El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado junio en Bruselas, tras la reunión del Consejo de Europa. EFE/Pool UE
El Gobierno de Sánchez es el más incumplidor de los 27: acumula 94 directivas de la UE sin incorporar y 9 condenas
Bruselas advierte a España de multas millonarias por los retrasos en aplicar la legislación europea.
Más información: Sánchez se propone liderar en la UE el fin del cambio horario para proteger "los ritmos biológicos y la vida de la gente"
España lidera el ránking de países europeos que menos cumplen con la legislación europea. El Gobierno encabeza, con 94 casos abiertos, así como 9 sentencias condenatorias en los últimos 5 años, la lista de países que menos incorporan las directivas a su legislación.
Así lo señalan datos de la Comisión Europea. Se trata de casos en los que se han incumplido las directivas comunitarias, por no trasponerlas a la legislación española.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estrenó la semana política publicando un vídeo en sus redes sociales en el que anunciaba que iba a plantear en la Unión Europea acabar con el cambio de hora para proteger "los ritmos biológicos" y porque es "negativo para la salud".
La propuesta de Sánchez de convertirse en el líder europeo para abanderar esta cuestión decayó el mismo martes, pues aunque en 2019 fue un debate que salió adelante en el Parlamento Europeo, el expediente se encuentra bloqueado porque los países miembros no se ponen de acuerdo.
"Es llamativo que por parte del Gobierno se haga un discurso favorable a la integración de España en la Unión Europea y, por otro lado, España encabece el incumplimiento a la hora de aplicar directivas europeas. Algo que es grave en el caso de los incumplimientos reiterados", precisa a EL ESPAÑOL Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho.
Cada directiva europea tiene aproximadamente un plazo de dos años para ser transpuesta a la legislación de cada país de la UE. España tarda 56 meses de media en cumplir las sentencias o apercibimientos por haber superado el plazo o haberlo hecho erróneamente, situándose en octava posición.
Por poner un ejemplo, la directiva europea que mayor retraso acumula para ser aplicada en España vela, precisamente, por la salud a la que aludía Sánchez para apelar a dejar de cambiar la hora.
Se trata de la Directiva (UE) 2013/0059 que regula la seguridad y exposición a las radiaciones nucleares. Su plazo máximo para que los Estados miembros de la Unión la adaptasen a sus legislaciones expiró el 2 de febrero de 2018.
No ha sido hasta el 4 de diciembre de 2024 cuando el Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes elevó al BOE el Real Decreto 1217/2024 que trasponía esa directiva del EUROATOM.
Todavía no ha entrado en vigor: lo hará justo un año después de su publicación, esto es, el 3 de diciembre de 2025. Lleva, por tanto, un retraso acumulado de más de 2.800 días.
Otra de las condenas a España por tardar en aplicar las directivas comunitarias se produjo este agosto. La justicia europea multaba al Gobierno por no cumplir a tiempo la directiva que obliga a retribuir el permiso parental. La multa ascendió a 6.832.000 euros, además de otra diaria de 19.700.
En diciembre de 2023 el Gobierno elevó al Congreso una propuesta en este sentido para su aprobación, pero fue rechazada en enero del año siguiente.
Por ello, el 27 de julio, el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros la ampliación de la baja de paternidad, trasponiendo así la directiva y vendiéndola como un avance social logrado por el Ejecutivo. En realidad, se trataba de una obligación impuesta por la UE. La sentencia condenatoria llegaría el jueves 31 de julio.
La multa de mayor cuantía impuesta a España fue la de febrero de 2021, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó al Estado español a pagar 15 millones, a tanto alzado, más otra de 89.000 diarios.
La norma incumplida fue la Directiva (UE) 2016/680 referida a la protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales.
Los motivos
Safira Cantos lo atribuye a distintas causas: "El Gobierno español no cuenta con una mayoría para legislar. La propia organización territorial lo dificulta, pues si una directiva, en su transposición, toca ámbitos de normativas autonómicas, el proceso es más complejo".
A finales de 2024, según la Fundación Hay Derecho, España lideraba el ranking, por encima de Polonia, con 81 casos. De ellos, 47 correspondían a infracciones por transponer directivas de manera incorrecta; otros 24 por transposiciones tardías de directivas, más otros 10 por infracciones por reglamentos, tratados o decisiones vinculantes.
En 2023 España tenía 93 casos, acumulaba 12 sentencias y tardaba una media de 39,39 meses en cumplirlas, según las estadísticas de la Comisión Europea facilitadas a EL ESPAÑOL.
En 2022, 100 casos, en un triple empate en primera posición con Bélgica y Grecia, y 12 sentencias condenatorias, más que ningún otro. Tardaba una media de 33,33 meses en cumplirlas, en duodécima posición.
En 2021 tenía registrados 107 casos, un año más líder absoluto. En 2020, 105, 12 más que los que tuvo en 2019.
Safira Cantos sostiene que la cuantificación económica total de las sanciones económicas impuestas a España es de difícil cálculo, dada la cantidad de incumplimientos y las multas diarias que acarrea.
"Inseguridad jurídica"
Otra de las directivas incumplidas por el Ejecutivo es la del IVA Franquiciado. Esta estipula, entre otras medidas, que los autónomos que facturen menos de 85.000 euros están exentos de presentar el IVA. El Gobierno de España acumula ya 10 meses de retraso, según fuentes de la Federación Nacional de Autónomos (ATA).
Las mismas fuentes subrayan a EL ESPAÑOL que España es "el único país europeo que no la ha aplicado". Desde ATA se precisa que son casi 600.000 autónomos españoles los que no están teniendo esta ventaja.
"Es una situación discriminatoria, además de seguir teniendo la obligación de hacer cuatro declaraciones trimestrales al año por el IVA", señalan.
Desde el PSOE y Sumar no realizan declaración alguna. Tampoco desde el Ministerio de Exteriores. Por su parte, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes señala que tienen "dos directivas sin trasposición total, con plazo vencido, y las dos se han remitido ya a las Cortes para su tramitación parlamentaria urgente".
