La sede del Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo

La sede del Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo Tribunal de Justicia de la UE

España

La Comisión Europea defenderá ante el TJUE en la vista del 15-J su informe contrario a la ley de amnistía de Sánchez

La controversia que suscita la norma se recogerá también en el informe anual del Estado de derecho sobre España, que la Comisión publicará el 8 de julio.

Más información: La Comisión Europea alega ante el TJUE que la amnistía de Sánchez es una "autoamnistía" "contraria al Estado de Derecho"

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La Comisión Europea, que preside Ursula von der Leyen, defenderá ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) su informe crítico con la ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo hará dentro de poco más de un mes,  en la vista pública que se celebrará el 15 de julio en Luxemburgo.

El dictamen, revelado en exclusiva por EL ESPAÑOL, sostiene que se trata de una "autoamnistía", ya que fue "parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno".

La ley, inspirada por Carles Puigdemont, es "contraria al principio del Estado de derecho" y no responde "a un objetivo de interés general reconocido por la Unión", según el escrito.

La Comisión interviene en este asunto en su calidad de guardiana de los Tratados de la Unión Europea.

El Ejecutivo comunitario ha elaborado este informe para el primero de los cuatro casos contra la ley de amnistía española que ya han llegado al TJUE: el remitido por el Tribunal de Cuentas en julio de 2024 a raíz de una denuncia de Sociedad Civil Catalana.

La segunda de las cuestiones prejudiciales la presentó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en septiembre de 2024 a raíz de una denuncia de Vox.

Los otros dos asuntos han sido remitidos por la Audiencia Nacional (a petición de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas) y el juzgado de lo penal número 3 de Vilanova y la Geltrú.

La Comisión Europea inició su examen sobre la ley de amnistía en noviembre de 2023, incluso antes de que se aprobara, con una petición de información por parte del entonces comisario de Justicia, Didier Reynders.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, dijo entonces que Bruselas tenía "cero preocupación" sobre la norma de olvido penal promovida por el Gobierno de Sánchez.

Pero el Ejecutivo comunitario le desmintió de inmediato y aseguró que la ley sí le suscitaba "interrogantes". Unas críticas que finalmente ha plasmado por escrito en el informe remitido al TJUE.

Los portavoces de la Comisión confirmaron este martes implícitamente la veracidad del documento, aunque se quejaron de que hubiese salido a la luz.

"Hemos visto la información y, como saben, no hacemos comentarios sobre filtraciones", dijo el portavoz de Justicia, Markus Lammert, en respuesta a EL ESPAÑOL.

"Las comunicaciones de la Comisión al TJUE no son públicas. Dado que esta filtración se produce en medio de procedimientos judiciales, es ciertamente lamentable. Las filtraciones vulneran las reglas de procedimiento del TJUE y ponen en riesgo la serenidad de los procedimientos judiciales", agregó.

"No hacemos ningún comentario precisamente porque hay procedimientos judiciales en marcha y sería contraproducente que nosotros nos pronunciáramos", agregó la portavoz de Von der Leyen, Paula Pinho.

"Este documento no tendría que ser público ni haberse filtrado en este momento. Para no perturbar los procedimientos, no vamos a pronunciarnos sobre ninguno de sus contenidos", insistió.

Fallo en 2026

Este hermetismo de Bruselas se acabará en la vista del TJUE del 15 de julio, que está abierta al público y a la prensa. Allí, los representantes de la Comisión defenderán las conclusiones de su informe crítico con la ley de amnistía y deberán responder a las cuestiones de los jueces.

Además del caso planteado por el Tribunal de Cuentas, en esa vista se examinará también si la amnistía de los delitos de terrorismo que contempla la ley es compatible con el derecho comunitario.

A la espera de ese momento, el Ejecutivo comunitario no tiene previsto lanzar ahora un procedimiento sancionador contra España por la ley de amnistía, sino que esperará a la sentencia del TJUE, que es de cumplimiento obligatorio para los tribunales españoles y también para el Gobierno.

El plazo medio de tramitación de las peticiones de decisión prejudicial se situó en 17,2 meses en 2024, lo que significa que el primer fallo sobre la ley de amnistía podría llegar a principios de 2026.

La controversia que suscita la ley de amnistía de Sánchez se recogerá también en el informe anual del Estado de derecho sobre España, que la Comisión publicará el próximo 8 de julio.

Sin embargo, tampoco se espera que Bruselas haga en ese momento recomendaciones sobre si se debe retirar o modificar la ley de amnistía, a la espera también de la sentencia del TJUE.