlaska y los presos cambian 'trabajos de 80 días por cursitos de 40 horas'
Los sindicatos penitenciarios denuncian la "externalización silenciosa" del sistema penal.
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El sistema de penas y medidas alternativas impulsado por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska alcanzó en 2024 cifras récord. Según datos oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en dicho ejercicio se tramitaron 134.574 mandamientos, un 33% más que en 2020, cuando fueron 100.995.
La estadística, obtenida a través de una solicitud de Transparencia por la asociación de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), refleja cómo el modelo penal ha ido desplazando parte del castigo fuera de la cárcel: trabajos en beneficio de la comunidad, programas de reeducación, talleres formativos o tratamientos específicos para condenados.
La evolución de la carga de trabajo muestra una tendencia sostenida al alza: 100.995 mandamientos en 2020; 132.987 en 2021; 134.690 en 2022; 129.507 en 2023; y 134.574 en 2024.
Son cifras que evidencian la consolidación de estas medidas como herramienta clave de política penal, especialmente para delitos leves y condenas que buscan la reinserción sin internamiento.
La lectura que hacen las fuentes penitenciarias es que el Estado está descargando cada vez más ejecución penal fuera de prisión, pero sin músculo administrativo equivalente.
Sin embargo, ese crecimiento no ha venido acompañado de un refuerzo homogéneo de personal. La propia Administración admite que buena parte de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas operan con estructuras mínimas: en numerosos centros apenas hay uno o dos funcionarios expresamente asignados para gestionar toda la carga administrativa y de seguimiento.
Concretamente, a nivel nacional se ha pasado de 68 funcionarios en 2020 a 61 funcionarios en 2024.
![Celda de Instituciones Penitenciarias en la que tuvo lugar un incidente violento el pasado año.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11066457.jpg?p=w:320\/h:240&h=q8ONjln7"])
Los datos revelan casos especialmente llamativos. Centros como Albacete, Ávila o Arrecife han mantenido durante años un único efectivo. En otros, incluso se ha reducido plantilla: en A Lama (A Lama) se pasó de tres funcionarios en 2020 a solo uno en 2024.
A esa presión se suma otro dato hasta ahora poco conocido: cada vez más condenas se cumplen a través de talleres y programas gestionados por entidades externas. La cifra prácticamente se ha duplicado en menos de una década, pasando de 11.831 casos en 2017 a 21.267 en 2025.
Según las fuentes consultadas, a partir del 2017 y al año siguiente con la llegada de Marlaska y Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, se incrementa drásticamente la ejecución de estas penas mediante la realización de "talleres" o "programas".
"Es decir, a un delincuente que es condenado por violencia de género (pongamos, por ejemplo, apagar un cigarrillo sobre la piel de su pareja) o por un delito contra la seguridad vial (conducir bajo los efectos de las drogas), le imponen una pena de 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Pero esta pena, a su vez, se le sustituye por un 'cursito' de 40 horas, alguno de los cuales incluso se realiza de forma telemática desde casa", describen fuentes de TAMPM.
Para sostener ese modelo, el Estado ha destinado además más de 1,5 millones de euros en subvenciones a distintas entidades que colaboran con Prisiones, según la misma documentación oficial obtenida a través del Portal de Transparencia.
Sólo entre 2020 y 2025 esas ayudas acumulan más de siete millones de euros.
"Externalización silenciosa"
Los datos dibujan así una doble tendencia: más condenas fuera de prisión y mayor dependencia de redes externas para ejecutarlas, todo ello mientras la estructura administrativa que las supervisa sigue en mínimos.
Una ecuación que los sindicatos penitenciarios llevan tiempo denunciando como una "externalización silenciosa" del sistema penal.
Además, el volumen de expedientes gestionados revela que las penas alternativas ya no son una herramienta residual dentro del sistema penitenciario, sino una pieza central de la política criminal.
Entre 2020 y 2024, Instituciones Penitenciarias ha tramitado 632.753 mandamientos, con una media superior a los 126.000 al año.
![Lourdes Gil Paisán es la coordinadora](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11066464.jpg?p=w:320\/h:240&h=mGvjP2ka"])
La cifra refleja hasta qué punto la Administración ha intensificado el uso de fórmulas que evitan la entrada en prisión, especialmente para delitos leves, reincidencias de baja entidad o condenas sujetas a reglas de conducta.
Desde el Ministerio del Interior, no se ha informado de cuáles son estas entidades externas ni qué cantidad de esas subvenciones han recibido cada una de ellas.
A juicio de las fuentes sindicales, esto "añade un plus de oscurantismo a este proceso".
"Entendemos que es nuestra obligación denunciar el desmantelamiento y la privatización de un servicio público, con un sobrecoste económico desmesurado para la sociedad, porque para colmo esos 'cursos y programas' se desarrollan por entidades privadas, pero con medios públicos y dentro de las instalaciones públicas como son Los Centros de Inserción Social", denuncian desde TAMPM.
