El Gobierno también compró un programa espía israelí tras el veto de Sumar a comprar material de su industria militar

Se trata de Cellebrite, el programa informático forense más fiable y exhaustivo del mercado. Una tecnología que ofrece garantías procesales porque sus resultados no se pueden manipular. Es, por ejemplo, el que ha empleado la UCO para rastrear los mensajes del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo.

La polémica en el seno del Gobierno ha saltado esta semana al conocerse que la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil había licitado la compra de munición a una empresa israelí por un valor de más de seis millones de euros seis meses después de que el Ministerio del Interior renunciara a la adquisición por la escalada bélica en Gaza.

Interior justifica la compra de balas a Israel para no pagar 6,6 millones de euros por cancelación del contrato

Sin embargo, hay otros contratos de productos de tecnología israelí que han sido adquiridos por el Estado a lo largo de estos últimos meses. Según ha podido comprobar EL ESPAÑOL a través del Registro Mercantil y el Portal de Contratación del Sector Público, el Ejecutivo ha seguido adquiriendo esta tecnología, ya hechas públicas las quejas del socio de coalición del PSOE sobre la mesa.

El 2 de abril de este año, una de las firmas que lo comercializan resultó adjudicataria de un contrato de 215.040 euros en paquetes de software y sistemas de información por parte del Ministerio de Hacienda. En diciembre, de otro contrato de 50.000 euros de la Guardia Civil para la renovación de licencias de software forense para la extracción de evidencias digitales.

Otra de las empresas que lo venden en España recibió a mediados del pasado octubre un contrato de 500.000 euros para renovar la suscripción a las licencias de software de búsqueda para la Dirección General de la Policía. Asimismo, la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, le proporcionaría la contratación de suscripción de licencias software forense en diciembre de 2024, por un total de 300.000 euros.

También la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas Públicas (FIIAPP), dependiente del Ministerio de Exteriores, ha comprado esta clase de programas a otra de las compañías que lo comercializan en España. Este mismo mes, según el Portal de Contratación del Estado, esta entidad adjudicó dos contratos para obtener dos softwares forenses de extracción de datos por valor de 115.000 euros a estas compañías. Y así decenas de contratos públicos similares de estos productos en los últimos meses.

Cuando Sumar pidió a mediados del pasado octubre a Defensa que se cancelasen "de manera inmediata" todos los contratos en curso para comprar armamento de la industria militar israelí, Margarita Robles se escudó en que todos estaban en suspenso, y que tan solo se habría contratado en el último año el arreglo de piezas, especialmente aeronáuticas, que se exportaron temporalmente a Israel y volvieron tras ser reparadas.

Sin embargo, la laxa definición que el propio Gobierno de Pedro Sánchez está aplicando para distinguir entre qué es realmente inversión y qué gasto en defensa permitiría incluir entre los productos de la industria militar israelí a estos productos de ciberseguridad, análisis forense y ciberespionaje.

Desarrollo

Este software policial está desarrollado por una empresa privada cuyo cuartel general se encuentra en Petah Tikva, una ciudad situada a 10 kilómetros de Tel Aviv. La compañía tiene presencia en Alemania, Australia, Brasil, Estados Unidos, India, Japón, Reino Unido y Singapur. Su producto más famoso y demandado por los cuerpos de seguridad de todo el mundo es Cellebrite UDEF, (Universal Forensic Extraction Device, es decir, Dispositivo de Extracción Forense Universal), utilizado por organismos como el FBI o Europol. 

Para usar Cellebrite en España y en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "es necesario siempre una orden judicial" precisa la misma fuente. En España lo distribuyen oficialmente muy pocas empresas, como OnData u OnRetrieval. Son estas las que concurren a los numerosos concursos públicos que figuran en la Plataforma de Contratación del Estado, algunos en activo.

Guardian Homeland Security

El Gobierno adjudicó 29 M en 5 años a una empresa que vendió 6.000 pistolas defectuosas a Interior

Pese a la polémica exigencia de Sumar, el Ministerio del Interior habría tenido que abonar el 100% de los 6,6 millones de euros en 15,3 millones de balas si hubiera cancelado, tal y como le exigen sus socios, el contrato con la empresa israelí a la que adjudicó esa licitación.

Así lo confirman fuentes del Ministerio del Interior conocedoras de esta compra millonaria de munición del calibre 9 mm para la Guardia Civil. El contrato del ministerio se formalizó con la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security S.A., filial del grupo internacional Guardian LTD Israel. 

"El Gobierno español mantiene el compromiso de no vender ni comprar armamento al Estado israelí desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza", aseguró Interior en un comunicado difundido en aquel entonces. Días después, el 29 de octubre, sin embargo, Interior puso en marcha el estudio sobre la posible rescisión del contrato adjudicado.

Tras estudiar todas las posibilidades de anulación, el ministerio decidió atender la recomendación incluida en una comunicación de la Abogacía del Estado, que desaconsejó la rescisión debido a la avanzada fase de tramitación del contrato. La anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados.