Un grafiti a favor de ETA.
Dos de cada tres presos etarras cumplen condena en sus casas, están en libertad condicional o sólo duermen en prisión
La AVT lamenta que la cesión de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco ha acelerado la concesión de terceros grados a presos de ETA.
Más información: La Fiscalía frena el tercer grado concedido por el Gobierno vasco al etarra 'Gadafi', condenado a 1.126 años
Dos de cada tres presos etarras cumplen su condena en sus casas, ya posee la libertad condicional o tiene permitido entrar y salir de la cárcel.
Así lo desvela el último informe mensual elaborado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), a la que el Ministerio del Interior informa de los traslados y de la obtención de beneficios penitenciarios por parte de los presos de ETA.
Este documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, señala que sólo un 34% de los internos que pertenecieron a la banda terrorista se encuentran clasificados en el régimen habitual. Son 47, sobre un total de 135.
El resto goza de algún tipo de beneficio que les permite cumplir su pena desde su domicilio, han recibido el tercer grado —viven en libertad y tan sólo acuden a prisión a dormir— o alguna otra modalidad de flexibilización.
El informe de la AVT señala que, actualmente, hay 135 presos de ETA en las cárceles de toda España.
La mayor parte de ellos (127) están internos en prisiones vascas. Ocho, en centros penitenciarios navarros.
De esos 127, son 47 los gozan del tercer grado. Otros 17 se benefician del régimen de flexibilidad que contempla el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Y una veintena están en libertad condicional.
Es decir, 84 de esos 127 no están clasificados en el régimen penitenciario habitual, sino cualquier otro modelo más beneficioso.
Algo similar sucede en Navarra: de los ocho presos, uno goza del tercer grado y dos, de la libertad condicional.
El año 2021, el Gobierno central transfirió las competencias penitenciarias al Ejecutivo vasco. Por tanto, actualmente, es el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, en manos del PSOE, el que decide la concesión de terceros grados.
Ahora bien, la Fiscalía de la Audiencia Nacional está facultada para impugnarlos. Y la mera presentación de su recurso frena la semilibertad, hasta que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria decida en último término.
En su informe, la AVT se queja de la política penitenciaria orquestada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El documento describe un plan con varias fases.
La primera favoreció los "traslados a cárceles próximas al País Vasco (principalmente, Logroño, Asturias, Zaragoza, Cantabria, Burgos y Soria) y progresiones a segundo grado o flexibilizaciones del primer grado".
De hecho, desde el 13 de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2022 se aprobaron 263 traslados de presos a cárceles limítrofes a Euskadi o Navarra.
La segunda fase, según la AVT, estuvo destinada al "traslado de todos los presos a cárceles del País Vasco y Navarra".
La tercera, ya con las competencias penitenciarias transferidas, centrada en las progresiones a tercer grado, que abren la puerta a la libertad condicional posterior.
"En esta [tercera] fase ha sido clave la transferencia de la competencia de Prisiones al Gobierno Vasco, ya que la administración penitenciaria vasca ha optado por un modelo específico que se caracteriza por potenciar el régimen abierto (tercer grado)", señala la AVT.
