Imagen de archivo de una intervención de cirugía estética. Europa Press
Dos mujeres denuncian a una cirujana que no estaba habilitada para ejercer en España tras sufrir "graves secuelas"
Las intervenciones de cirugía estética se produjeron en una clínica de Cartagena, donde la acusada, de origen colombiano y con un título no homologado, operó al menos a otro medio centenar de personas
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El juzgado de instrucción número 5 de Cartagena ha abierto una investigación contra una mujer de nacionalidad colombiana, acusada de un presunto delito de delito de lesiones, falsedad documental, instrusismo profesional y suplantación.
La acusación se basa en la denuncia de dos mujeres que sufrieron graves secuelas tras someterse a unas operaciones de cirugía estética en la ciudad portuaria, y que esgrimen que la cirujana no tenía el título homologado y por tanto, no estaba habilitada para ejercer en España.
Los hechos se produjeron en un quirófano del hospital privado Virgen de la Caridad, donde la acusada habría operado a otro meido centenar de mujeres.
La acusada anunciaba sus servicios a través de las redes sociales en los que se presentaba como una "cirujana plástica con más de 20 años de experiencia y más de 3.000 pacientes felices" y un título certificado que la acreditaba como miembro de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica.
Sin embargo, la investigación policial que comenzó a raíz de estas denuncias ha llegado a la conclusión de que la acusada no forma parte de ningún colegio profesional de médicos ni cuenta con la homologación necesaria para ejercer la medicina en nuestro país, según explica la defensa.
Este hecho no ha impedido que la mujer lograse alquilar un quirófano en el citado hospital, donde habría operado al menos a otras 50 mujeres en las mismas fechas que las dos denunciantes, una de ellas intervenida en octubre de 2023 y la otra, el 15 de junio de 2024.
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El anuncio, de hecho, sigue activo en las redes sociales, donde también hay publicadas decenas de fotografías y vídeos de sus intervenciones.
Según la versión de la defensa, la clínica no alquiló directamente el quirófano a la cirujana colombiana, sino a un murciano que sí tenía el título homologado y cuyo nombre es el único que aparece en la documentación que las víctimas recibieron tras ser operadas.
El primer caso
La primera denunciante, intervenida en 2023, recurrió a sus servicios por motivos de salud. Concretamente, quería retirarse unos implantes de biopolímeros que se había puesto en los glúteos en su juventud.
Esta sustancia, cuyo uso está prohibido en España, se había desplazado hacia el pubis y le causaba dolores e inflamación.
Aprovechando esa intervención, la cirujana acusada le propuso someterse a un paquete quirúrgico que incluía una mamoplastia (aumento de pecho), una liposucción y una lipotransferencia mediante la cual trasladaría la grasa de otras partes de su cuerpo a los glúteos.
Según su abogada, la paciente tuvo que acudir "innumerables veces a urgencias", donde le detectaron infecciones e inflamación provocada por el líquido que le infiltraron durante la liposucción y que no fue eliminado correctamente con masajes drenantes, como es habitual.
Además, la incorrecta retirada de los biopolímeros de los glúteos, la causa inicial de su visita, provocó una consecuencia aún más grave.
Al no ser extraídos correctamente, se han desplazado a su pierna izquierda, amenazando las arterias y poniendo en riesgo su vida, por lo que la Sanidad pública ha aprobado hacerse cargo de la retirada de ese producto tóxico.
El segundo caso
La otra denunciante, operada en 2024, se sometió a un paquete quirúrgico similar. En concreto, una liposucción de abdomen con la posterior lipotransferencia a glúteos y pecho que le provocó dificultades respiratorias, vómitos y sangrados.
La mujer ingresó en la UCI del hospital Santa Lucía, también en Cartagena, donde permaneció cinco días diagnosticada de un choque hipovolémico (pérdida grave de sangre) por una hemorragia provocada durante la operación. También sufrió hematomas y subhematomas en el hígado.
El caso de Sara Gómez, fallecida en 2022
Lo más escandaloso es que los hechos se han producido en la misma clínica donde fue operada Sara Gómez, fallecida en 2022 a los 39 años tras someterse a una lipoescultura y cuya historia derivó, precisamente, en la ley que regula la prátcica de la cirugía estética estableciendo que solo los cirujanos acreditados puedan realizarlo.
En esa ocasión, la familia de la víctima inició un proceso penal contra el cirujano cardiovascular Javier M, que operó a Sara sin la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. También se acusa al anestesista que participó en la operación.
La defensa de las dos denunciantes lamenta que a pesar del impulso de esta normativa, sigan ocurriendo casos como este, donde el escaso control de las clínicas que alquilan sus instalaciones abre la puerta a que cirujanos no acreditados se publiciten a través de internet y acaben operando sin permiso.
