Una recreación hecha con IA de ertzainas deteniendo a un grupo de delincuentes con machetes en el País Vasco.
El PNV rompe el tabú sobre los detenidos extranjeros: obliga a la Ertzaintza a revelar que los migrantes delinquen más
Los sindicatos policiales y de la propia Ertzaintza aseguran que "ocultar los datos no contribuye ni a la prevención del delito ni a un debate honesto".
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Durante los últimos años, hay un debate soterrado en la sociedad y en el propio seno de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado: la relación entre determinadas tipologías delictivas y la proporción de ciudadanos extranjeros implicados en ellas.
El tabú por la sombra del racismo o la xenofobia ha propiciado que ni el Ministerio del Interior ni los cuerpos policiales autonómicos identificasen en sus balances anuales de criminalidad el origen de las personas que cometen delitos en España.
Esa regla no escrita se ha roto esta semana. El miércoles, la Ertzaintza, siguiendo la instrucción del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), publicó el primer informe estadístico que revela el origen geográfico de las personas que delinquen en el País Vasco.
Esos datos se han incluido en el balance de criminalidad de los nueve primeros meses de 2025.
El informe se publica en un momento en el que la percepción ciudadana sobre la inseguridad en el País Vasco ha escalado y es una de las preocupaciones cruciales: en ciudades como Bilbao, ya figura como la primera inquietud.
Varios cargos del PNV, como Iñigo Ansola, presidente de la ejecutiva territorial del partido en Vizcaya, apoyan la iniciativa de publicar este tipo de datos, calificándola de "procedente".
La novedad más relevante es que el informe señala que el 64% de los 5.230 detenidos en 2025 eran extranjeros, frente al 36% de españoles.
En términos absolutos, la Policía vasca detuvo en los primeros nueve meses de este año a 3.358 ciudadanos de origen extranjero por delinquir.
En los delitos contra la libertad sexual, la Ertzaintza contabilizó 172 detenidos por agresiones sexuales a lo largo del año, de los que 117 eran extranjeros (de ellos 49 procedentes del Magreb y 47 de Latinoamérica) y 55 españoles.
En el apartado sobre homicidios, los 23 extranjeros suponían el 60% del total de los arrestados.
Los hurtos y los robos muestran igualmente una fuerte presencia de personas nacidas en el extranjero. Por hurtos, la Ertzaintza detuvo entre enero y septiembre a 414 personas, de las que 341 eran extranjeros frente a 73 españoles. En la misma tipología figuran como investigadas 5.645 personas (2.718 españoles y 2.927 extranjeros).
![A este ritmo, se batirá el récord del año más mortífero, establecido en 2015 con 53 homicidios.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/09\/09\/alicante\/884672302_249053001_320x180.jpg"])
En robos con fuerza en las cosas —robos en domicilios, empresas o comercios— los detenidos sumaron 460 (317 extranjeros y 145 españoles) y los investigados 917 (470 extranjeros y 447 españoles).
Por procedencia, la mayoría de los nacidos en otro país son del Magreb (251 detenidos y 344 investigados), seguidos de los originarios de Latinoamérica.
Respecto a los robos con violencia e intimidación, uno de los delitos que genera más alarma, la Ertzaintza registró 437 detenidos, 358 de ellos extranjeros y 79 españoles. El 74 % son extranjeros.
En ese capítulo la procedencia extranjera más numerosa vuelve a ser el Magreb (293 detenidos y 230 investigados), seguido de Latinoamérica (35 detenidos y 47 investigados).
Debate policial
La revelación de estos datos ha abierto la polémica.
La Confederación Española de Policía (CEP) apoya la nueva política informativa y la considera parte de la transparencia que las Administraciones deben ofrecer: "El dato puro es meramente descriptivo de una parte más del perfil de un delincuente", señalan desde el sindicato.
Añaden que la difusión de la nacionalidad no vulnera derechos como la imagen o la intimidad, y preserva la presunción de inocencia.
"La estadística de criminalidad tiene una componente exclusivamente técnica. Que en cada detención que se difunda aparezca la nacionalidad del presunto autor del delito no criminaliza a nadie, sobre todo cuando el Gobierno viene sosteniendo y defendiendo que no hay un nexo causal entre ambos elementos", añaden.
Jupol también aplaude el informe y lo considera un avance en transparencia, "madurez institucional" y rendición de cuentas, siempre que se gestione con rigor, contexto y respeto a los derechos fundamentales. "El dato es conocimiento, y el conocimiento genera mejores decisiones públicas", asevera el sindicato.
"Toda publicación de datos de seguridad se debe complementar con análisis comparativos, contexto social y criterios técnicos claros, de modo que la información sea útil para la sociedad y evite interpretaciones erróneas", advierten desde la organización.
De similar opinión es el Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SiPE): "Ocultar esta realidad detrás de categorías difusas no contribuye ni a la prevención del delito ni a un debate honesto. Todo apunta a un intento de lavar la cara a unas cifras que llevan años evidenciando un problema estructural".
Informes de Interior
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha desligado siempre en sus intervenciones públicas la relación entre inmigración y delincuencia.
"Los datos oficiales indican que frente al sostenido crecimiento de la población inmigrante en los últimos años, la tasa de criminalidad convencional presenta una tendencia a la baja", señalaba este miércoles en el Congreso.
Sin embargo, tal y como publicó EL ESPAÑOL, cinco informes del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) elaborados en los últimos seis años vienen advirtiendo de que los procesos migratorios masivos pueden generar problemas de delincuencia y de seguridad.
Esos documentos, basados en datos del Ministerio del Interior, Exteriores, el CNI y otros organismos, citaban la posibilidad de que estructuras delictivas o dinámicas importadas desde zonas de origen se reproduzcan en los países receptores, sin criminalizar por ello la migración.
También se incidía en la vinculación entre inmigración y delincuencia en la llamada Estrategia Nacional de Seguridad Marítima 2024. Este informe advertía sobre la posibilidad de que actores estatales o no estatales utilicen "olas incontroladas de inmigración irregular" como herramienta dentro de estrategias híbridas,
El objetivo: generar vulnerabilidades estratégicas en España, en clara referencia a Marruecos, que utiliza la inmigración como elemento de presión contra nuestro país.
